El 25 de agosto de 2025 se cumplen ocho años desde que las fuerzas armadas y las autoridades de Myanmar comenzaron a cometer atrocidades generalizadas contra la población rohinyá en el estado de Rajine en ese país.
A partir de agosto de 2017, las fuerzas de seguridad de Myanmar arrasó varios cientos de núcleos de población rohinyás y mató a mujeres, hombres, niñas y niños rohinyás en todo el norte del estado de Rajine, lo que obligó a huir a Bangladesh a un mínimo de 700.000 personas. Una Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Myanmar documentó datos sobre genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Desde que se cometieron estas atrocidades, nadie ha rendido cuentas en Myanmar por los crímenes cometidos contra la población rohinyá. En 2021, las fuerzas armadas dieron un golpe de Estado que derrocó al gobierno encabezado por civiles y democráticamente elegido. Desde entonces, la junta militar ha cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre ellos ataques aéreos selectivos contra población civil e infraestructuras civiles como escuelas, hospitales, campos de personas desplazadas y lugares de culto.
La población rohinyá que permaneció en el estado de Rajine continúa expuesta a graves riesgos y persecución persistente. Las restricciones a la libertad de circulación y los bloqueos aéreos impuestos por la junta militar han aumentado la escasez de alimentos y las preocupaciones relativas a la salud. La junta militar y grupos armados rohinyás han reclutado ilícitamente a personas rohinyás en Bangladesh y Myanmar para combatir en el conflicto en curso contra el grupo armado de etnia rajine denominado Ejército de Arakán, que también hace uso del reclutamiento forzoso.
En los últimos años, el Ejército de Arakán ha cometido abusos graves contra los derechos humanos de la población rohinyá, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, trabajo forzado e incendios en gran escala. Se calcula que unas 150.000 personas rohinyás han huido a Bangladesh desde mediados de 2024.
Más de un millón de personas refugiadas rohinyás están expuestas a condiciones cada vez más precarias en los campos bangladeshíes de Cox’s Bazar, incluidos secuestros, violencia sexual y los efectos de los recortes de la ayuda en atención de la salud, educación y alimentos.
Se están adoptando importantes medidas de rendición de cuentas. La Corte Penal Internacional (CPI) está investigando atrocidades cometidas en Myanmar y Bangladesh, y la Corte Internacional de Justicia ha dictado medidas provisionales en su tramitación de una causa de genocidio contra Myanmar incoada a instancias de Gambia. No obstante, la impunidad persiste.
En noviembre de 2024, la fiscalía de la CPI solicitó la emisión de una orden de detención contra el comandante en jefe de Myanmar, Min Aung Hlaing. La demanda, basada en información disponible públicamente, continúa pendiente ante los jueces de la Corte.
Las organizaciones abajo firmantes instamos al Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas a que remita con carácter inmediato la situación en Myanmar a la Corte Penal Internacional, para asegurar la plena rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra todas las comunidades. Además, los Estados miembros de la ONU deben ejercer la jurisdicción universal para incoar o apoyar enjuiciamientos penales de los posibles responsables de crímenes de derecho internacional, incluso a través de tribunales nacionales, como en Argentina.
Aunque son las fuerzas armadas de Myanmar las que han cometido la inmensa mayoría de los abusos contra los derechos humanos desde 2021, pedimos a todas las partes en el conflicto armado de Myanmar que cumplan el derecho internacional humanitario y colaboren con los mecanismos de justicia internacional, incluido el Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar.
Además, esperamos que la resolución de la Asamblea General de la ONU por la que se convoca una Conferencia de Alto Nivel sobre la Situación de los Musulmanes Rohinyás y Otras Minorías en Myanmar para el 30 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU en Nueva York, preste una atención muy necesaria a esta crisis. Sin embargo, nos preocupa la falta de representación rohinyá en la conferencia y la necesidad de un espectro más amplio de voces, como mujeres y personas jóvenes rohinyás y la sociedad civil diversa dirigida por rohinyás de Myanmar, Bangladesh y la diáspora mundial.
Los miembros de la comunidad rohinyá deben estar en primera línea de los debates sobre su futuro. Por tanto, instamos a la Conferencia de Alto Nivel a ser más inclusiva, con especial atención a las personas sobrevivientes y centrada en la rendición de cuentas y las soluciones duraderas, que incluyan el restablecimiento de la ciudadanía y el espectro completo de derechos económicos, sociales y políticos para todos los ciudadanos y ciudadanas de Myanmar.
Instamos a todos los países que acogen a personas refugiadas rohinyás a proteger sus derechos, lo que incluye permitir el acceso a educación y medios de vida y garantizar que no se les amenaza con la devolución a Myanmar.
Nos unimos para exigir el fin de la impunidad, el derecho de la población rohinyá a vivir en condiciones de seguridad y dignidad, el reconocimiento pleno de las personas rohinyás como ciudadanos y ciudadanas de Myanmar y la inclusión de sus voces en la configuración del futuro del país.
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