Inicio: Lunes, 27 de noviembre, 2017
Cierre: Jueves, 07 de diciembre, 2017
Lugar: Acción en línea en todo el mundo
El Gobernador indígena Aulio Isarama Forastero del resguardo Catru Dubaza Ancoso en Alto Baudó, Departmento del Chocó, fue asesinado por hombres armados, presuntamente integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La comunidad se encuentra en riesgo de desplazamiento forzado tras estos hechos violentos.
La Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó denunció el asesinato del líder indígena Aulio Isarama Forastero, ocurrido la noche del 24 de octubre, tras haber sido interceptado por hombres armados, que se identificaron ante la comunidad como miembros del ELN. La Mesa también denunció el secuestro de Jhon Eriberto Isarama Forastero, docente del mismo resguardo indígena, el 7 de octubre, y a la fecha no se tiene información sobre su paradero. El resguardo indígena se encuentra bajo grave amenaza, pues el grupo armado intimidó con asesinar a quienes decidan denunciar estos hechos.
La Mesa Indígena del Chocó reporta que a pesar del acuerdo de cese bilateral del fuego desde el 1 de octubre firmado entre la guerrilla del ELN y el Gobierno Nacional, “a la fecha no se han tomado medidas que garanticen la protección real y efectiva de las Comunidades”. El asesinato de Isarama Forastero es el segundo homicidio de gobernadores indígenas en Chocó en menos de un mes, pues se suma al asesinato de Ezquivel Manyoma, líder del municipio del Medio Baudó, el 7 de octubre, por grupos paramilitares identificados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en presencia de su familia y demás habitantes de la comunidad.
En razón de estos hechos y de las constantes amenazas, existe un riesgo del desplazamiento forzado colectivo de los habitantes de este resguardo indígena. Según informaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ya han habido 21 eventos de desplazamiento registrados en este departamento en lo corrido del año.
Escriban a las autoridades inmediatamente en español o en su propio idioma:
- Reclamando una presencia integral del Estado en el municipio de Alto Baudó que garantice el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de poblaciones indígenas y afrodescendientes en zonas de riesgo por presencia de actores armados;
- Exigiendo medidas de protección individuales y colectivas que garanticen la vida e integridad de líderes/as, defensores y defensoras de derechos humanos indígenas y afrodescendientes, en consulta con ellos y de acuerdo con sus deseos;
- Requiriendo la respuesta integral del Estado para ejecutar planes de prevención y protección de comunidades indígenas desplazadas o en riesgo de desplazamiento forzado, en cumplimiento a lo ordenado en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2017 A:
Presidente
Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26 Bogotá, Colombia
Correo-e: contacto@presidencia.gov.co
Tratamiento: Estimado Señor Presidente
Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Yolanda Pinto
Calle 16 # 6-66. Edificio Avianca Piso 19
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 4261111
Tratamiento: Estimada Señora Directora
Y copias a:
Defensor del Pueblo
Señor Carlos Alfonso Negret
Carrera 9 Núm.16 - 21
Bogotá D. C., Colombia
Asuntosdefensor@defensoria.gov.co
El 16 de agosto, Amnistía Internacional emitió una declaración pública sobre la situación en el Chocó en la que expresaba su preocupación por la grave situación humanitaria en el departamento. (Véase https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/6946/2017/es/).
En la primera mitad de 2017, los Pueblos Indígenas del Chocó denunciaron al menos dos incursiones paramilitares en sus territorios. La primera tuvo lugar el 6 de marzo y causó el desplazamiento masivo de familias y el confinamiento de comunidades cercanas en Peña Azul (más información en https://www.amnesty.org/es/documents/AMR23/5826/2017/es/). La segunda tuvo lugar el 18 de abril en el territorio colectivo de Jiguamiandó, próximo a la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo (más información en https://www.amnesty.org/es/documents/AMR23/6082/2017/es/).
En el departamento del Chocó persisten los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos selectivos de miembros de las comunidades indígenas y afrocolombianas, desplazamientos colectivos forzados, confinamiento de comunidades y reclutamiento forzoso niños, niñas y jóvenes.
Los pueblos indígenas del Chocó viven expuestos a continuas amenazas y actos de violencia por parte de los grupos armados paramilitares; por ello, en 2009, la Corte Constitucional de Colombia dictó el Auto 004, en el que exhortaba al gobierno colombiano a tomar medidas, con una perspectiva étnica, para concebir y desarrollar una política pública sobre el desplazamiento forzado, con miras a proteger la vida, la libertad y la diversidad cultural, entre otros derechos.
Amnistía Internacional ya ha denunciado públicamente el aumento del número de asesinatos de dirigentes indígenas en Colombia y ha señalado las deficiencias en la aplicación del proceso de paz, manifestando que “la situación de extremo peligro que afrontan las comunidades indígenas en Colombia es alarmante. Estos crímenes ponen de manifiesto uno de los principales obstáculos para la aplicación del proceso de paz: la protección de las comunidades que viven en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la necesidad de garantizar que estos actos deplorables no quedan sin castigo” (más información en https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/04/colombia-ola-de-asesinatos-de-indigenas-resalta-fallas-de-implementacion-del-proceso-de-paz/).
Foto de Daniel M Ernst / Shutterstock.com
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