La nueva investigación documenta nueve casos de víctimas de detenciones arbitrarias motivadas por razones políticas cometidas entre 2018 y 2022. Algunas fueron directamente vinculadas con el activismo político de oposición, como el caso de Roland Carreño, y otras por razón de género y vínculos familiares con terceras personas consideradas sospechosas por el gobierno, como el caso de Emirlendris Benítez

En el nuevo informe, Vidas detenidas: Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, Amnistía Internacional denuncia la persistencia de la política de represión implementada por el gobierno de Nicolás Maduro y documenta los casos de nueve personas que se encuentran arbitrariamente detenidos en la actualidad en el marco de esta política. La organización exige su liberación inmediata e incondicional.  

“La evidencia demuestra que la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro y la crisis de derechos humanos siguen poniendo en riesgo los derechos a la vida, libertad e integridad en Venezuela. Nuestro informe no sólo documenta las injustas detenciones de personas maestras, sindicalistas y defensoras de derechos humanos en el país, sino también la arbitrariedad en el sistema de justicia, condiciones de reclusión inhumanas y afectaciones a proyectos de vida que quedan impunes. Las detenciones arbitrarias no pueden continuar siendo una herramienta de represión y control social del gobierno,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.  

La nueva investigación documenta nueve casos de víctimas de detenciones arbitrarias motivadas por razones políticas cometidas entre 2018 y 2022. Algunas fueron directamente vinculadas con el activismo político de oposición, como el caso de Roland Carreño, y otras por razón de género y vínculos familiares con terceras personas consideradas sospechosas por el gobierno, como el caso de Emirlendris Benítez. La diversidad de estas motivaciones políticas demuestra la alta vulnerabilidad que enfrenta la población en general a ser víctima de una detención arbitraria y otras graves violaciones de derechos humanos, afectando desde a opositores declarados del gobierno, hasta a personas sin militancia política de ningún tipo. 

Las nueve víctimas de detenciones documentadas en esta investigación son:  

1. Emirlendris Benítez: madre y comerciante, detenida en agosto de 2018 

2. María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo: matrimonio y profesionales, detenidos en marzo de 2019 

3. Roland Carreño: periodista y activista político, detenido en octubre de 2020 

4. Guillermo Zárraga: ex-sindicalista y padre, detenido en noviembre de 2020 

5. Darío Estrada: ingeniero y persona neurodiversa, detenido en diciembre de 2020 

6. Robert Franco: profesor y sindicalista, detenido en diciembre de 2020 

7. Javier Tarazona: defensor de derechos humanos y preso de conciencia, detenido en julio de 2021 

8. Gabriel Blanco: activista y trabajador humanitario, detenido en julio 2022 

Emirlendris Benítez, de 42 años, es una madre, hermana y comerciante, detenida arbitrariamente desde el 5 de agosto de 2018. Fue detenida por motivos infundados, vinculada falsamente con actos de violencia cometidos contra Nicolás Maduro por el simple hecho de compartir un trayecto en coche con terceras personas supuestamente involucradas por dichos actos. A pesar de estar embarazada, Emirlendris fue torturada y sometida a una interrupción forzada de su embarazo. Las secuelas de las golpizas que sufrió la dejaron necesitando del uso de una silla de ruedas y otras afectaciones graves a su salud. Emirlendris está cumpliendo una injusta sentencia de 30 años de prisión en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, Caracas, a unos 30 kilómetros de su familia, quienes deben proporcionarle agua, comida y alimentación a pesar de la emergencia humanitaria que continúa asolando al país.  

La evidencia demuestra que la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro y la crisis de derechos humanos siguen poniendo en riesgo los derechos a la vida, libertad e integridad en Venezuela. 

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

María Auxiliadora Delgado, de 49 años, y Juan Carlos Marrufo, de 52, son un matrimonio venezolano, con doble nacionalidad española e italiana, respectivamente. Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) les detuvieron arbitrariamente el 19 de marzo de 2021. Su única conexión con los delitos de los que se les acusa parece limitarse a que María Auxiliadora es hermana de un militar retirado con presuntos vínculos con un atentado contra Nicolás Maduro. Habían decidido someterse a un tratamiento de fecundación in vitro cuando fueron detenidos. No solo son víctimas de detenciones arbitrarias, sino que también se les ha privado de su proyecto de vida que incluía hacer crecer su familia. 

Guillermo Zárraga es un ingeniero de 59 años y exsindicalista del sector petrolero venezolano, detenido arbitrariamente el 14 de noviembre de 2020 en su domicilio, a las 3 de la madrugada, por agentes de la DGCIM. Además de su función como líder del Sindicato Único de Trabajadores en la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., Zárraga fue fotografiado con Juan Guaidó, líder de la oposición. Esa fotografía forma parte de la acusación del Ministerio Público, como prueba de la presunta intención de Zárraga de apoyar un plan de sabotaje supuestamente impulsado por un agente de la agencia de inteligencia de EEUU. Con una acusación que no se sustenta en hechos probados y con una motivación política, Guillermo permanece arbitrariamente detenido y sufre un grave deterioro de su salud, sin acceso a agua potable ni alimentación adecuada. 

Estos casos, junto con los cinco adicionales retratados en el informe, reflejan un patrón de actuación reiterado en tiempo, en distintas geografías, y autoría por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. En el marco de las detenciones arbitrarias, también se repiten graves violaciones de derechos humanos conexas o incluso crímenes de derecho internacional, incluida la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas, falta de garantías de debido proceso y a un juicio justo, uso de tribunales con jurisdicción especial sobre “terrorismo”, y condiciones inhumanas de reclusión. Asimismo, se repite el uso de tipos penales ambiguos y discrecionales y la aplicación del delito de asociación para delinquir de manera arbitraria e infundada. 

“Emirlendris, María Auxiliadora, Juan Carlos y Guillermo son víctimas emblemáticas de un patrón generalizado y sistemático de ataques a la población que pueda considerarse crítica al gobierno en Venezuela. No son casos aislados ni casos del pasado. Las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas a las que han sido, y continúan siendo sometidas, son crímenes de derecho internacional. Es por ello que las autoridades venezolanas están siendo investigadas penalmente por la Corte Penal Internacional, por tribunales argentinos bajo el principio de jurisdicción universal, y sujetas al escrutinio de las Naciones Unidas bajo el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La presión de la comunidad internacional no puede ceder,” dijo Erika Guevara Rosas. 

Organizaciones de la sociedad civil venezolana estiman que actualmente unas 300 personas se encuentran detenidas por motivos políticos en Venezuela. Según el Foro Penal, ha habido más de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela desde 2014.