MILLONES MÁS DE PERSONAS AFGANAS EN IRÁN SE ENFRENTAN A LA EXPULSIÓN

Más de un millón de personas afganas, entre ellas personas nacidas en Irán y que llevan decenios viviendo en ese país, han sido devueltas a Afganistán en 2025 en una campaña ilegal de expulsión emprendida por las autoridades iraníes. Las expulsiones en masa aumentaron en torno a la escalada de hostilidades entre Israel e Irán, y más de medio millón de personas afganas han sido expulsadas desde el 1 de junio de 2025, entre ellas varios miles de menores no acompañados. Millones más de personas están en peligro, entre ellas mujeres y niñas que deben tratarse como refugiadas prima facie y no deben ser devueltas a Afganistán, donde los talibanes están cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género contra ellas.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Ministro del Interior

Minister of Interior, Eskandar Momeni

c/o Embassy of Iran to the United Nations in Geneva

Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Suiza

Sr. Eskandar Momeni:

Me alarman las expulsiones, en curso y sin precedentes, que las autoridades iraníes están llevando a cabo desde principios de 2025 de más de un millón de personas afganas, entre ellas menores no acompañados y separados de sus familias, personas refugiadas y solicitantes de asilo, personas nacidas en Irán de progenitores afganos y personas afganas que llevan decenios viviendo en Irán. Este patrón ha ido en aumento desde el 1 de junio de 2025, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y hay millones más de personas afganas en peligro. Estos hechos se están produciendo en medio de una severa crisis de derechos humanos y varias crisis humanitarias en Afganistán, donde muchas de las personas devueltas se enfrentan al riesgo inminente de persecución y violaciones de derechos humanos a manos de los talibanes.

Tras la escalada de las hostilidades entre Israel e Irán el 13 de junio de 2025, las expulsiones masivas aumentaron aún más. El 22 de junio de 2025, los medios de comunicación del Estado citaron a un agente de la fuerza de fronteras de Irán que decía: “Todos los nacionales no autorizados deben abandonar Irán”, un término utilizado a menudo por las autoridades para referirse a las personas afganas. La campaña ilegal de expulsión ha implicado redadas en domicilios, operaciones de identificación y registro, detenciones arbitrarias y devoluciones forzadas de personas sin nada más que la ropa que vestían. Las autoridades iraníes han intensificado su uso de la retórica deshumanizadora contra las personas afganas, lo que alimenta el discurso de odio y los crímenes de odio. También están privando a las personas afganas, entre ellas niños y niñas, de sus derechos socioeconómicos, incluidas la educación primaria y secundaria y la atención médica.

Las personas devueltas forzadamente a Afganistán, entre las que se encuentran mujeres y niñas, artistas, disidentes. exfuncionarios, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, corren un peligro real de sufrir violaciones de derechos humanos a manos de los talibanes. Según el principio de no devolución (non-refoulement), consagrado en el derecho internacional, los Estados tienen prohibido devolver a cualquier persona a un país en el que corra un peligro real de sufrir violaciones de derechos humanos. De ser devueltas a Afganistán, las mujeres y las niñas se verían privadas de sus derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión y de creencia, a la educación, al trabajo, a la libertad de circulación, a no sufrir tortura y otros malos tratos y a la autonomía corporal. Todos los Estados, incluido Irán, deben reconocer como refugiadas a las mujeres y niñas afganas y no devolverlas a Afganistán, donde los talibanes cometen el crimen de lesa humanidad de persecución de género contra ellas.

Lo insto a detener de inmediato la expulsión masiva de afganos y afganas y a proporcionar a todas las personas afganas en Irán protección, lo cual incluye otorgarles un estatus migratorio que las proteja frente a la devolución. Pido además a las autoridades iraníes que protejan a todas las personas afganas que se encuentran en Irán frente a la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos y la discriminación, también en el acceso a vivienda, atención médica y educación. Todas las mujeres y niñas afganas deben ser reconocidas como refugiadas y toda persona detenida arbitrariamente sólo por su identidad y/o nacionalidad afgana debe ser puesta de inmediato en libertad.

Atentamente,

[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Irán lleva 40 años albergando una de las poblaciones de personas afganas refugiadas y solicitantes de asilo más grandes del mundo. Según el ACNUR, en 2022 había en Irán más de 4,5 millones de personas afganas, y al menos un millón han huido a Irán desde el regreso de los talibanes al poder en 2021; entre ellas hay defensores y defensoras de los derechos humanos, mujeres activistas y manifestantes, periodistas y otros disidentes. La población afgana en Irán, que incluye a personas llegadas recientemente, a personas que llevan decenios viviendo en el país y a personas nacidas en Irán de progenitores afganos, se enfrenta a discriminación generalizada tanto en la ley como en la práctica, incluidos obstáculos a la educación, la vivienda, el empleo, la atención médica, los servicios bancarios y la libertad de circulación. Estas personas también se enfrentan a un clima imperante de racismo y xenofobia, alimentado por el discurso de odio de las autoridades y que da lugar a actos de violencia contra ellas por parte de actores estatales y no estatales que a menudo quedan impunes.

La legislación iraní no ofrece una vía fiable hacia la naturalización, salvo a través del matrimonio con una persona de ciudadanía iraní o en otras pocas circunstancias excepcionales. A consecuencia de ello, la mayoría de las personas afganas que residen en Irán mantienen un estatus migratorio precario, incluso después de decenios de vivir en el país, y sus hijos e hijas, a pesar de haber nacido en Irán, tampoco reciben automáticamente la nacionalidad iraní. Hasta marzo de 2025, se había permitido a varios millones de personas afganas legalizar temporalmente su estancia en Irán por medio de la obtención de un documento de “comprobante de censo” (bargeh-e sarshomari). Quienes recibían este documento podían acceder a una serie limitada de servicios socioeconómicos, como la atención médica estatal, la educación pública, el permiso de trabajo, el acceso a servicios bancarios y la posibilidad de formalizar contratos de alquiler. El 12 de marzo de 2025, el Centro de Ciudadanía Extranjera y Asuntos de Inmigración de Irán, que depende del Ministerio del Interior, anunció que los documentos de “comprobante de censo” para personas afganas expirarían automáticamente desde el inicio del año 1404 del calendario iraní (que corresponde al 20 de marzo de 2025), y que se terminaría el acceso a todos los servicios socioeconómicos. En los meses siguientes, las autoridades iraníes manifestaron su objetivo de devolver a Afganistán antes de junio de 20205 a las personas cuyos documentos de “comprobante de censo” hubieran expirado. Entre el 1 de junio y el 10 de julio de 2025, las autoridades iraníes expulsaron al menos a 546.000 personas, entre ellas 5.000 “menores no acompañados y separados de sus familiares” en junio de 2025.

Amnistía Internacional documentó los testimonios de siete personas afganas, que demuestran el patrón de violaciones de derechos humanos que las autoridades iraníes están cometiendo contra afganos y afganas mediante las expulsiones aceleradas. Un hombre afgano que aún estaba en Irán cuando habló con Amnistía Internacional a principios de julio de 2025 dijo que no había podido matricular a sus hijos en la escuela pública porque sus documentos de “comprobante de censo” habían expirado, y que, a causa del temor a ser detenido arbitrariamente y deportado, no podía salir libremente de su casa durante el día. Dijo: “Me siento como si estuviera bajo arresto domiciliario. Sólo salgo a dar un paseo por la noche. Durante el día duermo, para que pase el tiempo”. También contó que su tarjeta SIM había dejado de funcionar y que, como había huido a Irán tras la llegada de los talibanes al poder en 2021, corría peligro de ser detenido arbitrariamente por los talibanes a causa del trabajo de medios de comunicación que realizaba anteriormente en Afganistán. De ser detenido en Afganistán, correría peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos. Otras personas que hablaron con Amnistía Internacional se habían visto obligadas a marcharse de Irán al expirar sus documentos de “comprobante de censo”. Según dijeron, las autoridades iraníes les cobraban sumas desorbitadas por el transporte de devolución forzada a Afganistán, y además las obligaban a pagar impuestos municipales por cada miembro de la familia antes de enviarlos a la frontera con Afganistán; si no pagaban esas sumas, se enfrentaban a la detención arbitraria.

Cuando el 13 de junio de 2025 escalaron las hostilidades entre Israel e Irán, las autoridades iraníes, que históricamente se habían referido a las personas afganas como “extranjeros” o “nacionales no autorizados”, intensificaron su uso de la retórica racista, xenófoba y deshumanizadora contra esta comunidad. Las autoridades han pedido reiteradamente una rápida “limpieza preventiva” de “nacionales extranjeros” a los que han ordenado que abandonen Irán, convirtiéndolos en chivos expiatorios por los fracasos del propio gobierno en el ámbito del bienestar social y culpándolos de las tensiones en la educación pública, la atención médica estatal y el sector del empleo. Las autoridades también realizaron acusaciones infundadas contra las personas afganas, a las que acusaban de “espiar” para Israel. Al menos cinco hombres identificados como afganos han sido detenidos desde el 14 de junio de 2025 por esas acusaciones, y los medios de comunicación estatales han difundido las “confesiones” forzadas de al menos cuatro de ellos.

Amnistía Internacional ha documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, desaparición forzada y crímenes de guerra durante el gobierno talbán. Los talibanes han privado a las mujeres y las niñas de casi todos los derechos, incluido el acceso a educación más allá de la enseñanza primaria y al trabajo. Esto, unido a la tortura y los malos tratos, la desaparición forzada y el encarcelamiento de mujeres y niñas, constituye el crimen de lesa humanidad de persecución de género. Afganistán es el único Estado del mundo en el que a las mujeres y las niñas se les prohíbe acceder a la educación más allá de la enseñanza primaria. Los talibanes también han impuesto restricciones a las minorías religiosas y étnicas.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés, persa/dari, pastún y baluchi.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DE: 31 de diciembre de 2025.

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: No aplicable.