Solo el 12% de las tierras han sido demarcadas, y el proceso ha estado paralizado desde 2016. Existe un aumento exponencial de enfermedades como la malaria y la tuberculosis, con índices de mortalidad elevados en zonas como el Alto Orinoco
La República Bolivariana de Venezuela, a pesar de contar con una Constitución que dedica ocho artículos a la protección de los pueblos indígenas y de haber ratificado instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT, enfrenta una brecha cada vez más insostenible entre la ley y la realidad. El informe conjunto de 2025 de Wayamoutheri, Odevida y Provea, titulado “Pueblos y liderazgos indígenas en grave riesgo”, expone que la situación de abandono y precariedad no solo persiste, sino que se ha agudizado de manera dramática. La falta de políticas públicas y la inacción del Estado han llevado a un escenario de emergencia humanitaria que socava la existencia misma de estas comunidades.
El epicentro de la crisis se centra en la lucha por el territorio indígena. A pesar de que la ley exige la demarcación de sus tierras, los avances han sido insignificantes. Según el informe de Provea, solo el 12% de las tierras han sido demarcadas, y el proceso ha estado paralizado desde 2016. Esta inacción estatal ha dejado los territorios vulnerables a una invasión constante. No se trata solo de la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco, sino también de la presencia de grupos de delincuencia organizada, mafias de contrabando, disidencias de la guerrilla colombiana y terratenientes. El informe de 2025 del GRIAM titulado “Migración y Desplazamiento de Poblaciones Indígenas de la Amazonía venezolana hacia Colombia” detalla cómo la minería ilegal en el estado Amazonas, que se ha generalizado desde 2008, es controlada por grupos irregulares armados de Colombia y Brasil, como las disidencias de las FARC, el ELN y los "Garimpeiros". La evidente opacidad y omisión oficial de las autoridades, junto con el "consorcio" con estos grupos criminales, es una de las causas directas de la situación.
Las omisiones de los órganos públicos y la presunta complicidad de las fuerzas armadas han permitido la expansión de la minería ilegal y la violencia asociada. El asesinato de defensores indígenas, como el caso de Virgilio Trujillo, es un trágico recordatorio de los peligros que enfrentan quienes se oponen a estas actividades ilícitas. Un punto crucial añadido por el informe del GRIAM es la pérdida cultural que conlleva esta devastación. El etnólogo Charles Brewer-Carías es citado al afirmar que, debido a la minería ilegal, se han perdido "20.000 años de culturas indígenas" en una sola generación, incluyendo el conocimiento de plantas medicinales y la relación con la selva. La situación actual sugiere que el Estado no solo ha fallado en su deber de proteger, sino que su inacción facilita de facto un vacío de poder que permite a estos grupos operar con impunidad.
La crisis humanitaria generalizada en Venezuela ha golpeado con mayor fuerza a las comunidades indígenas, exacerbando sus vulnerabilidades preexistentes. El colapso de los servicios de salud es alarmante. El informe de 2025 de Provea documenta un aumento exponencial de enfermedades como la malaria y la tuberculosis, con índices de mortalidad elevados en zonas como el Alto Orinoco. En Delta Amacuro, las muertes infantiles se han vinculado directamente a la contaminación por mercurio del agua, un subproducto de la minería ilegal. Esta emergencia sanitaria es el resultado directo de la falta de inversión y la desatención por parte del Estado, que dejó a estas comunidades sin servicios médicos adecuados durante la pandemia de COVID-19 y más allá. El informe del GRIAM destaca la situación crítica de los Yanomami en la Sierra Parima, que tienen "la tasa de desnutrición y morbilidad más alta de la región". Además, el documento lista las enfermedades más comunes que causan migración y desplazamiento, como malaria, oncocercosis, tuberculosis, hepatitis y sarampión.
Además, la falta de datos oficiales actualizados agrava la crisis. El censo indígena de 2011, que registró a 724.592 indígenas (2,7% de la población), sigue siendo el único referente. Las cifras del censo de 2023 no han sido publicadas, lo que impide un análisis preciso de la evolución de la población y sus necesidades, haciendo aún más difícil la formulación de políticas públicas efectivas.
Las mujeres indígenas continúan enfrentando una discriminación y violencia en múltiples capas, con informes que documentan desde abusos físicos y psicológicos hasta la prostitución forzada vinculada a la explotación minera. Esta situación, ya descrita por Amnistía Internacional, representa un ataque a la dignidad y al tejido social de estas comunidades.
La combinación de violencia, enfermedades, despojo territorial y abandono estatal ha generado un fenómeno de desplazamiento forzado sin precedentes. El informe del GRIAM profundiza en este éxodo, explicando que es una "experiencia extraña e incómoda" para los pueblos amazónicos, que tienen un profundo arraigo a sus territorios. Sin embargo, se ven obligados a migrar en un patrón de movilidad temporal en busca de sustento económico o atención sanitaria, para luego regresar. El testimonio de un indígena Jiwi, Eugenio Silva, que migró a Colombia para conseguir tratamiento para su hija, o el de Yuliana Martínez, que relata el miedo al acoso en un asentamiento en Puerto Carreño, ilustran la desesperación que impulsa este éxodo. La situación económica es un factor clave: el informe señala que un docente en la zona gana un sueldo mensual de 1.4 $ USD, mientras que los bienes y servicios se cotizan al precio del oro, creando una brecha salarial insostenible.
Artículos citados:
Indígenas en Emergencia Humanitaria:
https://provea.org/opinion/indigenas-en-emergencia-humanitaria/
Migración y Desplazamiento de Poblaciones Indígenas de la Amazonía venezolana hacia Colombia: https://provea.org/wp-content/uploads/2021/05/Migracio%CC%81n-y-Desplazamiento-de-Poblaciones-Indi%CC%81genas-de-la-Amazoni%CC%81a-Venezolana-hacia-Colombia.pdf
Artículos consultados:
https://www.amnistia.org/en/news/2023/03/23418/amnesty-international-report-2022-23-venezuela
https://lac.iom.int/es/blogs/5-aspectos-clave-sobre-la-migracion-de-los-pueblos-indigenas
Tags: Pueblos indigenas, venezuela, Derechos económicos sociales y culturales.
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