GUATEMALA: PELIGRO INMINENTE PARA PERSONAS QUE SE HAN MANIFESTADO PACÍFICAMENTE

El pasado 2 de octubre, las autoridades indígenas de 48 cantones de Totonicapán, las municipalidades indígenas de Sololá y Santa Lucía Utatlán, varias comunidades de San Cristóbal Totonicapán, el Parlamento del Pueblo Xinka, el pueblo ixil y otros pueblos indígenas convocaron manifestaciones multitudinarias

Miles de persona se han echado a las calles para protestar contra las acciones judiciales emprendidas contra agentes clave del reciente proceso electoral, entre ellos autoridades electorales y miembros del partico ganador. Piden la dimisión de la fiscal general y de otras personas del Ministerio Público, que han abanderado estos procesos penales. El gobierno y el Tribunal Constitucional han emitido declaraciones y decisiones que ponen en peligro el derecho de protesta pacífica y podrían favorecer el empleo de la fuerza contra manifestantes. Instamos a las autoridades guatemaltecas a garantizar el derecho de protesta pacífica.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Sr. Alejandro Giammattei

Secretario privado de la Presidencia

6xta avenida 4-41, zona 1

Ciudad de Guatemala

Guatemala

Fax:

Correo-e: gestrada@secretariaprivada.gob.gt

Estimado Señor Giammattei:

Le escribo para expresar mi profunda preocupación por la situación de miles de personas que han participado en las multitudinarias manifestaciones pacíficas iniciadas por una serie de autoridades indígenas y pueblos indígenas, y que se suceden por todo el país, desde el 2 de octubre. Las declaraciones formuladas el pasado lunes, 9 de octubre, en las que se afirma que "los bloqueos son ilegales" y se anuncian diferentes medidas —entre ellas, órdenes de arresto— contra cualquier persona que participe en esas protestas, haga llamamientos en su favor o las apoye son alarmantes.

Dichas declaraciones constituyen amenazas contra los derechos de manifestación pacífica y libertad de expresión, ya que estigmatizan a quienes se manifiestan, niegan a los pueblos indígenas la posibilidad de emplear la protesta pacífica y amenazan con represalias a quienes participan en actos de protesta o los apoyan.

Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho de manifestación pacífica. El derecho internacional delimita de manera estricta las restricciones de ese derecho, que deben ser excepcionales, necesarias, proporcionadas y lo menos invasivas posible. Los Estados tienen la obligación de promover un entorno que facilite el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica sin discriminación y, en especial, en los casos de grupos que estén o hayan estado discriminados. Asimismo, el derecho internacional establece que nadie debe sufrir hostigamiento ni ninguna otra represalia por su presencia en una reunión pacífica ni por su adherencia a ella, y que la interrupción del paso de vehículos o peatones o de las actividades diarias no constituye "violencia."

Señor presidente, le insto a respetar y garantizar el derecho de manifestación pacífica de las personas que participan en las protestas de Guatemala, sin temor a represalias. En particular, le insto a garantizar que las autoridades guatemaltecas se abstengan de recurrir a la legislación penal, al empleo de fuerza excesiva contra manifestantes y a cualquier otra medida ilegítima para restringir las protestas pacíficas.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

El pasado 2 de octubre, las autoridades indígenas de 48 cantones de Totonicapán, las municipalidades indígenas de Sololá y Santa Lucía Utatlán, varias comunidades de San Cristóbal Totonicapán, el Parlamento del Pueblo Xinka, el pueblo ixil y otros pueblos indígenas convocaron manifestaciones multitudinarias. El desencadenante de esas protestas fue un conjunto de procesos penales iniciados por el Ministerio Público contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral y contra el partido político Semilla, cuyo candidato, Bernardo Arévalo, fue elegido presidente de la República el 20 de agosto para el periodo 2024-2028. Las manifestaciones, en las que se pedía la dimisión de la fiscal general y de otros fiscales encargados de los procesos judiciales en cuestión, recibieron sin demora el apoyo de estudiantes de varias universidades y de numerosos sectores de población más por todo el país. Según la información recibida por Amnistía Internacional, las manifestaciones —que incluyen bloqueos de vías públicas en distintas partes del país— son pacíficas y, en muchos lugares, han permitido el paso de ambulancias y de productos perecederos.

Sin embargo, el 9 de octubre el presidente de la República comunicó que "los bloqueos eras ilegales" y aludió a una serie de supuestas carencias, al "secuestro" de un camión que transportaba oxígeno, a daños infligidos a la economía del país y a presuntos actos de violencia (varios de los cuales han sido atribuidos a grupos de choque o infiltrados), y aseguró que los bloqueos ponen "en peligro el orden democrático". Asimismo, el presidente estigmatizó el trabajo de las ONG que habían apoyado las protestas, anunció que se iban a solicitar órdenes de arresto contra estudiantes que habían participado en las protestas y contra personas extranjeras que habían asesorado al respecto o que habían participado en los actos de protesta, y que se iban a tomar todas las medidas necesarias para reestablecer la situación.

Ese mismo día, un grupo activamente implicado en la criminalización del funcionariado de justicia, de periodistas y de defensores y defensoras de los derechos humanos presentó una denuncia penal contra el presidente de los 48 cantones de Totonicapán. Además, se ha observado un considerable despliegue policial, así como la presencia de personas fuertemente armadas a la entrada de un centro comercial en la Ciudad de Guatemala.

La OEA, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente celebrada el 10 de octubre, enfatizó la naturaleza pacífica de las protestas y condenó los procesos penales iniciados contra personas que habían participado en el proceso electoral, condena a la que se sumaron el secretario general de la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea y la comunidad internacional.

Aunque, el 11 de octubre, la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución a favor del derecho de protesta de los pueblos indígenas, esa misma corte autorizó también a las autoridades guatemaltecas a limitar el derecho de reunión pacífica para reestablecer "los derechos a la vida, salud, tratamientos médicos, seguridad, paz, libertad de locomoción de personas y vehículos, libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad, así como [garantizar] servicios esenciales como el transporte, el agua, el agua potable, la energía eléctrica, [...] y cualesquiera otros afectados".

Las declaraciones del presidente Giammattei se han producido en una situación de cierre del espacio público y de criminalización generalizada de la disidencia, que Amnistía Internacional ha documentado. Según la información recibida, alrededor de 60 fiscales, jueces, magistrados, periodistas, profesionales de la comunicación y defensores o defensoras de los derechos humanos han tenido que abandonar el país debido a los numerosos procesamientos infundados a los que se han enfrentado a causa de su participación en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país, como fue el caso de la ex fiscal y presa de conciencia Virginia Laparra. Además, Amnistía Internacional ha recibido información sobre la apertura de procesos penales infundados contra varias personas que participaron en las protestas de noviembre de 2021 en Ciudad de Guatemala (véase el Informe 2022 de Amnistía Internacional, apartado sobre Guatemala). La organización ha documentado también el uso de ciertos tipos penales, como el de "secuestro", para penalizar protestas pacíficas celebradas por autoridades y comunidades indígenas en el país.

En 2020, Amnistía Internacional condenó la reforma de la Ley sobre ONG, señalando que ésta podía ser utilizada para afianzar la suspensión de las ONG y la criminalización de su membresía si las actividades que llevaban a cabo con fondos extranjeros amenazaban el "orden público". Véase https://www.amnesty.org/es/documents/amr34/1811/2020/es//

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: español. También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 12 de diciembre de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Protestas pacíficas (masculino y femenino)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: no aplicable

Fotografía: Pixabay