LA OSCURA SOMBRA DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN VENEZUELA: ATAQUE SISTEMÁTICO A LA DISIDENCIA

Amnistía Internacional ha determinado que estas desapariciones forzadas son parte de un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, lo que las califica como crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma

*Entrevista a Pilar Sanmartín

Coordinadora de Crisis de Amnistía Internacional para las Américas

Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela ha visto un escalofriante repunte de las desapariciones forzadas. Al respecto, Amnistía Internacional ha lanzado su más reciente informe: “Detenciones Sin Rastro: El Crimen de desaparición forazada en Venezuela”, en el que se analizan 15 casos que revelan un patrón alarmante que va más allá de incidentes aislados: se trata de una política de represión sistemática a la disidencia, que ha intensificado la ya precaria situación de los derechos humanos en el país.

Los 15 casos de desapariciones forzadas documentados desde las últimas elecciones permiten concluir que las desapariciones forzadas no son fortuitas; poseen un claro móvil político. Las víctimas en general son personas que han manifestado algún tipo de disidencia, crítica u oposición al gobierno venezolano o su detención juegan un rol en la narrativa política oficial.

“Tenemos casos muy representativos. Por ejemplo, el de Rory Branker, editor del medio digital La Patilla, que ha sido crítico del gobierno; Alfredo Díaz, exgobernador y dirigente político opositor; o Eduardo Torres, abogado de la organización de derechos humanos PROVEA. Todos ellos comparten un perfil claro: representan voces incómodas para el poder”, indicó Pilar Sanmartín, Coordinadora de Crisis de Amnistía Internacional para las Américas.

Silencio cómplice y la negación de justicia

De las 15 personas investigadas, 11 siguen con paradero desconocido. Ante la desaparición forzada, la responsabilidad del Estado es ineludible: “no solo debe abstenerse de cometer este crimen, sino que tiene la obligación activa de dar a conocer la ubicación, situación jurídica y suerte de las personas desaparecidas, además de por supuesto tener que investigar y sancionar a quienes hubiesen incurrido en esta práctica sin importar su rango. El incumplimiento de estas obligaciones es una grave violación de derechos humanos”, explicó Sanmartín.

Entre los deberes más urgentes se encuentra el de informar sin demora sobre la detención, suerte y paradero de la persona. Para ello, son esenciales los registros confiables y públicos de detención, así como el acceso a recursos judiciales efectivos como el habeas corpus. Sin embargo, la realidad en Venezuela es que este recurso es, en la práctica, inexistente. Los tribunales rara vez lo aceptan a trámite, y cuando lo hacen, las familias no obtienen respuesta. Sanmartín enfatizó en que esta ineficacia no es una negligencia, sino una decisión deliberada para bloquear el recurso, impidiendo que las familias localicen a sus seres queridos y facilitando la impunidad de las desapariciones. Es, por tanto, un elemento clave de la política represiva estatal.

Las familias de las personas desaparecidas también tienen derecho a la verdad, a ser informadas sobre cualquier novedad, a ser reconocidas como víctimas directas y a participar en los procesos judiciales y labores de búsqueda, además de recibir medidas de reparación integral. “En un contexto de persecución como el venezolano, la protección de quienes denuncian estos crímenes, junto con testigos, allegados y defensores, es fundamental para garantizar que no sean víctimas de violaciones de derechos humanos”.

Ataque sistémico a la población civil

Amnistía Internacional ha determinado que estas desapariciones forzadas son parte de un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, lo que las califica como crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma. Desde el informe "Hambre de Justicia" en 2019, la organización ya advertía sobre la perpetración de tales crímenes en Venezuela desde 2014, con un patrón de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, todo ello parte de una política estatal para castigar la disidencia.

Sanmartín sostiene que este ataque no ha cesado; se ha mantenido en el tiempo, variando en intensidad, pero siempre vinculado a los momentos políticos cruciales. Se observa una continuidad en prácticas como la detención arbitraria, la tortura y la estigmatización con fines de persecución, afectando a un número muy elevado de personas. El informe "Detenciones sin Rastro" documenta esta nueva intensificación de la política represiva, coincidiendo con las elecciones de 2024, donde al menos 25 personas perdieron la vida, más de 2.200 fueron detenidas arbitrariamente y se presume que cientos fueron víctimas de desaparición forzada. Por ello, Amnistía Internacional sostiene que estos hechos, al cumplir con los elementos del crimen de lesa humanidad, deben ser tomados en cuenta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en su investigación Venezuela I.

En Venezuela, el poder judicial, particularmente los denominados "Tribunales contra el Terrorismo", el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, han sido instrumentalizados para dar una apariencia de legalidad a procedimientos arbitrarios, facilitando las desapariciones forzadas. “Las audiencias de control de detención, o audiencias de presentación, se realizan de forma secreta, sin notificación a familiares ni abogados, lo que significa que solo los agentes estatales conozcan la situación de la persona detenida. Además, avalan la continuación del proceso penal incluso cuando las detenciones son arbitrarias y carecen de fundamento legal o la persona detenida no cuenta con las garantías básicas del debido proceso. Asimismo, este tipo de procedimientos irregulares no exigen a los centros de detención la confirmación oficial de la presencia de la persona bajo su custodia, lo que contribuye directamente al ocultamiento de su paradero”, detalló Sanmartín.

Por su parte, la Fiscalía actúa como un brazo ejecutor de la política de persecución, señaló. “En muchos casos documentados, ha tenido un rol clave en la instrucción de detenciones, la fabricación de pruebas y la imputación de delitos graves como terrorismo, simplemente por el ejercicio de la crítica política. La falta de actuación de la Fiscalía frente a denuncias de desaparición forzada y tortura es una clara señal de su rol dentro de esta política represiva, ya que el derecho internacional le exige, no sólo no desaparecer forzadamente a las personas, sino también abrir investigaciones de oficio y sin dilación, incluso en ausencia de una denuncia formal”.

Extranjeros como moneda de cambio

Un patrón particularmente inquietante involucra a ciudadanos extranjeros. Sus desapariciones también tienen una motivación política, ya que parecen ser utilizadas como moneda de cambio o como una herramienta para “ejercer presión sobre otros Estados y de paso reforzar la narrativa oficial de conspiraciones internacionales contra Venezuela”. “Los casos de los turistas españoles Andrés Martínez y Jose María Basoa, acusados de un presunto complot contra el gobierno, son un claro ejemplo de esta táctica”, indicó. Esta escalada de represión, aunque fluctuante, mantiene una continuidad con prácticas represivas documentadas desde 2014, ligadas siempre a momentos clave del contexto político venezolano.

La respuesta de los países de origen varía drásticamente. Mientras algunos gobiernos muestran mayor disposición para interceder por sus ciudadanos, otros consulados son pasivos o carecen de presencia en Venezuela, como es el caso de Ucrania, en plena guerra de agresión por parte de Rusia, que no puede brindar apoyo efectivo a sus ciudadanos detenidos. “Para estas familias, la incertidumbre es absoluta. Desconocen el contexto político y legal venezolano, lo que dificulta entender qué acciones deben emprender. La distancia geográfica también es un impedimento enorme para acceder a centros de detención o realizar gestiones. Aunque algunos logran avanzar a través de abogados, la complejidad y trabas del sistema venezolano y la lejanía hacen que el proceso sea extremadamente difícil”.

Llamado a la justicia internacional

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha hecho un enérgico llamado a la Fiscalía de la CPI para que avance “de manera firme e incluya el crimen de desaparición forzada en su investigación sobre Venezuela”. Sin embargo, este proceso enfrenta obstáculos significativos. Uno de los más preocupantes son las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el Fiscal de la CPI, Karim Khan. Estas sanciones no solo lo afectan personalmente, sino que se extienden a cualquier persona física o jurídica que colabore con él financiera, técnica o materialmente. Esto representa una clara interferencia en el funcionamiento de la Corte y busca socavar su independencia.

“Es fundamental que la CPI cuente con los recursos necesarios para ejercer su mandato de manera autónoma y libre de presiones políticas. Por ello, se hace un llamado urgente a los Estados Parte a mantener e incluso incrementar su financiamiento, garantizando así la continuidad de investigaciones y procesos clave como el caso Venezuela I”, recalcó Sanmartín.

A los Estados que han remitido la situación de Venezuela ante la CPI, se les pide que mantengan su compromiso con la investigación, colaboren activamente con la Fiscalía y brinden apoyo a las medidas de protección de víctimas y testigos. Su respaldo es crucial para que se haga justicia.

Finalmente, en caso de que se emitan órdenes de aprehensión contra presuntos responsables, se insta a todos los Estados a cumplir con su obligación de cooperación, deteniéndolos y poniéndolos a disposición de la CPI si se encuentran en su territorio. El "doloroso recorrido" de las familias en busca de sus seres queridos desaparecidos es una prueba fehaciente de la urgencia de que la comunidad internacional actúe con decisión.