“Las autoridades sirias deben asegurarse de garantizar el derecho a la vivienda de las personas que residían en edificios de viviendas de Alepo afectados por el terremoto”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en medio de la preocupación por las demoliciones ilegales de edificios considerados inseguros como consecuencia de los terremotos del 6 de febrero y las informaciones sobre obstáculos burocráticos para quienes tratan de reparar sus viviendas dañadas.
“Han pasado varios meses desde que miles de personas de Alepo, a causa de los terremotos, perdieron su hogar o sufrieron daños en los edificios donde vivían. Nos preocupa la posibilidad de que la forma en que se están aplicando las medidas de seguridad en los edificios se sume a las dificultades que sufren miles de sobrevivientes del seísmo”, afirmó Diana Semaan, investigadora de Amnistía Internacional sobre Siria.
“Las autoridades sirias deben centrar sus esfuerzos en respetar el derecho de las personas a una vivienda adecuada. La demolición de edificios de viviendas sin una explicación apropiada o el debido proceso es una violación del derecho y las normas internacionales de los derechos humanos. Antes de llevar a cabo un derribo, las autoridades tienen la obligación de consultar con las personas residentes, avisar con una antelación razonable y proporcionar una indemnización económica o un alojamiento alternativo para garantizar que nadie se queda sin hogar”.
La demolición de edificios de viviendas sin una explicación apropiada o el debido proceso es una violación del derecho y las normas internacionales de los derechos humanos.
Diana Semaan, investigadora de Amnistía Internacional sobre Siria
Entre abril y julio de 2023, Amnistía Internacional entrevistó a tres miembros del personal de ayuda humanitaria que visitaron Alepo tras los terremotos, así como a seis residentes de la ciudad de Alepo, y analizó artículos de medios de comunicación e informes de la ONU. El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional también verificó vídeos de demoliciones en la ciudad de Alepo.
Incluso antes de los terremotos, Alepo había sufrido daños generalizados debido a la campaña ilegítima de bombardeos que llevaron a cabo las fuerzas sirias y rusas entre 2012 y 2016. En 2016, el gobierno sirio tomó el control del este de Alepo, zona de la ciudad que estaba en poder de la oposición, tras someter a decenas de miles de civiles a sitio y a bombardeos que provocaron su desplazamiento forzado hacia otras zonas del norte de Siria en manos de la oposición.
El 20 de febrero de 2023, el gobernador de Alepo declaró que los terremotos habían afectado a 13.000 familias. Añadió que se habían inspeccionado 11.551 edificios, tras lo cual se demolieron 220 alegando razones de seguridad pública, y 303 estaban pendientes de demolición.
En una entrevista con un medio de comunicación afín al gobierno, un ingeniero explicó que las autoridades derribarán un edificio inmediatamente después de que un comité de ingeniería creado por las autoridades para evaluar la seguridad estructural de los edificios lo califique de “rojo”, lo que significa que representa un peligro para la seguridad pública y, como resultado, se pide a la gente que lo evacúe.
Sin embargo, residentes y personal de ayuda humanitaria han informado a Amnistía Internacional de que puede que estas evaluaciones no se lleven a cabo con rigor y que las demoliciones se están haciendo sin atenerse a los requisitos del debido proceso y a las salvaguardias contra los desalojos forzosos de las normas internacionales de derechos humanos.
Personal de ayuda humanitaria, así como tres residentes, dijeron a Amnistía Internacional que muchos de estos comités sólo hacen evaluaciones visuales que carecen del detalle preciso necesario para determinar la seguridad de un edificio y podrían dar pie a demoliciones injustificadas. Añadieron que las personas afectadas no pueden recurrir contra las decisiones de los comités y que a menudo no se les da tiempo suficiente para sacar sus pertenencias.
Las personas residentes dijeron a Amnistía Internacional que, en muchos casos, a las personas cuyas casas han sido demolidas por haber sido consideradas inseguras para vivir no se les ofrece un alojamiento alternativo ni una indemnización. Esto es especialmente preocupante porque, en abril, la ONU informó de que el gobierno estaba cerrando la mayoría de los refugios temporales que se usaban para facilitar alojamiento de emergencia a quienes habían perdido su hogar en los terremotos.
Las normas internacionales de derechos humanos sobre el derecho a la vivienda aclaran que, incluso cuando se considera que el desalojo está justificado, éste debería llevarse a cabo con estricto cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Por tanto, las autoridades deben consultar a las personas residentes de edificios inseguros sobre la demolición y las opciones de reasentamiento, facilitarles información suficiente sobre planes, avisarles por escrito con antelación suficiente del desalojo y proporcionarles un alojamiento alternativo adecuado, así como una indemnización por las pérdidas. Deben asegurarse de que nadie se queda sin hogar ni en situación de vulnerabilidad ante otras violaciones de derechos humanos como consecuencia del desalojo.
Residentes cuyas casas resultaron dañadas en los terremotos dijeron a Amnistía Internacional que las autoridades no les informaron de cómo contactar con los comités para preguntar por la seguridad de sus casas.
Dijeron que, además de no recibir ayuda económica de las autoridades para reparar los daños en sus casas, las autoridades pedían permisos difíciles de obtener para la rehabilitación de edificios de viviendas por sus residentes.
Estos permisos son especialmente difíciles de conseguir en el caso de los edificios informales, que son la mayoría de los edificios de las zonas dañadas por los terremotos. Según un informe publicado por el International Crisis Group en 2022, “sólo quienes están cerca del poder (fuerzas de seguridad o milicias) pueden obtener un permiso informal para hacer reparaciones”.
En lugar de imponer onerosos requisitos burocráticos a las personas residentes que intentan reparar sus casas dañadas por el terremoto, las autoridades sirias deben asegurarse de que todas las personas residentes tienen apoyo técnico y económico adecuado, sin discriminación.
Diana Semaan, investigadora de Amnistía Internacional sobre Siria
Una persona que vive en Sheikh Maqsoud, barrio de Alepo sitiado por el gobierno sirio, dijo que el gobierno impedía o limitaba la entrada de ayuda en la zona. Además, los controles de seguridad de entrada del gobierno han impuesto elevados cánones y tasas a quienes traen material de construcción para ayudar a la gente a reconstruir su casa.
“En lugar de imponer onerosos requisitos burocráticos a las personas residentes que intentan reparar sus casas dañadas por el terremoto, las autoridades sirias deben asegurarse de que todas las personas residentes tienen apoyo técnico y económico adecuado, sin discriminación”, concluyó Diana Semaan.
Tags: Siria, Derechos Humanos, Libertad de expresión.
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