Martes, 12 de julio, 2022

El nuevo informe muestra cómo las mujeres venezolanas refugiadas, que representan el 50% y el 58% de la población venezolana en Colombia y Perú respectivamente


Los Estados colombiano y peruano son los grandes ausentes a la hora de garantizar, proteger y respetar el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres refugiadas venezolanas, quienes enfrentan violencia basada en género en todos ámbitos de la vida, dijo Amnistía Internacional hoy en el nuevo informe, Desprotegidas: Violencia de Género Contra Mujeres Venezolanas Refugiadas en Colombia y Perú.

 “La protección contra la violencia de género debería ser una prioridad de todos los Estados en las Américas, así como la protección de quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos en sus países de origen. En el caso de las mujeres refugiadas venezolanas, estás más bien enfrentan una doble y brutal desprotección, como lo revela nuestro informe sobre la situación en Colombia y Perú,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Más de seis millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos años debido a masivas violaciones de derechos humanos. Colombia y Perú son los países que más personas venezolanas han acogido, sumando más del 50% de todas las personas que han huido de Venezuela (1,84 millones y 1,29 millones respectivamente). Amnistía Internacional considera que las personas venezolanas cuentan con necesidades de protección internacional y tienen derecho a solicitar el reconocimiento de su condición de personas refugiadas.

El nuevo informe muestra cómo las mujeres venezolanas refugiadas, que representan el 50% y el 58% de la población venezolana en Colombia y Perú respectivamente, enfrentan violencia y discriminación en todos los espacios de sus vidas por su género y nacionalidad. En el espacio público, las agresiones ocurren tanto en las rutas migratorias como en sus lugares de residencia. En el ámbito familiar, enfrentan violencia económica, patrimonial, física y sexual, predominantemente de sus parejas o exparejas. Y en cuanto al entorno laboral, sufren diversas formas de violencia y explotación laboral, incluida la cooptación para trabajo con fines de explotación sexual.

Ante esta violencia omnipresente, Amnistía Internacional concluye que los Estados colombiano y peruano claramente no cumplen con su obligación de garantizar una vida libre de violencia y discriminación a las mujeres refugiadas venezolanas, ni de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género.

 “Muchas mujeres venezolanas, víctimas de violencia machista y cuyas vidas están en riesgo, prefieren no denunciar por temor a ser expulsadas del país, debido a su estatus de documentación. La situación de violencia y vulnerabilidad que enfrentan se agrava por la ausencia de protocolos especializados para atenderlas y protegerlas. La regularización migratoria es un paso fundamental para que puedan denunciar las violencias que enfrentan”, sostuvo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

La extensa investigación se realizó durante el primer semestre de 2022 de manera virtual y en terreno, incluyendo misiones a Lima y Tumbes en Perú, y Bogotá, Cúcuta y Soacha en Colombia. Para la elaboración de este informe, Amnistía Internacional entrevistó a 63 mujeres refugiadas venezolanas y realizó 45 entrevistas de investigación con organizaciones de sociedad civil, incluidas organizaciones conformadas por mujeres venezolanas; organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y ONU Mujeres; e instituciones estatales.

Según cifras oficiales, la violencia de género contra mujeres refugiadas venezolanas en Colombia aumentó un 71% entre 2018 y 2020, y en Perú un 31% entre 2019 y 2021. La xenofobia, el estatus migratorio, los mitos sobre la inseguridad provocada por personas extranjeras, los prejuicios relacionados con la sexualidad percibida de las mujeres, aunado a los roles de género preestablecidos socialmente, aumentan la vulnerabilidad de mujeres venezolanas refugiadas.

La investigación revela múltiples ámbitos de desprotección estatal tanto en Colombia como Perú. En primer lugar, las mujeres venezolanas no tienen un acceso efectivo a la protección internacional y a los procesos de regularización migratoria, lo cual representa un primer y significativo obstáculo para la protección del resto de sus derechos.

En segundo lugar, los Estados colombiano y peruano no garantizan el derecho de las mujeres venezolanas de acceder sin discriminación a la justicia y a los servicios de salud. Entre numerosas deficiencias de las respuestas estatales en ambos países, la investigación expone el desconocimiento por parte de las personas funcionarias encargadas de atender a sobrevivientes de violencia basada en género sobre los derechos, rutas de atención y medidas de protección de las que deberían gozar las mujeres venezolanas, así como los estereotipos relacionados con la nacionalidad y género de estas mujeres, o su identidad de género. También expone la falta de disponibilidad y acceso a albergues temporales y la falta de información estadística adecuada.

Amnistía Internacional exhorta a las autoridades de Colombia y Perú que adopten medidas inmediatas para que las mujeres venezolanas puedan gozar de una vida libre de violencia, sin discriminación por su género, nacionalidad, estatus migratorio o cualquier otro motivo. En particular, los gobiernos de Colombia y Perú deben combatir la estigmatización y discriminación hacia mujeres venezolanas, garantizar su acceso a la protección internacional, asegurar un acceso efectivo a la justicia, mejorar la atención y prevención de la violencia basada en género, y garantizar una atención en salud integral para las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género.

 Para más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

 Duncan Tucker (Amnistía Internacional Américas): +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org

 Cecilia Niezen (Amnistía Internacional Perú): +51 989 180 327, c.niezen@amnistia.org.pe

 Más información:

 Desprotegidas: Violencia de género contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Perú (investigación, 12 de julio de 2022)

https://www.amnesty.org/es/documents/amr01/5675/2022/es/

 Entre la invisibilidad y la discriminación: personas refugiadas venezolanas LGBTIQ+ en Colombia y Perú (investigación, 20 de junio de 2022) www.amnesty.org/es/latest/news/2022/06/personas-refugiadas-venezolanas-lgbtiq-colombia-y-peru/

 Perú: El Estado peruano falla en la atención a mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia de género (investigación, 25 de noviembre de 2021) www.amnesty.org/es/latest/research/2021/11/estado-peruano-falla-atencion-mujeres-venezolanas-sobrevivientes-violencia-genero/

 Buscando refugio: Perú da la espalda a quienes huyen de Venezuela (investigación, 4 de febrero de 2020) www.amnesty.org/es/documents/amr46/1675/2020/es/

 Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela (investigación, 14 de mayo de 2019) www.amnesty.org/es/documents/amr53/0222/2019/es/

Datos y cifras: violencia de género contra refugiadas venezolanas en Colombia y Perú

Características de la movilidad humana venezolana: Cifras generales de violencia basada en género en Colombia y Perú:
  • En Colombia, el Sistema Integrado de Violencias de Género (SIVIGE), reportó 122,758 casos de violencia basada en género en 2020:
    • 58,904 violencia física
    • 31,635 violencia sexual
    • 18,967 negligencia y abandono
    • 9,782 violencia psicológica.
  • En Perú, el Programa Aurora, a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), registró 114,495 casos atendidos de violencia basada en género en 2020*:
    • 55,995 violencia psicológica
    • 44,125 violencia física
    • 13,843 violencia sexual
    • 532 casos de violencia patrimonial
Cifras de violencia basada en género hacia mujeres refugiadas venezolanas:
  • A pesar de los altos niveles de subregistro, la violencia basada en género contra las mujeres refugiadas ha aumentado en Colombia y Perú.
    • En Colombia, las cifras de casos de violencia basada en género pasaron de 166 casos reportados en 2017, a 2,430 en 2018 y 4,165 en 2020.
      • El 80.89% de los casos de violencia en contra de mujeres venezolanas en 2020 ocurrieron en la vivienda, el 11.50% en la vía pública y 7.6% en otros espacios.
    • En Perú el número de casos de violencia basada en genero contra mujeres refugiadas subió de 1,384 en 2019 a 1,818 en 2021.*
  • En Colombia, el 24.1% de las mujeres ha experimentado discriminación o ha sido injustamente tratada por ser venezolana refugiada. De ellas el 58.8% manifiesta que esa violencia la ha sufrido en la calle.
  • En Perú, en los CEM entre 2018 y 2021, cerca del 70% de las personas extranjeras atendidas fueron mujeres venezolanas.*
    • El número de casos atendidos se triplicó, pasando de 250 en 2017, a 759 en 2018 y a 2,022 en 2019.
    • Entre enero y marzo de 2022, los CEM reportaron 681 atenciones a mujeres extranjeras, lo que implica que sigue en aumento la demanda de los servicios de atención para las mujeres refugiadas venezolanas. 
  • Las cifras registradas son bajas con respecto al porcentaje de mujeres venezolanas en cada país, evidenciando un subregistro de casos de violencia basada en género contra mujeres venezolanas refugiadas.
    • En Colombia los 4,165 casos corresponden tan solo al 0.45% de las mujeres venezolanas que se estima viven en el país.
    • En Perú los 1,102 casos registrados corresponden al 0.12% de la población femenina venezolana.
Violencia laboral contra mujeres refugiadas venezolanas:
  • Tanto en Colombia como en Perú, los índices de trabajo informal son altos.
    • En Perú, para 2021, el porcentaje de personas en el sector informal alcanzó el 76%, pero la información no desagrega el porcentaje de mujeres.
  • Mujeres venezolanas activas laboralmente en Colombia:
    • El 82% afirma haber tenido dificultades en la obtención de trabajo remunerado.
    • De ese 82%, solo el 16% cuentan con un contrato escrito, frente al 84% que refieren tener un contrato verbal.
    • Las mujeres venezolanas en Colombia tienen una carga de trabajo (no remunerado) en el hogar superior a las colombianas. El 46.7% de las mujeres venezolanas migrantes ocupadas y el 53.1% de las no ocupadas declaran dedicar al menos 20 horas semanales al cuidado de niños y niñas en comparación con el 35.3% y 30.6% de las ocupadas y las no ocupadas colombianas.
  • Mujeres venezolanas activas laboralmente en Perú:
    • El 29% de las mujeres extranjeras trabajan de forma remunerada, el 34% trabaja de forma no remunerada y en el 37% de los casos no fue posible determinar su situación laboral.
    • El 22% de las mujeres cuenta con educación secundaria completa y el 18% con educación técnica o superior completa. Es importante resaltar que las mujeres venezolanas representan el 74% de mujeres extranjeras en Perú.
Fallas en garantizar el acceso a la protección internacional y procesos de regularización:

Colombia:

  • Refugio:
    • Hasta el 30 de junio de 2021, las autoridades habían recibido 31,400 solicitudes de reconocimiento de la condición de persona refugiada y reconocido 1,300.
    • El bajo número de solicitudes de asilo puede estar relacionado con el poco acceso a la información existente sobre este procedimiento. 
  • Otras formas de regularización:
    • Retos que las mujeres enfrentan para acceder al PPT incluyen condiciones de precariedad, falta de acceso a medios electrónicos e internet, y la imposibilidad de presentar documentos que comprueben su estadía en el país previa la fecha límite.

Perú:

  • Refugio:
  • Otras formas de regularización:
    • A partir de 2020, Perú ha implementado el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP). Según la Superintendencia de Migraciones, entre el 9 de julio de 2021 y el 14 de mayo de 2022, fueron otorgados 165,307 CPP a personas venezolanas.
    • Entre 2019 y 2021 la Superintendencia de Migración de Perú aprobó 2,070 solicitudes de Calidades Migratorias por Vulnerabilidad, de las cuales 897 correspondieron a mujeres venezolanas refugiadas y 963 a hombres venezolanos.
Fallas en garantizar el acceso a la justicia de las mujeres refugiadas venezolanas:
  • Falta de conocimiento de las mujeres venezolanas sobre sus derechos y sobre los recursos legales disponibles
  • Falta de información sobre rutas de atención
  • Falta de conocimiento de la normativa por parte de autoridades: en ambos países las autoridades exigen a las mujeres la documentación de su estatus migratorio para recibir las denuncias, a pesar de que la ley no lo establece así.
  • Persistencia de estereotipos compuestos (género + nacionalidad de las mujeres) profundamente arraigados en la sociedad colombiana y peruana que se replican en el ámbito de la justicia, que culpan a las mujeres, las estigmatizan, discriminan y revictimizan.
  • Dificultad de denunciar violencia de género en el ámbito laboral (particularmente informal) por la precariedad de su situación económica y laboral, así como por falta de regularización y discriminación en el acceso a un trabajo digno.
Fallas en protección contra violencia basada en género hacia mujeres refugiadas venezolanas:
  • Ausencia del Estado, a pesar de la existencia de normativas y protocolos relacionados a violencia basada en género:
    • En Colombia, en 2021 el 82.92% de las denuncias por violencia intrafamiliar se encuentran en etapa de investigación, 16.09% de casos se encuentran en etapa juicio y 0.8% en ejecución de penas. En relación a los delitos sexuales, el 88.19% de los casos de delitos sexuales contra mujeres en 2021 se encuentran en etapa de indagación, 6.85% de casos se encuentran en juicio y 0.13% en ejecución de penas.
    • En Perú, en 2020 únicamente en 6 de 138 casos de feminicidios (es decir, un 4%) se sentenciaron a los autores de feminicidios consumados.
  • Falta de otras medidas de protección, como albergues:
    • Estándares internacionales establecen que debería de existir un albergue por cada 100,000 habitantes, que garantice un refugio seguro de emergencia, y cuente con asesoría calificada y asistencia para buscar una vivienda estable.
      • En Lima, Perú existen dos albergues a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y siete a cargo del Ministerio de la Mujer (MIMP) para una población de más de 10 millones de habitantes.
      • En el departamento fronterizo de Norte de Santander, Colombia únicamente existen dos albergues, financiados por la cooperación internacional.
Fallas en garantizar el acceso a la salud de las mujeres refugiadas venezolanas:

Obstáculos para el acceso a los servicios de atención en salud para las mujeres refugiadas venezolanas:

  • Atención únicamente en circunstancias de emergencia.
  • Ausencia de definición clara para las personas funcionarias públicas de primera línea de atención de lo que se considera una emergencia en los casos de víctimas de violencia de género, incluida la violencia sexual.

*Fuente: Portal del Programa Aurora