¿DÓNDE ESTÁN LOS DESAPARECIDOS EN VENEZUELA?

En Venezuela, las Reglas Mandela han quedado reducidas a papel, la represión se ha tecnificado. El informe “Detenciones sin Rastro”, presentado esta semana por Amnistía Internacional, documenta lo ocurrido tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que en los días posteriores, al menos 2.229 personas fueron detenidas

Venezuela, un Estado donde desaparecer a alguien se hace ver como algo legal, cárceles convertidas en dispositivos de tortura, visitas familiares negadas, la defensa prácticamente inexistente y el juicio justo es una ilusión. La imputación por terrorismo o incitación al odio funciona como condena automática. 

Esa es una de las múltiples tragedias que debemos mirar de frente este 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, cuando el mundo recuerda las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela. Estas establecen principios esenciales para preservar la dignidad de las personas privadas de libertad, incluso en los contextos más hostiles.

La represión se normalizó

Las Reglas Mandela, rebautizadas así en 2015 en honor al líder sudafricano encarcelado 27 años por luchar contra el apartheid, representan el estándar más completo sobre las condiciones que deben regir toda privación de libertad. Regulan aspectos como alimentación, salud, visitas, acceso a la justicia, mecanismos de denuncia, uso de la fuerza y prohibición absoluta de tortura. Su aplicación cobra especial relevancia cuando se trata de personas detenidas por motivos políticos, pues allí el aparato penal del Estado se convierte en herramienta de persecución.

En Venezuela, las Reglas Mandela han quedado reducidas a papel, la represión se ha tecnificado. El informe “Detenciones sin Rastro”, presentado esta semana por Amnistía Internacional, documenta lo ocurrido tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue declarado vencedor en medio de múltiples denuncias de fraude, en los días posteriores, al menos 2.229 personas fueron detenidas. Muchas de ellas permanecieron incomunicadas; otras, directamente desaparecidas. El informe presenta 15 casos paradigmáticos y alerta que al menos 46 personas seguían desaparecidas a junio de 2025, mientras más de 900 continúan privadas de libertad por razones políticas.

Estas detenciones no responden a procesos en el marco del Estado de derecho, ocurren sin orden judicial, mediante allanamientos ilegales, capturas en vía pública o en zonas fronterizas, seguidas por la negación del paradero. Varias víctimas son trasladadas a centros clandestinos o no reconocidos oficialmente, violando el principio de registro inmediato de la detención previsto tanto en las Reglas Mandela como en tratados internacionales sobre desapariciones forzadas.

En este escenario, el Comité por la Liberación de los Presos Políticos en Venezuela ha sido clave. Su trabajo articula denuncias, visibiliza los casos más graves y ejerce presión internacional para impedir que el horror se normalice. Su labor es un recordatorio básico, nadie debería estar preso por pensar distinto, y mucho menos sin que se sepa dónde está o si sigue con vida. Todo esto en medio de la persecución que sufren también quienes buscan y abogan por sus seres queridos.

Documentar hoy en Venezuela de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, incluso contra niños y personas con discapacidad, no da cuenta de excesos, sino de un sistema carcelario funcional al aparato represivo. Como señala el informe anteriormente mencionado, estamos ante crímenes que pueden constituir delitos de lesa humanidad. No basta con liberar a una persona semanas después, la desaparición forzada se configura desde el momento en que el Estado la oculta, la priva de protección legal y la borra simbólicamente ante sus seres queridos. En contextos autoritarios, estas violaciones no son excepciones, son política.

La desaparición es una política de Estado

Al menos desde 2014, Venezuela atraviesa una de las crisis de derechos humanos más graves del continente. Tanto la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes estatales contra personas opositoras o percibidas como tales. Estos incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y, cada vez con mayor frecuencia, desapariciones forzadas.

Según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuando estas prácticas se ejecutan de forma generalizada o sistemática contra la población civil, configuran crímenes de lesa humanidad. La sistematicidad implica planificación y repetición con métodos similares; el carácter generalizado, su magnitud territorial y número de víctimas. En el caso venezolano, ambos elementos están presentes.

El informe presentado por Amnistía Internacional reporta 46 personas desaparecidas y señala que el pico más alto desde 2019 se alcanzó tras las elecciones de julio de 2024. Las detenciones ocurrieron en diversas regiones. Las víctimas fueron, en su mayoría, opositoras, periodistas, defensores de derechos humanos o ciudadanos considerados críticos al gobierno. Algunos casos incluso involucran a extranjeros detenidos bajo acusaciones infundadas de terrorismo o conspiración, lo que eleva la gravedad del patrón desde una perspectiva internacional.

Uno de los aportes más contundentes del informe es mostrar el modus operandi estatal, detenciones sin orden judicial, agentes vestidos de civil, incomunicación, negación de la detención, ausencia de registros oficiales, traslados a centros clandestinos o a cárceles conocidas pero sin informar a las familias, y negación sistemática de justicia. La desaparición, en este esquema, no solo castiga, envía un mensaje. Su fin no es solo anular a la víctima, sino infundir miedo en toda disidencia potencial.

Los nombres que resisten al olvido

La abstracción jurídica cobra rostro al nombrar a las víctimas. Una de las principales contribuciones de “Detenciones sin Rastro” es precisamente humanizar el horror, reconstruir historias, rescatar nombres. Ejemplo de ello, Danner Barajas, joven colombiano que fue detenido sin ninguna razón cuando se disponía a cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela, por el Puente Internacional José Antonio Páez, para pasar unos meses con su familia en el estado Cojedes. Su familia ha enfrentado el silencio institucional tanto del Estado venezolano como del colombiano. Su caso, como el de otros presos colombianos acusados de conspiración, deja en evidencia la gravedad de una diplomacia más preocupada por no incomodar que por defender a sus propios nacionales.

Estas denuncias públicas son más que una denuncia, son alertas y una hoja de ruta para la acción. No se puede seguir tratando esta situación como un asunto interno ni una disputa ideológica. Estamos frente a crímenes internacionales que comprometen la obligación de actuar.

Amnistía Internacional ha emitido recomendaciones claras, los Estados, especialmente los que han ratificado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y el Estatuto de Roma, deben intensificar el monitoreo de la situación en Venezuela y brindar respaldo político, técnico y financiero a mecanismos independientes como la Misión Internacional de Determinación de los Hechos. También deben activar canales diplomáticos firmes para exigir la liberación de personas detenidas arbitrariamente y la presentación inmediata de las desaparecidas, incluidas aquellas con nacionalidad propia.

Asimismo, deben fortalecer el mandato de la Corte Penal Internacional, colaborando con la Fiscalía en la recolección de pruebas y la protección de víctimas. Cualquier acuerdo que implique impunidad electoral, comercial o diplomático debe evitarse, pues vulnera los derechos de las víctimas. Es imprescindible proteger el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos, dentro y fuera del país.

El silencio también desaparece

Este llamado es urgente, especialmente para Colombia, que tiene al menos diez ciudadanos desaparecidos forzadamente en Venezuela, el Estado colombiano no puede limitarse a notas diplomáticas. Tiene el deber jurídico y la responsabilidad moral de activar todos los mecanismos disponibles. Guardar silencio debilita su legitimidad como defensor regional de los derechos humanos.

Este 18 de julio, el mundo evocará el legado de Nelson Mandela. Se citarán frases, se celebrarán eventos, se renovarán compromisos, pero para que esas palabras tengan sentido, hay que mirar a Venezuela. Las Reglas Mandela no son solo normas penitenciarias, son una declaración de principios y cuando se violan sistemáticamente, como ocurre en Venezuela, cada Estado, cada organismo, cada ciudadano tiene la obligación de actuar. La pregunta sigue siendo sencilla, pero urgente, ¿Dónde están? Porque los nombres de los responsables ya los conocemos.

Publicado originalmente en https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-venezuela/donde-estan-los-desaparecidos-en-venezuela/

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