El 6 de septiembre fueron detenidas en Londres 857 personas por protestar pacíficamente contra la prohibición de Palestine Action, mientras que los fines de semana anteriores habían sido detenidas por motivos similares más de 700, tanto en Londres como en otras partes de Reino Unido. De estas personas, unas 114 han sido acusadas de delitos de terrorismo en aplicación de la legislación antiterrorista británica, y se amenaza con presentar más cargos. El 2 de septiembre se detuvo en redadas efectuadas al amanecer a siete portavoces de Defendamos a Nuestros Jurados (DOJ), que se enfrentan a penas de hasta nueve años por su papel en la organización de estas protestas pacíficas. Amnistía Internacional insta a las autoridades pertinentes a retirar los cargos presentados y a no emprender nuevas acciones contra estas personas ni contra ninguna otra que haya sido detenida y acusada únicamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO
Fiscal jefe de Inglaterra y Gales
Director of Public Prosecutions of England and Wales, Steven Parkinson
Correo-e: enquiries@cps.gov.uk
Fiscal jefe de Irlanda del Norte
Director of Public Prosecutions for Northern Ireland, Stephen Herron
Correo-e: info@ppsni.gov.uk
Lord Abogada de Su Majestad / The Lord Advocate, Rt Hon Dorothy Bain KC
Correo-e: LordAdvocate@gov.scot
Señores fiscales jefes de Inglaterra y Gales y de Irlanda del Norte y señora Lord Abogada:
Desde que la ilegalización de Palestine Action entró en vigor el 5 de julio, más de 1.500 personas han sido detenidas en todo el país por su participación en actos pacíficos de protesta contra esa medida. La mayoría de estas detenciones se han producido en actos de protesta organizados por Defendamos a Nuestros Jurados (DOJ), grupo de activismo de base. A 8 de septiembre, unas 114 personas en todo Reino Unido han sido acusadas formalmente de delitos de terrorismo en aplicación del apartado 12 o el apartado 13 de la Ley sobre el Terrorismo, de 2000, de Reino Unido. En el momento de redactar estas líneas, se sabe que el 16 de septiembre tres personas comparecerán ante los tribunales.
El 2 de septiembre, la policía llevó a cabo varias redadas al amanecer en las que detuvo a siete portavoces de DOJ en virtud del apartado 12 de la citada Ley. Estas detenciones se efectuaron sólo unas horas antes de la conferencia de prensa que tenía previsto dar DOJ para anunciar la convocatoria de una acción multitudinaria para el 6 de septiembre contra la prohibición de Palestine Action. Se han presentado cargos contra las siete personas detenidas —una en Escocia y seis en Inglaterra— por organizar llamadas por Zoom donde informaban a activistas que tenían intención de participar en las protestas pacíficas multitudinarias. El 4 de septiembre se celebró la vista de fianza de los seis activistas detenidos en Inglaterra, en la cual la Fiscalía General de la Corona señaló que, de ser declarados culpables, pediría para ellos una pena de entre seis y nueve años de cárcel. Todos han quedado en estrictas condiciones de libertad bajo fianza en espera de juicio. El 6 de septiembre se llevó a cabo como estaba previsto la segunda protesta multitudinaria convocada por DOJ, en la que se detuvo a 857 participantes. La Policía Metropolitana de Londres afirmó en una declaración que quienes protestaban se habían coordinado para actuar con violencia contra la policía, a lo que Amnistía Internacional señaló en otra declaración, que esto no reflejaba lo que había sucedido realmente. Representantes de Amnistía Internacional que observaron las protestas presenciaron episodios de violencia por parte de la policía, como empujar violentamente a las personas que protestaban y amenazarlas con sus bastones.
De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, que Reino Unido está obligado a respetar, toda restricción de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica debe ser lícita, necesaria y proporcionada para alcanzar un objetivo legítimo. La criminalización del discurso en este contexto solamente está permitida cuando se incita a la violencia, el odio o la discriminación. La expresión de apoyo a Palestine Action no cumple, por sí sola, ese requisito.
Los insto a respetar los compromisos de Reino Unido en materia de derechos humanos y, en consecuencia, a retirar los cargos y archivar las acciones judiciales entabladas contra todas aquellas personas que hayan participado en acciones pacíficas de apoyo a Palestine Action.
Atentamente, [NOMBRE]
Información complementaria
El grupo activista británico Defendamos a Nuestros Jurados ha dejado claro que no promueve ni apoya la violencia. Las personas manifestantes que han sido detenidas son de muy distintas edades, profesiones y procedencias, y un número considerable de ellas es de avanzada edad. Quienes se manifiestan no hacen sino expresar pacíficamente su indignación por el genocidio que está sufriendo la población palestina a manos de Israel en Gaza, un punto de vista que —según el derecho internacional de los derechos humanos— tienen derecho a mantener y expresar de manera pacífica. Numerosos grupos de derechos humanos —entre ellos, Amnistía internacional— han documentado y denunciado ampliamente el genocidio de la población palestina que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza ocupada.
El hecho de que una persona sea procesada en aplicación de la legislación antiterrorista, incluso en el caso de que no haya sentencia condenatoria, puede acarrearle consecuencias graves y duraderas, por ejemplo, condiciones restrictivas de libertad bajo fianza, vigilancia, daño a la reputación, repercusiones para su salud mental y consecuencias negativas con respecto al empleo, la educación y los viajes. Las consecuencias de una sentencia condenatoria en aplicación de la Ley sobre el Terrorismo, de 2000, son aún más graves: antecedentes penales de por vida, problemas en relación con visados e inmigración y pérdida de oportunidades laborales, licencias profesionales y acceso a servicios, además de estigma social y daño psicológico prolongados. Estas acciones judiciales, cuando se dirigen contra actos de protesta y de desobediencia civil pacíficos, tienen un efecto intimidatorio, y disuaden a las personas de ejercer sus derechos a la libertad de expresión, a la protesta y al activismo por temor a ser calificadas de ‶terroristas″ y criminalizadas.
La detención de una persona que se manifiesta pacíficamente sólo por exhibir el mensaje ‶Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action″ viola la obligación internacional de proteger la libertad de expresión y de reunión pacífica contraída por Reino Unido. Quienes se manifiestan tienen derecho a expresar pacíficamente su indignación por el genocidio que está sufriendo la población palestina de Gaza a manos de Israel. De conformidad con el marco internacional de derechos humanos, del que Reino Unido es parte, toda intromisión de un Estado en la libertad de expresión y de reunión pacífica debe ser lícita, y debe constituir un medio necesario y proporcionado para conseguir un fin legítimo. La expresión de apoyo a una organización prohibida sólo cumpliría este requisito si fuera probable que incitara a quienes va dirigida a participar en actos de violencia de manera inminente. Para valorarlo, también es preciso tener en cuenta los aspectos concretos en que se produce esta expresión, la prohibición y la naturaleza de la organización en cuestión. En este caso, no existe ninguna justificación para tratar la expresión de apoyo a Palestine Action como una incitación intrínseca y en todas las circunstancias. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que las pancartas están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, a menos que constituyan una incitación directa y expresa.
El fundamento legal del empleo de la legislación antiterrorista para detener a manifestantes pacíficos y emprender acciones judiciales en su contra es cuestionable, ya que el Tribunal Superior ha admitido a trámite la solicitud presentada por Palestine Action para que su ilegalización sea sometida a revisión judicial, con lo que ésta podría ser ilícita. En vista de lo anterior, continuar con las detenciones constituiría un uso indebido del poder policial e inevitablemente correría el riesgo de incumplir el criterio de legalidad. No existe base razonable para considerar que quienes participan en las acciones de Defendamos a Nuestros Jurados inciten a la violencia. Por tanto, la detención de esas personas no es sólo desproporcionada, sino que también viola claramente las obligaciones de Reino Unido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Es más, calificar a dichas personas de ‶terroristas″ es profundamente inadecuado y absurdo.
PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: inglés.
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 30 de noviembre de 2025
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Personas que se manifiestan pacíficamente contra la prohibición de Palestine Action (todos los géneros)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/eur45/0217/2025/es/
Tags: ACCIÓN URGENTE, REINO UNIDO, PALESTINE ACTION, LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.
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