ZIMBABUE: ACTIVISTA Y MIEMBROS DE LA OPOSICIÓN, EN ESPERA DE JUICIO

El activista Rashid Mahiya y los parlamentarios de la oposición Charlton Hwende y Joanna Mamombe están en espera de juicio acusados de “subvertir un gobierno constitucional”, delito penado con más de 20 años de prisión. Los tres han sido puestos en libertad bajo fianza y están en espera de juicio

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo

Señor presidente / His Excellency

Emmerson Mnangagwa

Munhumutapa Building

Corner Sam Nujoma / Samora Machel

Harare, Zimbabue

Correo-e: info@opc.gov.zw

Señor presidente Mnangagwa:

Me preocupan los cargos falsos presentados contra Rashid Mahiya, Joanna Mamombe y Charlton Hwende.

Todos ellos están acusados de “subvertir un gobierno constitucional”, delito penado con más de 20 años de prisión, en el marco de la campaña de represión que viene ejerciendo el gobierno contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y miembros de la oposición. Los cargos están relacionados con la convocatoria de un paro nacional de tres días lanzada por el Congreso Sindical de Zimbabue (ZCTU) para el 14-16 de enero en protesta por la subida del precio del combustible en Zimbabue.

Rashid Mahiya, activista y presidente del grupo Coalición por la Crisis en Zimbabue (CiZC), fue detenido el 26 de febrero. Joanna Mamombe, la parlamentaria más joven del partido opositor Alianza Movimiento por el Cambio Democrático (MDC-A), fue detenida el 2 de marzo durante un taller para parlamentarias. Charlton Hwende, parlamentario de MDC-A por Kuwadzana, fue detenido el 5 de marzo a su llegada al aeropuerto de Harare tras haber salido del país el 21 de diciembre de 2018 para recibir tratamiento médico. Los días 7, 8 y 9 de marzo se concedió la libertad bajo fianza a Rashid, Charlton y Joanna, respectivamente.

Están a la espera de juicio.

Le insto a:

• garantizar la retirada inmediata de los cargos interpuestos contra Rashid Mahiya, Joanna Mamombe y Charlton Hwende;
• poner fin a la campaña de represión contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y miembros de la oposición política en Zimbabue, y garantizar que se respeta plenamente la libertad de expresión y de reunión pacífica y que el sistema judicial no se usa de manera indebida para perseguir a personas consideradas opositoras a la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU PF), el partido gobernante.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

El 9 de marzo, Joanna Mamombe quedó en libertad bajo fianza de 3.000 dólares estadounidenses. Debía comparecer ante un tribunal el 19 de marzo, pero la vista se aplazo hasta el 8 de abril. Compareció ese día, pero su causa se aplazó de nuevo al 9 de mayo, pues las autoridades señalaron que habían llevado el video de la conferencia de prensa —en la que, presuntamente, Joanna Mamombe llamaba a derrocar al gobierno— al laboratorio de análisis digital de la policía para que fuera examinado.

La causa contra Rashid Mahiya se fijó para el 12 de marzo, pero se le pidió que compareciera ante el tribunal el 9 de abril, tras quedar en libertad bajo fianza. Volvió a comparecer ante el tribunal ese día, pero la causa se aplazó hasta el 29 de mayo, ya que las autoridades indicaron que no habían registrado las declaraciones de dos testigos de estado.

Está previsto que Charlton Hwende comparezca ante el tribunal el 16 de abril.

Durante el último año ha ido en aumento la represión constante de la sociedad civil o de cualquier persona a la que se considere contraria al gobierno. Las autoridades de Zimbabue siguen empleando leyes restrictivas, como la Ley de Orden Público y Seguridad, para limitar el derecho de reunión pacífica asegurándose de que los manifestantes pidan autorización a la policía o prohibiendo las protestas. La Ley de Acceso a la Información y Protección de la Intimidad se ha estado utilizando para reprimir el ejercicio del periodismo independiente, y la Ley de Intercepción de Comunicaciones, para cerrar Internet. Durante años, el gobierno de Zimbabue ha perseguido a personas por sus publicaciones en las redes sociales y, en enero de 2019, las autoridades cortaron Internet para impedir que la ciudadanía se movilizara a través de las redes sociales para protestar.

El 12 de enero, el presidente Emmerson Mnangagwa anunció una subida del precio del combustible que entró en vigor el mismo día a medianoche. Los precios tanto del gasóleo como de la gasolina subieron un 150%, y esta considerable subida y su negativo efecto dominó tuvieron un gran impacto sobre muchas personas. En respuesta a este anuncio, el Congreso Sindical de Zimbabue, la mayor organización sindical del país, convocó una acción de protesta consistente en tres días de paro nacional. El presidente del ZCTU, Peter Mutasa, pidió a la población de Zimbabue que se abstuviera de ir a trabajar, abrir sus negocios o asistir a la escuela desde el lunes 14 hasta el miércoles 16 de enero en protesta contra lo que denominó “la subida astronómica general de los precios desde el año pasado frente al estancamiento de los salarios”. Añadió que la subida del precio del combustible era “insensible y una provocación”.

Cuando salieron a la luz las noticias de que se estaba planeando un paro nacional, las autoridades declararon que el gobierno “no aceptaría una situación en la que los partidos de oposición se disfrazan de ONG o grupos cívicos para conseguir que se les perdonen actos ilícitos tales como promover el malestar social”.

Numerosos zimbabuenses de todo el país respondieron a la convocatoria de paro nacional del ZCTU y se quedaron en casa del 14 al 16 de enero, lo que paralizó la actividad comercial en zonas importantes del país. En contestación a la protesta, las autoridades pusieron en marcha una de las campañas de represión más brutales que se hayan conocido en años recientes en Zimbabue, con la intención aparente de restaurar el miedo en el país. El gobierno desplegó unidades militares, de policía e inteligencia en ciudades y zonas residenciales, incluidas Harare, Bulawayo, Chitungwiza, Epworth, Dzivarasekwa, Mbare, Gweru, Pumula y Mabvuku. Según los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, se sometió a personas a privación de libertad y a tortura y otros malos tratos, como palizas generalizadas y revolcarse en aguas residuales o cenizas de neumáticos quemados. También se denunciaron numerosos casos de violación y otras agresiones sexuales a mujeres.

La policía también acusó al presidente de la Coalición por la Crisis en Zimbabue, Rashid Mahiya, de intentar derrocar al gobierno. Este grupo es una coalición de más de 80 organizaciones de derechos humanos.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés, shona

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 23 de mayo de 2019

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y pronombre preferido: Rashid Mahiya (él), Joanna Mamombe (ella); Charlton Hwende (él)

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/afr46/9997/2019/es/