LA TAREA DE COLOMBIA

Ante el aumento de personas migrantes y refugiadas venezolanas solicitando servicios de urgencia, el Gobierno Colombiano emitió la Resolución 1449 de 2017 1, que asignó un monto presupuestario adicional a los departamentos fronterizos de Arauca, Boyacá, Cesar, Guainía, La Guajira, Norte de Santander y Vichada; el Decreto 866 del 2017 2, para permitir otorgar recursos adicionales destinados a la atención de urgencias de extranjeros de un país fronterizo, atendidos en la red pública sanitaria y sin capacidad de pago; así como varias circulares para registro de atenciones en salud de personas extranjeras 3.

Ministerio de Salud de Colombia. Resolución 1449 de 2017. Ver en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20014491%20de%202017.pdf
Ministerio de Salud, Colombia. Decreto 866 de 2017. Ver en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20866%20del%202017.pdf
Ministerio de Salud de Colombia. Circulares 012/2017 y 029/2017.

Sin embargo, el monto otorgado ha sido insuficiente. De los 4.000 millones que garantizó la Resolución 1449 de 2017 (USD 1.350.000), el departamento de Guajira recibió en septiembre de 2017, un total de 1.066 millones (USD 360,000). La cantidad devengada sólo por el Hospital Nuevo San José de Maicao (en la Guajira), hasta diciembre de 2017 fue de más de 2.870 millones de COP (US$ 973.000), es decir más del doble del dinero destinado a todo el departamento de la Guajira. Pero más preocupante todavía, es que a finales de febrero de 2018, el Hospital Nuevo San José de Maicao, todavía no había recibido ningún fondo para solventar el fuerte gasto asumido para asistir a población migrante y refugiada 4.

En Norte de Santander de aproximadamente 11.000 mil millones gastados en el Norte de Santander para atención a pacientes en el último año (cerca de US$ 3.727.000), el gobierno destinó a través de la misma Resolución, un total de 2.400 millones para paliar la crisis hospitalaria (USD 810,000). Esta falta de recursos y de estrategia integral y sostenible a largo plazo, impone una fuerte presión en el personal médico colombiano y en las áreas de gerencia de salud departamental, que no tienen los medios suficientes enfrentar la crisis, en un ya de por sí deteriorado sistema de salud Colombiano.

Según el Ministerio de Salud de Colombia, para 2018, sería necesario un presupuesto de casi 3.000 millones de COP (algo más de 1 millón de US$) para atender a personas viviendo con VIH así como de 12.200 millones de COP (alrededor de 4 millones de US$) para la atención integral a mujeres embarazadas de bajo y alto riesgo. Debido a las dificultades presupuestales, no se podría considerar la garantía de tratamientos para otras enfermedades crónicas. Colombia, al igual que Venezuela, tiene la obligación de aceptar cooperación internacional en caso de ser necesario.

Colombia ha ratificado la Convención 5 y el Protocolo sobre el Estatus de los Refugiados 6, e incorpora adicionalmente la definición de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados 7 en su legislación interna. Esta declaración, amplia la definición tradicional de refugiado, entendida como aquella persona que ha huido de su país por temor a persecución en base a su raza, religión, opinión política, nacionalidad o grupo social, y considera refugiadas también a aquellas personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público 8.

Sin embargo, a pesar de que su derecho interno contiene también esta definición ampliada de refugio, y de ser un país con más de 340 mil refugiados en el exterior 9, el número de personas venezolanas a las que se les ha otorgado este estatus en Colombia es mínimo 10.

Durante los últimos 5 años, sólo habían solicitado refugio en Colombia 798 11 ciudadanos de Venezuela y únicamente 57 han obtenido dicho estatus desde 2013 12. Es decir, Colombia ha otorgado refugio a una media de 11 personas venezolanas al año, en los últimos 5 años, y se cree que el número en el último año fue incluso menor 13.

La apertura de un examen preliminar sobre Venezuela por la Corte Penal Internacional, refuerza los indicios de crímenes de derecho internacional, que ya Amnistía Internacional denunció en su momento 14. Pero si algo caracteriza la situación de violaciones a derechos humanos que está teniendo lugar de manera masiva, es que no sólo existe una grave afectación a los derechos civiles y políticos, sino también a los derechos sociales y económicos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos ha expresado su preocupación en numerosas ocasiones por las graves violaciones cometidas en Venezuela 15 , y ha denunciado la negativa del Gobierno Venezolano para aceptar que existe una crisis humanitaria en el país 16. Así mismo, Relatores Especiales de la ONU, expresaron en febrero de 2018, su preocupación por la falta crónica de medicinas, índices de desnutrición, y aumento de la pobreza extrema por encima del 50 por ciento 17. La CIDH, a través de informes 18 , comunicados públicos 19 y medidas de protección, ha dejado patente la grave situación que atraviesa el país a nivel civil y político, pero también social y económico. Prueba de ellos son las recientes medidas cautelares emitidas por la misma Comisión sobre el riesgo a la vida de personas con enfermedades crónicas en Venezuela 20.

En Colombia el sistema de asilo, regulado en el Decreto 2840 de 2013 21, considera no sólo la definición tradicional de refugiado, sino también la definición ampliada contenida en la Declaración de Cartagena. Es decir su propia regulación interna exige a Colombia que proteja no sólo a personas como los disidentes políticos que están siendo perseguidos en Venezuela, sino también a aquellas personas que por motivo de enfermedad o condición médica, su vida está en grave riesgo por no acceder a medicamentos.

Amnistía Internacional ha conocido el caso de Daniel*, venezolano viviendo con VIH, quien obtuvo la condición de refugiado en México en 2017, por el riesgo que suponía a su vida el no tener tratamiento antirretroviral en un contexto que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR)22 valoró como de violaciones masivas. Esto demuestra que las personas con enfermedades crónicas pueden merecer protección internacional 23.

Amnistía Internacional. Entrevista telefónica con personal gerencial del Hospital San José de Maicao, en la Guajira. Febrero 2018.
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951. Ver en: http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1967. Ver en: http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0003
Declaración de Cartagena sobre Refugiados, de 1984. Ver en : http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008
UNHCR/ACNUR. Resumen de las conclusiones sobre la interpretación de la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena de 1984. Ver en: http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2014/9651
UNHCR/ACNUR. Situación Colombia. Febrero 2017. Ver en: http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2017/10938
UNHCR/ACNUR. Operational Portal. Refugee situation. Venezuela Situation. Ver en https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit
Existen barreras físicas (el trámite sólo puede realizarse en Bogotá) y materiales (el estado no garantiza ayuda material y el solicitante no puede realizar ninguna actividad económica ni cambiar su domicilio mientras el proceso se resuelve), que desincentivan solicitar asilo en Colombia.
Grupo Interno de Trabajo para la Determinación de la Condición de Refugiado, Cancillería, Colombia. Oficio S-GDCR-17-104703, de 27 de diciembre de 2017.
Amnistía Internacional. Entrevista con organizaciones en Bogotá y Cúcuta, y con el Grupo Interno de Trabajo para la Determinación de la Condición de Refugiado de la Cancillería de Colombia. Noviembre 2017.
Amnistía Internacional. Venezuela: violencia letal, una política de estado para asfixiar a la disidencia. Ver en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/07/venezuela-violencia-letal-una-politica-de-estado-para-asfixiar-a-la-disidencia/
OHCHR. Violaciones a derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela, del 1 de abril al 31 de julio de 2017. Ver en: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf
UN Web TV. Zeid Ra’ad al Hussein (OHCHR) on the situation in Venezuela - Security Council, Arria formula meeting. Ver en: http://webtv.un.org/watch/zeid-ra%E2%80%99ad-al-hussein-ohchr-on-the-situation-in-venezuela-security-council-arria-formula-meeting/5643399460001/
OHCHR. Venezuela: “Alarmantes condiciones de vida se agravan cada día,” alertan expertos de la ONU. Ver en http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22646&LangID=S
Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela 2017. Ver en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf
CIDH. Comunicado de prensa. CIDH y su relatoría su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales urgen al Estado de Venezuela a garantizar y respetar los derechos a la alimentación y a la salud. Ver en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/016.asp; Ver también CIDH. Relatoría de libertad de expresión expresa preocupación por el deterioro en la separación e independencia de poderes y el menoscabo de la institucionalidad democrática en Venezuela. Ver en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/131.asp
De acuerdo al “Resumen de las conclusiones sobre la interpretación de la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena de 1984”, una situación será considerada como masiva dependiendo del grado o la magnitud de las violaciones reportadas; cuando los efectos de las violaciones van más allá de las víctimas reales/directas, afectando a otros segmentos de la población o incluso a la sociedad como tal; y donde elementos como desplazamiento forzado o emisión de medidas cautelares o provisionales deben ser considerados como indicios fuertes de violaciones masivas a derechos humanos. Para más información ver: http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2014/9651
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Decreto 2840 de 6 de diciembre de 2013. Ver en: http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2014/9437
La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado es la instancia que examina y resuelve las solicitudes de asilo en México.
Amnistía Internacional. Cómo un venezolano que vive con VIH podría cambiar la forma en que México trata a las personas refugiadas. Ver en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/12/how-a-venezuelan-living-with-hiv-could-change-the-way-mexico-deals-with-refugees/
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Vistas de la Sala de Urgencias del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, Colombia. Este es el hospital que más personas de Venezuela ha atendido a lo largo de 2017

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Vistas de la Sala de Urgencias del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, Colombia. Este es el hospital que más personas de Venezuela ha atendido a lo largo de 2017.

Roxana Chasoy Tandioy, de apenas 6 años, y proveniente del estado Barinas, tiene síndrome nefrítico corticorresistente, que puede dar lugar a daño renal irreversible con necesidad de trasplante y diálisis. Fue diagnosticada en el Hospital Dr. Luis Razetti de Barinas, donde los médicos le dijeron a sus padres, que no había nada que pudieran hacer por ella para tratar su edematización y ni para garantizarle las medicinas que requería. Al ser corticorresistente, necesita inmunosupresores, y dependiendo de su evaluación, puede llegar a requerir diálisis o incluso un trasplante para salvar la vida. Los padres de Roxana explicaron a Amnistía Internacional, que Roxana está muy deprimida ya que se siente discriminada debido a que no ha podido acceder al tratamiento que requiere, por no ser colombiana. La legislación Colombiana establece la garantía únicamente del tratamiento que entra dentro del servicio de urgencia. Su familia está a la espera de que se resuelva una tutela judicial a su favor, para cubrir todo el tratamiento.

Casos de personas como Roxana, u otros pacientes crónicos venezolanos viviendo en Colombia deben ser evaluados de manera individual por el Estado colombiano y, de ser el caso, considerados en el contexto actual que vive el país como refugiados bajo los estándares nacionales e internacionales de protección, y dar cumplimiento a lo que establece la propia regulación interna colombiana.

Además, Colombia debe prestar especial atención médica a las mujeres embarazadas y lactantes, debido a la necesidad especial de protección que ameritan 24, y para ello debe poner todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud, tanto a través los recursos existentes dentro del Estado como los disponibles de la comunidad internacional a través de la cooperación y asistencia internacional25.

Tanto en la Observación General 14, relativa al disfruta del más alto nivel de salud como en la Observación General 22, relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva el Comité DESC de la ONU establece el derecho a la no discriminación en el acceso a la salud por motivos como la nacionalidad y establece la atención pre y post natal como una obligación básica de los estados.
Comité DESC de la ONU. Observación General Nº 3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes, E/1991/23, 14 de diciembre de 1990.

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