Jueves, 09 de septiembre, 2021

La mañana del 5 de septiembre de 2021 estalló un intenso tiroteo alrededor del palacio presidencial de Conakry. Soldados del CNRD dirigidos por el teniente coronel Mamady Doumbouya arrestaron al presidente Alpha Condé y comparecieron en la televisión nacional para pronunciar el golpe de Estado


Ante la noticia de un golpe de Estado ayer en Guinea, en el que soldados del Comité Nacional para la Reconciliación y el Desarrollo (CNRD) tomaron el poder y detuvieron al presidente Alpha Condé, la directora de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, Samira Daoud, ha manifestado:

“Pedimos a los dirigentes del CNRD que protejan y garanticen los derechos humanos de toda la población guineana, que lleva años sufriendo represión y violaciones de sus derechos.

Antes y después de las elecciones presidenciales del pasado octubre se detuvo a multitud de opositores políticos y manifestantes. Todas las personas detenidas arbitrariamente deben quedar en libertad.

Los líderes del golpe militar deben aclarar también la base jurídica de la detención del presidente Alpha Condé. Deben ponerlo en libertad inmediatamente si no van a acusarlo de algún delito reconocible.”

Información complementaria
La mañana del 5 de septiembre de 2021 estalló un intenso tiroteo alrededor del palacio presidencial de Conakry. Soldados del CNRD dirigidos por el teniente coronel Mamady Doumbouya arrestaron al presidente Alpha Condé y comparecieron en la televisión nacional para pronunciar el golpe de Estado.

Doumbouya afirmó más tarde que el presidente Condé estaba “en un lugar seguro” y había “visto a un médico”. Los golpistas también suspendieron la Constitución de Guinea y todas las instituciones, incluido el gobierno, declararon un toque de queda y cerraron todas las fronteras. 

Alpha Condé ocupa el cargo de presidente desde diciembre de 2010. Durante su mandato se han cometido múltiples violaciones de derechos humanos, como prohibir las reuniones pacíficas, cerrar Internet, causar lesiones o la muerte a manifestantes por el uso excesivo de la fuerza y detener arbitrariamente a cientos de activistas de la oposición política y la sociedad civil.

En un informe publicado en 2020, Amnistía Internacional documentó los homicidios de al menos 50 personas en el curso de manifestaciones contra la reforma constitucional emprendida y aplicada por las autoridades en 2019 y 2020. Hubo casi 200 personas más que resultaron heridas, y opositores políticos sometidos arbitrariamente a detención y reclusión, sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión o de reunión pacífica.

En otro informe, publicado en 2019, Amnistía Internacional documentó los homicidios de 70 civiles, entre manifestantes y transeúntes, y al menos 3 miembros de las fuerzas de seguridad, en el curso de protestas entre enero de 2015 y octubre de 2019.