Acogiendo con beneplácito, el desarrollo del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido cómo Acuerdo de Escazú, aprobado el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica.
Profundamente convencidos de que el medio ambiente sano es un derecho humano fundamental del individuo y el colectivo, por tanto, debe ser prioridad del Estado su preservación y mantenimiento a través del desarrollo de políticas públicas y normativas sensibilizadas,
Considerando, que el acceso y divulgación a la información pública, incluida la ambiental, es un derecho humano reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos instrumentos vinculantes para el Estado Venezolano,
Considerando, además, que es un deber del Estado venezolano asegurar los mecanismos legales para que el público pueda recurrir o manifestar inconformidad en toda materia, incluidos asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso,
Recordando el deber que tiene el Estado venezolano de promover la participación abierta e inclusiva del público, especialmente de los individuos y grupos en situación de vulnerabilidad en las materias de interés público tales como los asuntos ambientales
Sumamente preocupados por la situación de los defensores de los Derechos humanos en Venezuela, y en específico aquellos que dedican su vida y profesión a la atención de las poblaciones indígenas y la preservación de sus territorios y hábitats,
Las organizaciones de la sociedad civil adheridas a esta declaración conjunta dirigida al Estado venezolano, declaramos:
Para suscribir el siguiente comunicado haga clic en el siguiente enlace https://bit.ly/3Nz1NeW
Tags: Acuerdo de Escazú, Justicia climatica, Crisis climatica, Venezuela.
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