DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS TENACES ANTE CRISIS HUMANITARIA EN VENEZUELA

El uso del poder judicial para perseguir la libre difusión de información afecta el trabajo que deben cumplir comunicadores y medios, vulnerando el derecho a informar y estar informados; lo que deriva en la criminalización del periodismo y la libertad de expresión, así como la  legitimación de la censura

Defender derechos humanos y ejercer acción humanitaria no es delito ya que la normativa internacional de la materia establece este tipo de actividades como legítimas y como resultado el Estado venezolano tiene que abstenerse de cometer cualquier clase de represalias contra quienes están ejerciendo acciones en función de la protección de derechos.

“El Estado venezolano en lugar de trabajar en función de la protección efectiva de los derechos humanos de la población, continuó implementando medidas autoritarias y de control social que agudizaron la crisis institucional y económica. También, profundizaron en la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, en la que se etiqueta a quienes defienden derechos humanos y trabajadores humanitarios como enemigos internos, lo que se traduce en mayor represión, control y criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos“, dijo Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia.

Lee el artículo completo aquí

La violencia contra las mujeres aumenta en la medida en que se incrementa su vulnerabilidad. La trata y el tráfico de mujeres crecen cuando ellas se encuentran en situación de pobreza, con menor información sobre sus derechos, sin posibilidad de poder acceder a instituciones, ni tener información de dónde acudir y sin tener recursos económicos para poder afrontar situaciones de conflicto.

“Sabemos que estos delitos tiene una naturaliza organizada, es decir que estamos hablando de organizaciones criminales que se dedican a la captación, traslado y colocación de niños, adolescentes y mujeres para ser explotados sexualmente o laboralmente”, señaló Magdymar León, coordinadora de AVESA.

Lee el artículo completo aquí

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ) recibe denuncias por detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, vigilancia ilegitima, agresiones y amenazas a través de su página web y redes sociales, y acompaña a víctimas de violaciones de derechos humanos para que realicen sus exigencias.

“Desde nuestro accionar hacemos todo lo posible por tratar de proteger a ciudadanos, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones que han sido víctimas de la vulneración de sus derechos”, enfatizó Juan Berríos, Coordinador General de la asociación civil.

Lee el artículo completo aquí

Los actos de intimidación, las restricciones al desplazamiento, las amenazas de funcionarios, el espionaje o seguimiento de periodistas, la censura, las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas contra la prensa -por expresar ideas contrarias a políticas o denunciar violaciones de derechos humanos- constituyen una grave arremetida contra la libertad de expresión e información en Venezuela.

“El Estado venezolano desarrolla una política que descalifica el trabajo de medios de comunicación, agrede a la prensa y a periodistas, elabora un marco normativo restrictivo y aplica mecanismos de violencia institucional contra el gremio, que han ocasionado la reducción de las posibilidades de informar y el aumento de riesgo de las personas por estar informado“, denunció Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio  Público.

Lee el artículo completo aquí

Ante el registro del delito de femicidio desde enero a mayo del 2021 en Venezuela, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) exigió el cumplimiento de las obligaciones y los deberes nacionales e internacionales del Estado en términos de protección, prevención, sanción y reparación de los casos de violencia por razones de género, que se encuentra tipificado en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LODMVLV).

“La violencia por razones de género contra mujeres, niñas y adolescentes tiene base en la discriminación y la desigualdad, por ende, debe ser prevenida y erradicada desde el Estado en conjunto con la sociedad, con una visión de cero tolerancia, para que se comprenda que como seres humanos todos debemos tener igualdad de acceso a los derechos”, declaró Beatriz Borges, Directora Ejecutiva.

Lee el artículo completo aquí

Actualmente 86,9% de las personas mayores viven en situación de pobreza, según señala Convite, que se dedica a la promoción de derechos sociales, en su informe anual sobre el acceso a la salud y el envejecimiento poblacional.

“Se debe reconocer a las personas mayores como sujeto pleno de derechos, garantizando que la edad no se convierta en un factor de discriminación para la prestación de asistencia”, declara Luis Francisco Cabezas, Director de la asociación, ante la falta de una política de asistencia y protección hacia este grupo.

Lee el artículo completo aquí

A juicio de David Gómez Gamboa, las acciones de monitoreo, promoción y protección de Aula Abierta tienen como fin la creación de estándares interamericanos de defensa del derecho a la libertad académica, la autonomía universitaria y la educación de calidad.

“Se exige al Estado el cese de las prácticas sistemáticas ejercidas como violaciones masivas a los derechos humanos. Segundo, la reconstrucción del Estado de Derecho por medio de la institucionalidad democrática, para la cual las universidades juegan un rol fundamental. Por último, proteger y atender a las casas de estudios superior”, dijo el Director de la ONG.

Lee el artículo completo aquí

Para Labo Ciudadano es interesante ver cómo frente a las acciones performáticas los funcionarios policiales o de cualquier cuerpo de seguridad del Estado, se muestran dubitativos sobre las acciones que realizan para denunciar las violaciones a los derechos.

“El objetivo que tiene actualmente nuestro activismo en Labo Ciudadano es enfrentar la violencia estructural desde la exigibilidad alternativa. El cual llevamos a cabo generando acción, tejido y contenido entorno a derechos humanos, acción directa no violenta e innovación política”, indica el colectivo de activistas de la ONG.

Lee el artículo completo aquí

Ante el aumento de casos de violencia en mujeres y niñas así como de femicidios, Las Redes de Mujeres de Amnistía Internacional Sección Venezuela, a través de la campaña «#NoviazgoSinViolencia», piden al Estado cumplir con su obligación de otorgar indicadores oficiales sobre esta grave situación para que se cree políticas públicas efectivas que verdaderamente ataquen la problemática, elaborar un plan de acción que garantice los derechos humanos de las mujeres y establecer un sistema de justicia que cese la impunidad, brinde atención real y permita a las víctimas tener acceso a un juez.

“La respuesta por parte de las autoridades a estas exigencias ha sido no más que el silencio, la opresión y la represión; ya que siguen negando la existencia de esta problemática estructural y sistemática que sufre el país”, indica Melanie Agrinzones, Monitora de la Red de Mujeres de AIVEN en Caracas y representante de la ONG Uquira.

Lee el artículo completo aquí

El uso del poder judicial para perseguir la libre difusión de información afecta el trabajo que deben cumplir comunicadores y medios, vulnerando el derecho a informar y estar informados; lo que deriva en la criminalización del periodismo y la libertad de expresión, así como la  legitimación de la censura.

“En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley denominada Contra el odio que en la práctica legitima la censura y criminaliza la opinión. Esta ley establece amplias restricciones en materia de pluralidad, acceso y diversidad, además de establecer sanciones contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y prestadores de servicio”, dijo Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

Lee el artículo completo aquí

Foto: Pixabay