Jamshid Sharmahd está sometido a desaparición forzada desde hace casi 21 meses y las autoridades siguen negándose a revelar a su familia el lugar donde está recluido

Las autoridades iraníes han sometido a desaparición forzada y están torturando a Jamshid Sharmahd, disidente político germanoiraní de 67 años que podría ser condenado a muerte por “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) en un juicio manifiestamente injusto. Sharmahd está detenido arbitrariamente en régimen de aislamiento desde julio de 2020, pero las autoridades se niegan a revelar su paradero a su familia.

Presidente de la Magistratura
Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union

                                         Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Bélgica

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

El disidente político germanoiraní Jamshid Sharmahd, de 67 años, está sometido a desaparición forzada y podría ser condenado a muerte en un juicio manifiestamente injusto ante la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán si es declarado culpable de “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz). Durante las actuaciones judiciales que concluyeron el 26 de julio de 2022, se le negó el acceso a un abogado independiente de su elección y el derecho a defenderse. El abogado que le nombró el gobierno dijo a su familia el 2 de julio de 2022 que “no tenía sentido” que manifestara su desacuerdo ante el hecho de que el Tribunal Revolucionario hubiera admitido “confesiones” forzadas de Jamshid Sharmahd como prueba. Con anterioridad, el 9 de mayo de 2021, el abogado nombrado por el gobierno dijo que si la familia no pagaba 250.000 dólares estadounidenses, no defendería a Jamshid Sharmahd ante el tribunal y se limitaría a “sentarse allí [ante el tribunal]”. Tras el secuestro de Jamshid Sharmahd a finales de julio de 2020 y su detención arbitraria, la televisión estatal iraní difundió vídeos propagandísticos en los que lo mostraba “confesando” haber tenido un papel en una explosión ocurrida en abril de 2008 en Shiraz, provincia de Fars, en la que, según los medios de comunicación estatales iraníes, murieron 14 personas, violando así su derecho a la presunción de inocencia, a no autoinculparse y a ser protegido de la tortura y otros malos tratos. El cargo de “corrupción en la tierra”, formulado en relación con la relación de Jamshid Sharmahd con la Asamblea del Reino de Irán, colectivo de oposición que propugna el fin del sistema de la República Islámica, no está definido con claridad en la ley, por lo que es contrario al principio de legalidad. Sharmahd ha negado reiteradamente estas acusaciones, incluso durante el juicio.

Jamshid Sharmahd está sometido a desaparición forzada desde hace casi 21 meses y las autoridades siguen negándose a revelar a su familia el lugar donde está recluido. Desde finales de septiembre de 2021, sólo se le ha permitido hacer sendas llamadas telefónicas breves a su familia el 23 de marzo de 2022 y el 19 de junio de 2022. Durante ellas, realizadas en presencia de agentes de seguridad, Jamshid Sharmahd reveló que lo estaban torturando y sometiendo a otros malos tratos, entre ellos que estaba recluido en régimen de aislamiento prolongado desde su secuestro en julio de 2020, que se le negaba todo contacto con otros presos, y que tenía que dormir en el suelo en una habitación pequeña donde no puede dar siquiera unos pasos ni distinguir el día de la noche. Las autoridades también le niegan la atención médica adecuada, incluida la dental, y retrasan habitualmente su acceso a los medicamentos que necesita para la enfermedad de Parkinson, lo que le provoca intensos dolores en el cuerpo y dificultad para respirar.

Le insto a que revele inmediatamente la suerte y el paradero de Jamshid Sharmahd y, dada su detención arbitraria, le ruego que sea puesto en libertad inmediatamente. Hasta el momento de ser puesto en libertad, debe garantizarse su acceso regular a su familia, a atención médica adecuada, incluida la dental, a representación letrada de su elección y a la asistencia consular de las autoridades alemanas. Asimismo, debe ser protegido de nuevas torturas y malos tratos. Debe llevarse a cabo con prontitud una investigación independiente, efectiva e imparcial sobre sus denuncias de tortura y otros malos tratos, con el fin de llevar a los responsables ante la justicia en juicios justos.

Atentamente,

Información complementaria

Jamshid Sharmahd, periodista residente en Estados Unidos, creó el sitio web Tondar para la Asamblea del Reino de Irán (conocida también como Anjoman-e Padeshahi-ye Iran), donde se podía publicar contenido de forma anónima que el periodista leía en emisiones de radio y vídeo. El sitio web contenía declaraciones de la Asamblea del Reino de Irán en las que reivindicaba la autoría de explosiones dentro de Irán. Jamshid Sharmahd ha negado haber participado en los actos violentos que las autoridades le atribuyen e incluso ha rechazado todas las acusaciones durante el juicio. Amnistía Internacional teme que Jamshid Sharmahd sea condenado a muerte, pues en enero de 2010 fueron ejecutados dos hombres, Mohammad Reza Ali Zamani y Arash Rahmanipour, que habían sido declarados culpables de “enemistad con Dios” (moharebeh) en juicios manifiestamente injustos en relación con su relación o presunta relación con la Asamblea del Reino de Irán.

El 1 de agosto de 2020, el Ministerio de Inteligencia anunció en una declaración que sus agentes secretos (a los que se refirió como “soldados anónimos del imán Zaman”) habían detenido a Jamshid Sharmahd tras una “compleja operación”, sin ofrecer más detalles. El mismo día, el ministro de Inteligencia iraní, Mahmoud Alavi, declaró que Jamshid Sharmahd estaba “fuertemente apoyado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel” y que había sido “conducido” a Irán mediante “complejas operaciones” y puesto bajo custodia del Ministerio de Inteligencia. Esta declaración se entendió en general como que los agentes de inteligencia iraníes lo habían secuestrado en otro país —Jamshid Sharmahd había estado en Emiratos Árabes Unidos— y llevado por la fuerza a Irán. Las “confesiones” forzadas de Jamshid Sharmahd se emitieron numerosas veces en la televisión pública iraní antes de su juicio. En un vídeo propagandístico emitido en enero de 2021, sus “confesiones” se intercalaban con extractos de sus emisiones para la Asamblea del Reino de Irán, y el narrador del vídeo lo señalaba como líder del grupo y “terrorista”. Tras su secuestro y detención arbitraria, su familia en Estados Unidos informa de que agentes del Ministerio de Inteligencia la había presionado para que preparase “confesiones” forzadas en el ordenador personal de Jamshid Sharmahd, a lo que se había negado. Después del secuestro, agentes del Ministerio de Inteligencia dijeron a Jamshid Sharmahd que estaba en la prisión de Evin de Teherán, pero a finales de 2020 Sharmahd dijo a su familia que ya no estaba allí, sin que le permitieran decir más sobre su ubicación. Durante una llamada telefónica realizada el 23 de marzo de 2021, Jamshid Sharmahd dijo que había perdido casi 20 kilos y que sólo le quedaban dos dientes, sin que pudiera explicar más, y añadió que sólo podía tratar de masticar la comida con las encías.

Desde 2019, Amnistía Internacional ha documentado otros dos casos de disidentes radicados en el extranjero que fueron secuestrados por agentes de los servicios de seguridad e inteligencia iraníes y devueltos a Irán. El periodista disidente Rouhollah Zam fue secuestrado por agentes de la Guardia Revolucionaria Islámica, al parecer con la ayuda de los servicios de inteligencia iraquíes, durante una visita que hizo a Irak en octubre de 2019, y devuelto forzosamente a Irán. Fue ejecutado en diciembre de 2020 tras un juicio manifiestamente injusto. Habib Chaab, con doble nacionalidad iraní y sueca, detenido actualmente en Irán, fue secuestrado en Turquía en octubre de 2020 y llevado a Irán por medio de lo que las autoridades iraníes calificaron de “acciones especializadas y combinadas”. Las autoridades turcas escribieron en una respuesta de enero de 2021 a una comunicación de varios relatores especiales de la ONU que había sido “introducido ilegalmente en Irán al día siguiente de su llegada a Turquía”. Habib Chaab corre actualmente el riesgo de ser condenado a muerte.

Aunque todos los gobiernos tienen el deber de llevar ante la justicia a los responsables de actos delictivos violentos, todos los presuntos responsables penales de delitos, incluidos los de “terrorismo”, deben ser tratados de manera que se cumplan plenamente las obligaciones contraídas por Irán en materia de derechos humanos, incluidas las garantías del derecho a un juicio justo y de que se respetan las normas internacionales de imparcialidad procesal. Éstas incluyen, además, los derechos de la persona a elegir a su representación letrada, a acceder a asistencia jurídica efectiva desde el momento de la detención y durante el juicio y las actuaciones previas a él y las de apelación, a comparecer sin dilación ante un juez u otra persona autorizada por la ley a ejercer el poder judicial, a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal independiente e imparcial, a ser considerada inocente, a guardar silencio y no ser obligada a autoinculpase o a declararse culpable, a tener acceso pleno a las pruebas pertinentes, a no permanecer detenida por cargos imprecisos, a interrogar y contrainterrogar a los testigos; a ser sometida a una vista justa y pública ante un tribunal competente, independiente e imparcial, y a recibir una sentencia pública y razonada. La imposición de la pena de muerte en un juicio injusto constituye una privación arbitraria del derecho a la vida y la ejecución de personas condenadas a muerte por los Tribunales Revolucionarios en juicios injustos que violan el derecho internacional de los derechos humanos podría constituir asimismo el crimen de derecho internacional de ejecución extrajudicial. Amnistía Internacional ha documentado un patrón de violaciones sistemáticas del derecho a un juicio justo en Irán, que empieza en el momento de la detención y se prolonga durante la investigación, el juicio y el procedimiento de apelación. Los tribunales habitualmente hacen caso omiso de las denuncias de tortura y otros malos tratos, sin ordenar una investigación, y se basan en “confesiones” empañadas por tortura para dictar sentencias condenatorias e imponer condenas, incluso en los casos de pena de muerte.

Pueden escribir llamamientos en: Persa o inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 26 de septiembre de 2022

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Jamshid Sharmahd (masculino)

Enlace a la AU anterior: https://www.Amnesty.Org/es/documents/mde13/5318/2022/es/