“Un acuerdo en la cumbre de la COP28 para poner fin a la producción y al uso de combustibles fósiles es vital para evitar una catástrofe climática global y que no se agrave una crisis de derechos humanos sin precedentes que amenaza los derechos de miles de millones de personas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
En el informe titulado Combustibles letales (próximamente en español), Amnistía Internacional pide a las partes en la COP28, que comienza este mismo mes, que acuerden una eliminación de los combustibles fósiles de forma completa, equitativa, rápida y financiada, y una transición a energías renovables compatible con los derechos humanos y que facilite el acceso de todo el mundo a la energía.
“Durante decenios, el sector de los combustibles fósiles se ha dedicado a desinformar sobre la crisis climática. La verdad es que los combustibles fósiles están poniendo en peligro nuestro futuro, ya que están causando estragos en el clima global y generando una crisis de derechos humanos de magnitud sin precedentes”, ha afirmado Candy Ofime, asesora jurídica sobre justicia climática de Amnistía Internacional.
“Si se sigue adelante con nuevos proyectos de combustibles fósiles, no lograremos limitar el calentamiento global a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales y evitar daños climáticos catastróficos. La celebración de la COP28 es la ocasión para que los Estados acuerden ir más allá de los combustibles fósiles y dejen atrás su vergonzoso historial de daños climáticos y abusos contra los derechos humanos.
La celebración de la COP28 es la ocasión para que los Estados acuerden ir más allá de los combustibles fósiles y dejen atrás su vergonzoso historial de daños climáticos y abusos contra los derechos humanos.
Candy Ofime, asesora jurídica sobre justicia climática de Amnistía Internacional
“El sector de los combustibles fósiles genera una enorme riqueza para relativamente pocos actores empresariales y Estados, que tienen un interés particular en bloquear una transición justa a energías renovables, y en silenciar a quienes se oponen a ellos. Dichos esfuerzos ponen en peligro el derecho de todas las personas a un medioambiente limpio, saludable y sostenible.”
“Los combustibles fósiles son finitos, y tratar de extraer hasta la última gota de petróleo, el último metro cúbico de gas natural o la última tonelada de carbón prolonga o agrava los enormes daños que ya han causado. Hay alternativas disponibles y la producción de energías renovables está creciendo rápidamente, pero se necesita una inversión mucho mayor. La COP28 debe establecer una vía rápida y equitativa para un futuro sostenible sin combustibles fósiles.”
La extracción y la quema de combustibles fósiles y la consiguiente acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en particular de dióxido de carbono, son la causa principal del calentamiento global, que está incrementando la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas, sequías e inundaciones.
Esta situación está provocando pérdida de vidas; daños a bienes e infraestructuras, destrucción de medios de sustento, alteración de ecosistemas y disminución de la biodiversidad, cosechas perdidas y escasez de alimentos, intensificación de la competencia por los recursos, y conflictos y desplazamientos de población, todo ello relacionado con una amplia variedad de abusos contra los derechos humanos.
Lo contaminación del aire directamente relacionada con la quema de combustibles fósiles contribuyó a la muerte de 1,2 millones de personas en 2020. Las comunidades que viven cerca de instalaciones de explotación de combustibles fósiles se ven a menudo directamente perjudicadas por contaminantes que se sabe que causan enfermedades respiratorias, consecuencias nefastas para el embarazo, afecciones cardiovasculares y determinados tipos de cáncer. La minería de carbón y la fracturación hidráulica generan residuos tóxicos que contaminan las fuentes de agua. La quema de gas libera contaminantes atmosféricos tóxicos. Es frecuente que las personas que viven en “zonas de sacrificio”, más expuestas a estos perjuicios, sufran formas combinadas de discriminación.
La exploración, producción y transporte de combustibles fósiles a menudo conlleva una contaminación devastadora y la degradación del medioambiente. Amnistía Internacional lleva decenios documentando vertidos de petróleo y los perjuicios resultantes que sufren las comunidades del delta del Níger, donde Shell y otras empresas han socavado sus derechos humanos a un nivel de vida adecuado, a agua potable y a la salud, y les han negado reparación efectiva.
Los pueblos indígenas se ven desproporcionadamente afectados porque la mayoría de los recursos de combustibles fósiles que quedan en el planeta se encuentran bajo sus tierras ancestrales, y las empresas que los explotan vulneran con frecuencia los derechos de estas comunidades a la información, a la participación pública y al consentimiento libre, previo e informado. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha mostrado que las comunidades adivasis afectadas por la minería de carbón en la India rara vez son consultadas adecuadamente antes de que sus tierras sean adquiridas, sus ecosistemas, diezmados, y sus medios de vida, puestos en peligro.
El derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible fue reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021 y en la Asamblea General de la ONU en 2022, y está consagrado en las constituciones nacionales de más de 100 países. Los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU reconocen explícitamente que las empresas tienen la responsabilidad de “no hacer daño”.
Personas que defienden los derechos ambientales, incluidas las que se oponen a la producción y el uso de combustibles fósiles, se han visto sometidas a ataques cada vez más frecuentes e incluso han muerto de manera violenta por su labor de incidencia en los últimos años. Algunas empresas del sector de los combustibles fósiles han tratado de silenciar a los defensores y defensoras del clima mediante el uso de las “demandas estratégicas contra la participación pública” (SLAPP, por sus siglas en inglés).
Las empresas del sector de los combustibles fósiles han financiado a grupos consultivos a fin de que redacten y propongan legislación para reprimir o criminalizar a las personas que se manifiestan en favor del clima y el medioambiente. Amnistía Internacional hace campaña para proteger el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Muchas empresas del sector de los combustibles fósiles tratan de influir en la opinión pública a través del “maquillaje verde” y la desinformación, evaden la regulación mediante la captación de apoyos de legisladores y reguladores, e influyen en foros multilaterales como las COP, que pueden retrasar las acciones de los Estados a la hora de abordar la crisis climática. La COP28 la preside Sultan al Jaber, director ejecutivo de la empresa petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos, lo que plantea un claro conflicto de intereses.
El informe Combustibles letales recomienda que todos los recursos de combustibles fósiles actualmente sin explotar permanezcan para siempre bajo tierra. Los países industrializados y otros países del G20 que son grandes emisores de gases de efecto invernadero, así como Estados de elevados ingresos productores de combustibles fósiles, deben ponerse rápidamente a la cabeza del proceso, deteniendo la expansión de la producción de petróleo, gas y carbón. Los demás países deberán seguir después su ejemplo. Además, debe reducirse significativamente la extracción de combustibles fósiles con fines no energéticos, por ejemplo, para la fabricación de plásticos.
Las enormes subvenciones que los Estados desembolsan para apoyar el uso y la producción de combustibles fósiles deben terminar mediante un proceso que garantice que haya establecidas protecciones sociales adecuadas para proteger a las personas más pobres y marginadas.
No se puede permitir a las empresas energéticas y del sector de los combustibles fósiles que se basen en tecnologías no probadas, como la captura y el almacenamiento de carbono, con frecuencia promovidos por sus grupos de presión, para retrasar el cambio. Deben abstenerse de ejercer presión sobre los legisladores, y de recurrir al “maquillaje verde”, porque dificultan aún más el acceso de la ciudadanía a información precisa sobre la ciencia climática.
Las instituciones financieras deben dejar de invertir en nuevas actividades que provocan la expansión de los combustibles fósiles, y eliminar gradualmente la financiación existente en un plazo que se ajuste al objetivo acordado internacionalmente para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C este siglo.
Los países desarrollados, históricamente los mayores emisores de gases de efecto invernadero, deben cumplir sus compromisos de proporcionar financiación climática adecuada a los países en desarrollo para conseguir una eliminación gradual, equitativa y compatible con los derechos humanos de la producción de combustibles fósiles en todo el mundo, facilitando una transición justa a fuentes de energía renovables.
La cumbre del clima COP28 se celebra del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores productores del mundo de petróleo y gas. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, asistirá del 1 al 6 de diciembre.
Tags: Global, Derechos Humanos, Cambio climático.
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