El 26 de junio de 2020, una jueza federal de Estados Unidos ordenó a las autoridades de inmigración liberar a todas las personas menores de edad de los centros de detención de familias inmigrantes, de los que la jueza dijo que estaban “a rebosar” de COVID-19. Las autoridades deben cumplir la orden, pero han de liberar a todas las familias sin separarlas para protegerlas de la pandemia, manteniendo al mismo tiempo su unidad familiar. La alternativa —liberar a las personas menores de edad y mantener detenidos a sus progenitores— sería equivalente a una separación familiar, una práctica que, de conformidad con la legislación estadounidense y el derecho internacional, en algunos casos puede constituir tortura. Pedimos a las autoridades que pongan en libertad a todas las familias sin separarlas. El plazo impuesto por la jueza para que las autoridades actúen finaliza el 7 de agosto de 2020.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo

Director en funciones / Acting Director
Matthew T. Albence

U. S Immigration and Customs Enforcement

500 12th St., SW

Washington, D. C. 20536 (Estados Unidos)

Teléfono: +1 (202) 732-3000

Dirección de correo-e: matthew.albence@ice.dhs.gov

Señor director en funciones:

Siento una gran preocupación por la seguridad y el bienestar de Ana* y Victoria*, y de todas las familias detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El 26 de junio de 2020, una jueza federal ordenó a su agencia liberar a todas las personas menores de edad de los centros de detención para familias por estar sus instalaciones “a rebosar” de casos de COVID-19. Amnistía Internacional sigue recibiendo testimonios creíbles, coincidentes y preocupantes de familias sobre las peligrosas condiciones de reclusión que innecesariamente ponen en gran peligro a todas las personas detenidas.

Como responsable de la salud y la seguridad de las personas que están a su cargo, debe tomar todas las medidas necesarias para protegerlas de la COVID-19.

Le pido que deje en libertad a todas las familias sin separarlas. Los progenitores deben ser puestos en libertad junto a sus hijos e hijas para mantener la unidad familiar —ya que la separación de familias siempre va en detrimento del interés superior del niño o la niña— y proteger a estas personas durante la pandemia.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tiene encerradas a casi 100 familias en tres centros de Pensilvania y Texas. Tras la confirmación de casos de COVID-19 en centros de detención para familias, una jueza federal ordenó al ICE que liberara a todas las personas menores de edad antes del 7 de agosto de 2020, pero la jueza no tiene jurisdicción sobre sus progenitores. El ICE tiene la facultad legal de poner en libertad a las familias sin separarlas e históricamente así lo hecho, pero ahora ha preferido separarlas o mantenerlas detenidas indefinidamente. Las familias detenidas están en riesgo extremo de contraer la COVID-19 debido a la falta de higiene y a una atención médica deficiente.

Ana* (22 años) y su hija Victoria* (4 años) huyeron de Honduras tras recibir reiteradas amenazas contra sus vidas después de que el padre de Victoria fuera asesinado por sus convicciones políticas. Pidieron asilo en Estados Unidos hace más de nueve meses y han permanecido recluidas desde entonces. El ICE ha sido informado en múltiples ocasiones de que Victoria padece asma y de que está en situación de mayor riesgo por la COVID-19, pero el ICE se niega a liberarlas. Ana tiene quistes ováricos que durante meses le han causado dolor a diario y no ha recibido atención médica adecuada. Victoria ahora sufre crisis de ansiedad, pesadillas y moja la cama, cosa que no solía hacer.

Karla* (43) y Katherine* (15) salieron de Honduras tras ser atacadas a causa de su religión, sus convicciones políticas y su negativa a someterse a las bandas delictivas. Llevan más de 10 meses recluidas. Al principio, los médicos pensaron que Karla tenía tuberculosis al llegar a Dilley y la pusieron a ella y Katherine en aislamiento por motivos médicos. No han confirmado el diagnóstico y Karla ha padecido tos prácticamente durante todo el tiempo que lleva detenida. Katherine tiene taquicardia y ha sufrido varios ataques cardíacos. Tras un ataque, mientras Katherine luchaba por respirar, un miembro del personal médico le dijo a Karla que no trajera a su hija salvo que se estuviera “poniendo de color morado”. Tras una campaña internacional para pedir su libertad, las autoridades finalmente las liberaron sin separarlas el 26 de julio de 2020.

En mayo de 2020, el ICE puso a los progenitores detenidos junto a sus hijos e hijas (incluso de tan sólo un año de edad) ante una disyuntiva imposible: separarlos de sus hijos e hijas, que serían entregados a patrocinadores mientras los progenitores permanecían detenidos indefinidamente y afrontaban una posible deportación, o permanecer detenidos juntos de manera indefinida. Amnistía Internacional Estados Unidos publicó el informe “ Family Separation 2.0: ‘You aren’t going to separate me from my only child,” con testimonios de padres y madres.

En virtud del derecho internacional, el gobierno estadounidense tiene la obligación de garantizar que los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo se respetan, se protegen y se hacen efectivos. El gobierno estadounidense tiene también la obligación de garantizar que los menores de edad sólo son detenidos en circunstancias excepcionales, y durante el tiempo más breve posible. Las normas internacionales, incluidos instrumentos en los que Estados Unidos es parte, contienen una firme presunción contra la detención de migrantes y solicitantes de asilo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece claramente el derecho a no sufrir detención arbitraria. La detención de solicitantes de asilo sólo debe ser un último recurso, cuando otras alternativas que no impliquen privación de libertad hayan resultado o se hayan considerado insuficientes en el caso de la persona en cuestión.

Todas las familias deben ser liberadas sin separarlas. Hay comunidades esperándolas con los brazos abiertos. No hay ninguna razón para no liberar a los niños y niñas con sus progenitores. La alternativa, separar a familias y liberar sólo a las personas menores de edad, es inaceptable. En casos anteriores de separación familiar, el gran sufrimiento mental que las autoridades han infligido intencionadamente con fines de coacción a familias hace que tales actos puedan ajustarse a la definición que se hace de la tortura tanto en la legislación estadounidense como en el derecho internacional.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 7 de agosto de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Ana* y Victoria* (femenino)

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/2664/2020/es/