DETENGAN EL PROCESAMIENTO DE PERSONAS QUE SE HAN MANIFESTADO PACÍFICAMENTE

El 9 de agosto se detuvo en Londres a 522 manifestantes, mientras que los fines de semana anteriores se había detenido a más de 200, tanto en Londres como en otras partes de Reino Unido, por haberse opuesto por medios pacíficos a la prohibición de Palestine Action, en vigor desde el 5 de julio. De estas personas, 70 han sido acusadas de delitos de terrorismo en aplicación de la legislación antiterrorista británica, y se amenaza con presentar más cargos. Amnistía Internacional condena el empleo de la legislación contra manifestantes, e insta a las autoridades pertinentes de todas las jurisdicciones británicas a retirar los cargos presentados y a no emprender nuevas acciones contras estas personas ni contra ninguna otra que haya sido detenida y acusada exclusivamente por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Fiscal jefe de Inglaterra y Gales

Director of Public Prosecutions of England and Wales, Steven Parkinson

Correo-e: enquiries@cps.gov.uk

Fiscal jefe de Irlanda del Norte

Director of Public Prosecutions for Northern Ireland, Stephen Herron

Correo-e: info@ppsni.gov.uk

Lord Abogada de Su Majestad

The Lord Advocate, Rt Hon Dorothy Bain KC

Correo-e: LordAdvocate@gov.scot

Señores fiscales jefes de Inglaterra y Gales y de Irlanda del Norte y señora Lord Abogada:

Me dirijo a ustedes para expresar mi profunda preocupación por la detención y el posible procesamiento de más de 700 personas que se manifestaron pacíficamente contra la reciente ilegalización de Palestine Action por el gobierno británico.

Desde que la ilegalización de Palestine Action entró en vigor el 5 de julio, más de 700 personas han sido detenidas en todo el país por su participación en actos pacíficos de protesta contra esa medida. La mayoría de estas detenciones se han producido en actos de protesta organizados por Defendamos a nuestros jurados (DOJ, por sus siglas en inglés), grupo de base que ha llevado a cabo una campaña en la que se portaban pancartas con el lema “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”. De las más de 700 detenciones practicadas, 522 fueron efectuadas sólo el 9 de agosto, cuando DOJ celebró un acto de desobediencia civil ante el Parlamento de Londres. Todas las personas detenidas han quedado ya en libertad, pendientes de investigación o bajo fianza. El 22 de agosto se habían presentado ya cargos formales de terrorismo contra 70 personas, en virtud de los apartados 12 y 13 de la Ley sobre el Terrorismo, de 2000, de Reino Unido. Asimismo, en el momento de redactar estas líneas estaba prevista la comparecencia de tres personas ante los tribunales el próximo 16 de septiembre.

El siguiente acto de protesta de Defendamos a Nuestros Jurados tendrá lugar el 6 de septiembre, y se teme que se produzcan nuevas detenciones.

Numerosos grupos de derechos humanos —entre ellos, Amnistía internacional— han documentado y denunciado profusamente el genocidio de la población palestina que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza ocupada.

De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, que Reino Unido está obligado a respetar, toda restricción de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica debe ser lícita, necesaria y proporcionada para alcanzar un objetivo legítimo. La criminalización del discurso en este contexto solamente está permitida cuando se incita a la violencia o se promueve el odio o la discriminación. La expresión de apoyo a Palestine Action no cumple, por sí sola, ese requisito. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma que tales expresiones, incluidas las que figuran en pancartas, siguen estando protegidas por la libertad de expresión, a menos que inciten directa y expresamente a la violencia. Detener y enjuiciar a personas en este contexto constituye una violación de las obligaciones de Reino Unido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

Los insto a respetar los compromisos de Reino Unido en materia de derechos humanos y, en consecuencia, a retirar los cargos y archivar las acciones judiciales entabladas contra todas aquellas personas que hayan participado en acciones pacíficas de apoyo a Palestine Action.

Atentamente,

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El grupo activista británico Defendamos a Nuestros Jurados ha dejado claro que no promueve ni apoya la violencia. Las personas manifestantes que han sido detenidas son de muy distintas edades, profesiones y procedencias, y un número considerable de ellas es de avanzada edad. Quienes se manifiestan no hacen sino expresar pacíficamente su indignación por el genocidio que está sufriendo la población palestina a manos de Israel en Gaza, un punto de vista que —según el derecho internacional de los derechos humanos— tienen derecho a mantener y expresar de manera pacífica. Numerosos grupos de derechos humanos —entre ellos, Amnistía internacional— han documentado y denunciado profusamente el genocidio de la población palestina que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza ocupada.

Antes de la celebración de la protesta del 9 de agosto, Amnistía Internacional instó al jefe de la policía metropolitana de Londres a respetar los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica de las personas manifestantes, absteniéndose a tal fin de detenerlas por llevar pancartas o carteles. Además, la organización se dirigió en términos similares a los jefes de policía de Escocia e Irlanda del Norte y a la Lord Abogada de Escocia.

El hecho de que una persona sea procesada en aplicación de la legislación antiterrorista, incluso en el caso de que no haya sentencia condenatoria, puede acarrear consecuencias graves y perdurables a esa persona; por ejemplo, condiciones restrictivas de libertad bajo fianza, vigilancia, daño a la reputación, repercusiones para su salud mental y consecuencias negativas con respecto al empleo, la educación y los viajes. Las consecuencias de una sentencia condenatoria en aplicación de la Ley sobre el Terrorismo, de 2000, son aún más graves: antecedentes penales de por vida, problemas en relación con visados e inmigración y pérdida de oportunidades laborales, licencias profesionales y acceso a servicios, además de estigma social y daño psicológico prolongados. Estas acciones, cuando se dirigen contra actos de protesta y de desobediencia civil pacíficos, tienen un efecto intimidatorio, y disuaden a las personas de ejercer sus derechos a la libertad de expresión, a la protesta y al activismo por temor a ser calificadas de ‶terroristas″ y criminalizadas.

La detención de una persona que se manifiesta pacíficamente sólo por exhibir el mensaje ‶Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action″ viola las obligaciones internacionales de proteger la libertad de expresión y de reunión pacífica contraídas por Reino Unido. Quienes se manifiestan tienen derecho a expresar pacíficamente su indignación por el genocidio que está sufriendo la población palestina de Gaza a manos de Israel. De conformidad con el marco internacional de derechos humanos, del que Reino Unido es parte, toda intromisión de un Estado en la libertad de expresión y de reunión pacífica debe ser lícita, y debe constituir un medio necesario y proporcionado para conseguir un fin legítimo. La expresión de apoyo a una organización prohibida sólo cumpliría este requisito si, con ella, fuera probable incitar al público a participar en actos de violencia de manera inminente. A tal fin, es preciso tener en cuenta la expresión concreta, la prohibición y la naturaleza de la organización en cuestión. En este caso, no existe ninguna justificación para tratar la expresión de apoyo a Palestine Action como incitación por naturaleza y en todas las circunstancias. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que las pancartas están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, a menos que constituyan una incitación directa y expresa.

El fundamento legal del empleo de la legislación antiterrorista para detener a manifestantes pacíficos y emprender acciones judiciales en su contra es cuestionable, ya que el Tribunal Superior ha admitido a trámite la solicitud presentada por Palestine Action para que su ilegalización sea sometida a revisión judicial, con lo que ésta podría ser ilícita. En vista de lo anterior, continuar con las detenciones constituiría un uso imprudente del poder policial e inevitablemente correría el riesgo de incumplir el criterio de legalidad. No existe base razonable para considerar que quienes participan en las acciones de Defendamos a Nuestros Jurados inciten a la violencia. Por tanto, la detención de esas personas no es sólo desproporcionada, sino que también viola claramente las obligaciones de Reino Unido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Es más, calificar a dichas personas de ‶terroristas″ es profundamente inadecuado y absurdo.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 22 de noviembre de 2025

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Personas que se manifiestan pacíficamente contra la prohibición de Palestine Action (todos los géneros)

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