IRÁN: AUMENTAN EN LAS PROTESTAS LOS MUERTOS Y HERIDOS EN EL NUEVO CICLO DE DERRAMAMIENTO DE SANGRE DESATADO POR LAS AUTORIDADES

Las fuerzas de seguridad han detenido arbitrariamente a cientos de manifestantes, algunos de sólo 14 años, durante la dispersión de las protestas y en allanamientos nocturnos de viviendas. Algunas de estas personas fueron sacadas de los hospitales

Desde el 28 de diciembre de 2025, las autoridades iraníes han desatado una sangrienta represión contra quienes se manifiestan en todo el país, caracterizada por el uso ilegítimo de la fuerza y de armas de fuego y las detenciones arbitrarias masivas por las fuerzas de seguridad, han afirmado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Las conclusiones de ambas organizaciones revelan que las fuerzas de seguridad, incluidas la Guardia Revolucionaria Islámica y las fuerzas policiales de Irán, conocidas por su acrónimo persa, FARAJA, han hecho uso ilegítimo de rifles, escopetas cargadas con perdigones, cañones de agua, gas lacrimógeno y palizas para dispersar, intimidar y castigar a manifestantes en gran medida pacíficos.

La represión se ha saldado con la muerte de al menos 28 manifestantes y transeúntes, en algunos casos menores de edad, en 13 ciudades de ocho provincias entre el 31 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, según información fidedigna reunida por Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

“Las personas que se atreven a expresar en Irán su descontento por décadas de represión y a reclamar cambios profundos se enfrentan una vez más a una constante ilícita y mortífera de disparos, persecución, detención y palizas de las fuerzas de seguridad contra quienes se manifiestan, en escenas que recuerdan el levantamiento “Mujer Vida Libertad” de 2022. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional, máximo organismo de seguridad de Irán, debe ordenar con carácter inmediato a las fuerzas de seguridad que pongan fin al uso ilegítimode la fuerza y de armas de fuego”, ha declarado Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Las protestas estallaron el 28 de diciembre de 2025 tras la fuerte caída de la moneda nacional, en el marco de una altísima inflación, mala gestión crónica de servicios esenciales por el Estado, incluido el acceso al agua, y deterioro de las condiciones de vida. Partiendo del cierre de comercios y huelgas en el Gran Bazar de Teherán, las protestas se extendieron con rapidez por todo el país y derivaron en manifestaciones callejeras en las que se pidió la caída del sistema de la República Islámica y se reclamaron derechos humanos, dignidad y libertad. Las autoridades respondieron con dispersiones violentas y detenciones masivas, tras las cuales ya hay cientos de personas detenidas arbitrariamente que corren el riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.

“La frecuencia y la persistencia con que las fuerzas de seguridad iraníes han hecho uso ilegítimo de la fuerza, incluida fuerza letal, contra las personas que se manifiestan, unidas a la impunidad sistemática de los miembros de las fuerzas de seguridad que cometen violaciones graves de derechos humanos, indican que el uso de ese tipo de armas para aplastar las protestas continúa arraigado como política del Estado”, ha declarado Michael Page, director adjunto para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han hablado con 26 personas —manifestantes, testigos, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y un profesional de la medicina—, han examinado declaraciones oficiales y han analizado decenas de vídeos verificados que se han publicado en Internet o se han hecho llegar a las organizaciones. Un patólogo independiente consultado por Amnistía Internacional examinó imágenes de manifestantes muertos o heridos.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional, máximo organismo de seguridad de Irán, debe ordenar con carácter inmediato a las fuerzas de seguridad que pongan fin al uso ilegítimo de la fuerza y de armas de fuego. 

Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África

Altos cargos públicos han demonizado a quienes protestan tildándolos de “agitadores” y han prometido una represión “firme”.

El 3 de enero de 2026, día en el que las fuerzas de seguridad mataron a un mínimo de 11 manifestantes, el líder supremo Ali Jamenei afirmó: “Los agitadores deben ser puestos en su lugar”. El mismo día, el cuerpo provincial de la Guardia Revolucionaria Islámica de la provincia de Lorestán declaró que el periodo de “tolerancia” había terminado, y se comprometió a actuar contra “agitadores, organizadores y líderes de los movimientos contra la seguridad […] sin indulgencia”.

El 5 de enero de 2026, el presidente de la Magistratura también ordenó a los fiscales que no muestren “ninguna indulgencia” con los manifestantes y que aceleren sus juicios.

Los Estados miembros de la ONU y los organismos regionales, como la Unión Europea, deben emitir condenas públicas inequívocas y tomar medidas diplomáticas urgentes para presionar a las autoridades iraníes para que pongan fin al derramamiento de sangre, han manifestado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Dado el clima de impunidad sistémica reinante, que ha permitido a las autoridades iraníes cometer reiteradamente crímenes de derecho internacional documentados por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, incluidos asesinatos, tortura, violaciones y desapariciones forzadas, para eliminar y castigar la disidencia, las organizaciones piden a las autoridades del ministerio público de otros países que abran investigaciones penales en virtud del principio de jurisdicción universal, con el objetivo de dictar órdenes de detención de los presuntos responsables.

Uso ilegítimo de la fuerza y homicidios

Las 28 víctimas fueron abatidas por disparos de las fuerzas de seguridad, incluso con perdigones disparados por escopetas. Fieles a las constantes bien documentadas de negación y silenciamiento del Estado, las autoridades han negado su responsabilidad en los homicidios. Las autoridades han obligado a las familias de algunas de las víctimas a aparecer en medios de comunicación estatales culpando de las muertes a accidentes o a manifestantes, y las amenazaron con represalias y entierros en secreto de sus seres queridos si no obedecían.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han concluido que las personas que se manifestaban eran en gran medida pacíficas. Aunque las organizaciones han examinado algunos materiales filmados e informes que indican que algunos manifestantes participaron en actos de violencia, en ninguno de los incidentes de disparos que han investigado hubo ninguna amenaza para la vida o de lesiones graves que justificara el uso de armas de fuego.

Según datos reunidos por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, las provincias de Lorestán e Ilam, donde viven las minorías étnicas kurda y luri, sufrieron la represión más mortífera, con al menos ocho personas muertas en Lorestán y cinco en Ilam. Otras provincias donde tuvieron lugar los homicidios entre el 31 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026 fueron Chahar Mahal y Bajtiarí, Fars y Kermanshah, con un mínimo de cuatro personas muertas en cada una, así como Isfahán, Hamedán y Qom, con una persona fallecida en cada caso.

Una manifestante de Azna, provincia de Lorestán, explicó a Amnistía Internacional que la noche del 1 de enero de 2026, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes pacíficos cerca de la oficina del gobernador del condado en la plaza Azadegán. Esta persona compartió un vídeo, que las organizaciones verificaron, en el que un agente de la Guardia Revolucionaria Islámica disparaba contra manifestantes. Cuando la multitud se dispersó, algunos manifestantes se reagruparon en el exterior de una comisaría de policía cercana, donde las fuerzas de seguridad volvieron a abrir fuego.

Videos verificados que se publicaron en Internet el 1 de enero de 2026 muestran a manifestantes en el exterior de la comisaría coreando consignas. Los sonidos de los disparos pueden oírse al menos en uno de los vídeos verificados.

La información examinada indica que al menos seis manifestantes resultaron muertos en Azna, entre ellos Vahab Mousavi, Mostafa Falahi, Shayan Asadollahi, Ahmadreza Amani y Reza Moradi Abdolvand. Las autoridades siguen reteniendo el cuerpo de Taha Safari, de 16 años, a quien en principio se dio por desaparecido. Una fuente bien informada informó a Amnistía Internacional de que el 3 de enero de 2026, familiares de Taha Safari acudieron a una comisaría de policía para interesarse por su paradero y un agente les mostró fotografías de varias personas fallecidas; la familia identificó a Taha Safari entre ellas. La imagen de su cuerpo presentaba graves heridas visibles en la cabeza.

Un manifestante de Malekshahi, provincia de Ilam, dijo a Amnistía Internacional que la tarde del 3 de enero de 2026, cientos de manifestantes pacíficos marcharon desde la plaza Shohada hacia una base de la Guardia Revolucionaria Islámica en Basij:

“Agentes de la Guardia Revolucionaria Islámica abrieron fuego desde dentro de la base, dispararon […] sin tener en cuenta a quién disparaban. […] Tres o cuatro personas murieron en el acto, y muchas más resultaron heridas. Los manifestantes iban totalmente desarmados.”

Dos vídeos verificados de Malekshahi, grabados por la tarde, muestran a manifestantes en el exterior de la base de Basij, huyendo entre las detonaciones de los disparos. En otro vídeo publicado en Internet aparecen seis agentes dentro de la base, de los que al menos uno dispara un arma contra manifestantes. En dos vídeos se ve a tres víctimas con heridas visibles, inmóviles.

Fuentes bien informadas afirmaron que tres manifestantes —Reza Azimzadeh, Latif Karimi y Mehdi Emamipour— murieron en el acto. Otros dos, Fares (Mohsen) Agha Mohammadi y Mohammad Reza Karami, murieron después a causa de las heridas que habían sufrido.

En la zona de Jafarabad, en Kermanshah, provincia de Kermanshah, Reza Ghanbary y dos hermanos, Rasoul Kadivarian y Reza Kadivarian, resultaron mortalmente heridos por disparos el 3 de enero de 2026. Una persona defensora de los derechos humanos afirmó que agentes vestidos de civil, que habían llegado en tres vehículos blancos, dispararon perdigones contra los hermanos, que formaban parte de un grupo de manifestantes que intentaban bloquear una vía pública.

En la provincia de Chahar Mahal y Bajtiarí, Ahmad Jalil y Sajad Valamanesh murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas que tuvieron lugar en Lordegán el 1 de enero de 2026, y Soroush Soleimani en Hafsheján el 3 de enero de 2026, según la información recibida de una persona defensora de los derechos humanos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han examinado imágenes de sus cuerpos, que presentan en sus torsos los clásicos patrones de rociado de las heridas de perdigones.

Manifestantes gravemente heridos

Las organizaciones han documentado daños en gran escala derivados del uso generalizado de perdigones disparados con escopetas, incluidas lesiones en la cabeza y los ojos, así como heridas causadas por golpes y disparos de rifles.

Un manifestante de Dehdasht, provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, señaló que las fuerzas de seguridad le habían disparado durante las protestas del 3 de enero de 2026. Por miedo a ser detenido, evitó la atención hospitalaria pese al riesgo de perder una pierna. Un patólogo independiente consultado por Amnistía Internacional que examinó una fotografía de la lesión sufrida por el manifestante señaló que podía haber sido causada por una única herida de perdigón de escopeta.

El 6 de enero de 2026, un fotógrafo de la ciudad de Ilam publicó en las redes sociales un vídeo en el que su cara aparecía cubierta de heridas de perdigones. Mostrando un perdigón a la cámara, dijo que las fuerzas de seguridad utilizan munición de caza contra quienes se manifiestan: “Matar a un ser humano es un juego para ellos. Piensan que somos presas y ellos son cazadores.”

Una mujer de la ciudad de Isfahán dijo a Amnistía Internacional que un agente la empujó al suelo y le pisoteó la espalda cuando huía de las fuerzas de seguridad que estaban dispersando violentamente a manifestantes. La mujer compartió imágenes en las que se veía su cara ensangrentada y con múltiples abrasiones.

“Cuando más forcejeaba yo, más fuerte presionaba él”, dijo. “No podía moverme. Grité pero me dijo que me callara.”

Las organizaciones han concluido que la presencia de las fuerzas de seguridad en los hospitales ha disuadido a muchas personas manifestantes heridas de tratar de obtener atención médica, lo que aumenta el riesgo de muerte. Según una persona defensora de los derechos humanos, Mohsen Armak murió en Hafsheján, provincia de Chahar Mahal y Bajtiarí, donde lo llevaron a una granja pecuaria en lugar de a un hospital tras resultar herido por un perdigón el 3 de enero.

El 4 de enero de 2026, las Fuerzas Especiales de FARAJA y la Guardia Revolucionaria Islámica atacaron el Hospital Imán Jomeini de Ilam, donde hirieron a manifestantes que recibían tratamiento. Según el testimonio de una persona defensora de los derechos humanos y material de vídeo verificado, los agentes dispararon escopetas cargadas con perdigones y gas lacrimógeno en el recinto del hospital, destrozaron puertas de vidrio y golpearon a pacientes, familiares y personal médico.

Detenciones arbitrarias masivas

Las fuerzas de seguridad han detenido arbitrariamente a cientos de manifestantes, algunos de sólo 14 años, durante la dispersión de las protestas y en allanamientos nocturnos de viviendas. Algunas de estas personas fueron sacadas de los hospitales.

Las autoridades han sometido a muchas personas a desaparición forzada y reclusión en régimen de incomunicación, lo que entraña riesgo de tortura y otros malos tratos.

Las autoridades ya han emitido en los medios “confesiones” de personas detenidas obtenidas con coacción. El 5 de enero de 2026, Tasnim News, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica, emitió “confesiones” de una mujer de 18 años y de una niña de 16, a las que acusó de “liderar disturbios”.

Las autoridades iraníes deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas únicamente por participar pacíficamente en manifestaciones o apoyar estos actos. Todas las personas detenidas deben ser protegidas frente a la tortura y otros malos tratos y tener acceso inmediato a sus familias y abogados y a la atención médica que necesiten.