La suspensión abrupta, caótica y generalizada de la ayuda exterior estadounidense llevada a cabo por el gobierno de Trump pone en peligro millones de vidas y derechos humanos en todo el planeta. En su informe de investigación Lives at Risk , hecho público hoy, Amnistía Internacional examina la manera en que los recortes han detenido en el mundo entero programas fundamentales, muchos de los cuales proporcionaban atención médica esencial, seguridad alimentaria, cobijo, servicios médicos y ayuda humanitaria a personas en situaciones extremadamente vulnerables, entre ellas mujeres, niñas, supervivientes de violencia sexual y otros grupos marginados, así como personas refugiadas y personas que buscan seguridad.
Los recortes se han realizado como respuesta a la orden ejecutiva “Reevaluating and Realigning United States Foreign Aid” (Reevaluación y realineación de la ayuda exterior de Estados Unidos), dictada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, así como a otras órdenes ejecutivas que establecían recortes para grupos y programas específicos. En su testimonio del 21 y 22 de mayo tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes estadounidenses, el secretario de Estado Marco Rubio dio respuestas débiles o incompletas sobre el grave impacto de la implementación de esta orden en los derechos humanos, en contra de los datos recopilados por Amnistía y otras organizaciones. Rubio incluso aseguró erróneamente que no ha habido muertes asociadas a estos recortes. Habida cuenta de la magnitud de los recortes, la cantidad y extensión de modelos sólidos que predicen una mortalidad sustancial, y el hecho de que ya se han documentado muertes, la aseveración de que estos recortes no han provocado ninguna muerte es contraria a toda lógica.
“Esta abrupta decisión y su caótica implementación por parte del gobierno de Trump son temerarias y profundamente dañinas”, ha manifestado Amanda Klasing, directora nacional de relaciones institucionales y gubernamentales de Amnistía Internacional Estados Unidos. “La decisión de recortar estos programas de manera tan brusca y tan opaca viola el derecho internacional de los derechos humanos que Estados Unidos está obligado a cumplir y socava decenios de liderazgo estadounidense en iniciativas humanitarias y de desarrollo globales. Aunque la financiación estadounidense a lo largo de décadas ha tenido una relación compleja con los derechos humanos, la magnitud y lo repentino de estos recortes han creado un vacío que amenaza vidas y que otros gobiernos y organizaciones de ayuda no pueden, de forma realista, llenar de forma inmediata; esto viola el derecho a la vida, la salud y la dignidad de millones de personas.”
Esta abrupta decisión y su caótica implementación por parte del gobierno de Trump son temerarias y profundamente dañinas. […] La magnitud y Lo repentino de estos recortes han creado un vacío que amenaza vidas y que otros gobiernos y organizaciones de ayuda no pueden, de forma realista, llenar de forma inmediata; esto viola el derecho a la vida, la salud y la dignidad de millones de personas.
Amanda Klasing, directora nacional de relaciones institucionales y gubernamentales de Amnistía Internacional Estados Unidos
Dos ámbitos especialmente perjudicados globalmente por los recortes son la reducción forzada —o incluso el cierre total— de programas que garantizaban atención médica y tratamiento a personas marginadas y de programas que prestaban apoyo a personas migrantes y personas que buscan seguridad en todo el mundo.
El gobierno estadounidense lleva mucho tiempo siendo un financiador clave de la salud mundial, con inversiones en prevención del VIH, programas de vacunación, salud materna, ayuda humanitaria y otros sectores. Desde la abrupta suspensión, por parte del presidente Trump, de la ayuda en múltiples países, muchos servicios de salud fundamentales se han suspendido o cerrado. Por ejemplo:
Los recortes en financiación a albergues y grupos que prestan servicios esenciales a personas migrantes, especialmente las que se encuentran en situaciones peligrosas o difíciles, entre ellas personas refugiadas, solicitantes de asilo o internamente desplazadas, han sido generalizados y devastadores.
“El derecho a buscar seguridad está protegido por el derecho internacional, que Estados Unidos está obligado a cumplir”, ha manifestado Amanda Klasing. “Estos abruptos cortes de la financiación ponen ese derecho en peligro al socavar el apoyo humanitario y la infraestructura que permiten a personas de todo el mundo que se han visto obligadas a desplazarse acceder a la protección, y ponen en grave peligro a personas ya de por sí marginadas. Pedimos al gobierno de Estados Unidos que restaure la financiación de inmediato.”
El derecho a buscar seguridad está protegido por el derecho internacional, que Estados Unidos está obligado a cumplir. Estos abruptos cortes de la financiación ponen ese derecho en peligro al socavar el apoyo humanitario y la infraestructura que permiten a personas de todo el mundo que se han visto obligadas a desplazarse acceder a la protección, y ponen en grave peligro a personas ya de por sí marginadas. Pedimos al gobierno de Estados Unidos que restaure la financiación de inmediato.
Amanda Klasing, directora nacional de relaciones institucionales y gubernamentales de Amnistía Internacional Estados Unidos
La acción unilateral del gobierno de Trump para detener la financiación de programas existentes y abstenerse de gastar los fondos asignados eludió la supervisión del Congreso, lo cual es contrario a la legislación estadounidense, y se produjo junto con un retroceso más amplio de la participación de Estados Unidos en instituciones multilaterales, incluidos los anuncios de retirar la financiación o retirar al país del Acuerdo de París sobre el cambio climático, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Consejo de Derechos Humanos, y de reevaluar la pertenencia a la UNESCO y a la Agencia de las Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
Amnistía Internacional insta al gobierno de Trump a restaurar la ayuda exterior, ya sea mediante el proceso de excepción o por otra vía, a programas cuyo recorte de financiación caótico y abrupto ha dañado los derechos humanos, y lo insta también a garantizar que la asistencia futura se administra de forma coherente con el derecho y las normas de derechos humanos.
Amnistía pide al Congreso que siga financiando con solidez la ayuda exterior y rechace toda petición del gobierno de codificar los recortes de ayuda exterior mediante la rescisión; le pide también que garantice que toda la ayuda exterior estadounidense sigue siendo coherente con los principios humanitarios y de derechos humanos y se asigna de acuerdo con las necesidades. El Congreso debe utilizar todos los mecanismos de supervisión disponibles para garantizar que el uso de la ayuda exterior por parte del gobierno no contribuye a dañar los derechos humanos.
Además, el gobierno de Trump y el Congreso deben trabajar juntos para garantizar que cualquier cambio en la ayuda exterior se lleve a cabo con transparencia, en consulta con las comunidades afectadas, la sociedad civil y los socios internacionales, y deben cumplir el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluidos los principios de legalidad, necesidad y no discriminación.
Todos los Estados en situación de hacerlo deben cumplir con las obligaciones que han contraído en virtud de la Resolución 2626 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los foros de alto nivel subsiguientes comprometiendo al menos el 0,7% del ingreso nacional bruto a ayuda exterior, sin discriminación. Como parte de las medidas para cumplir este objetivo, los Estados donantes deben incrementar su apoyo cuando sea posible para ayudar a cubrir las brechas críticas de financiación causadas por la abrupta suspensión de la ayuda estadounidense y garantizar que se sigue avanzando en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y en una respuesta humanitaria efectiva en todo el mundo.
“Es falso que el gobierno estadounidense tenga que elegir entre abordar las necesidades económicas de su población o el alza del coste de vida aquí en Estados Unidos, y la ayuda humanitaria y al desarrollo en el extranjero”, ha declarado Amanda Klasing. “La ayuda exterior representa aproximadamente un uno por ciento del presupuesto estadounidense, y Estados Unidos tiene una responsabilidad y un interés globales en proporcionar ayuda a las personas más marginadas. Como uno de los países más ricos del mundo, con un historial de proporcionar la mayor cantidad de ayuda exterior, nuestro análisis muestra que esta caótica retirada de la cooperación multilateral es en la práctica cruel y pone en peligro la vida y los derechos de millones de personas, especialmente mujeres y niñas de Afganistán, personas refugiadas en la frontera de Tailandia y Myanmar, niños y niñas supervivientes de violencia sexual en Haití, y otras poblaciones marginadas que ya se enfrentan a crisis. El gobierno estadounidense puede —y debe— hacerlo mejor.”
Es falso que el gobierno estadounidense tenga que elegir entre abordar las necesidades económicas de su población o el alza del coste de vida aquí en Estados Unidos, y la ayuda humanitaria y al desarrollo en el extranjero. La ayuda exterior representa aproximadamente un uno por ciento del presupuesto estadounidense, y Estados Unidos tiene una responsabilidad y un interés globales en proporcionar ayuda a las personas más marginadas. […] El gobierno estadounidense puede —y debe— hacerlo mejor.
Amanda Klasing, directora nacional de relaciones institucionales y gubernamentales de Amnistía Internacional Estados Unidos
Si desean más información, pónganse en contacto con press@amnesty.org y media@aiusa.org.
Tags: ACTIVISTAS Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASENTAMIENTOS PRECARIOS Y EL DERECHO A LA VIVIENDA, DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, CENSURA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
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