TAILANDIA: LA NUEVA LEY DE AMNISTÍA DEBE EXIMIR DE TODOS LOS CARGOS, INCLUIDO EL DE LESA MAJESTAD, A QUIENES SE MANIFESTARON PACÍFICAMENTE

Esta ley debe servir a los legisladores y legisladoras de Tailandia para garantizar que las autoridades que perpetraron violaciones de derechos humanos contra manifestantes no son inmunes al castigo por sus crímenes

En vísperas de la próxima votación en la Cámara de Representantes de Tailandia de cinco proyectos de ley para amnistiar delitos relacionados con actividades políticas, Chanatip Tatiyakaroonwong, investigador de Amnistía Internacional sobre Tailandia, ha declarado:

“Desde 2020, se vienen utilizando varias leyes penales y de seguridad nacional para robar su libertad a quienes se manifiestan pacíficamente en Tailandia, sólo por ejercer su derecho a alzar la voz. Es el momento de que el gobierno haga reformas.

En esta votación decisiva, los miembros de la cámara legislativa tailandesa deben asegurarse de que la nueva ley permite la retirada de todos los cargos presentados contra manifestantes pacíficos, sin excluir los basados en la ley de lesa majestad.

Además, esta ley debe servir a los legisladores y legisladoras de Tailandia para garantizar que las autoridades que perpetraron violaciones de derechos humanos contra manifestantes no son inmunes al castigo por sus crímenes.”

Información complementaria

El 9 de julio de 2025, la Cámara de Representantes de Tailandia abrió un debate sobre cinco proyectos de ley relacionados para amnistiar delitos vinculados a actividades políticas. Uno de ellos, redactado por Network for People’s Amnesty (Red para la Amnistía Popular) —coalición de 20 organizaciones de la sociedad civil—, incluye expresamente en la amnistía a las personas con cargos de lesa majestad. Este proyecto de ley ha sido respaldado por más de 36.000 personas. La Cámara someterá a votación los cinco proyectos de ley el 16 de julio.

Un punto fundamental del debate es si la nueva legislación incluirá los casos abiertos en aplicación del artículo 112 del Código Penal, que establece penas de entre tres y 15 años para la persona declarada culpable de difamar, injuriar o amenazar al rey, la reina, el heredero o el regente (todo lo cual acarrea el cargo de lesa majestad).

Varios de estos proyectos de ley también incluyen la concesión de una amnistía general a altos cargos y otros miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos, como el uso ilícito de la fuerza contra manifestantes.

Según la ONG local Thai Lawyers for Human Rights (Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos), 1.974 personas han sido acusadas en relación con protestas políticas desde que comenzaron las manifestaciones antigubernamentales lideradas por jóvenes en 2020. Un total de 280 están acusadas en virtud de la ley de lesa majestad. Al menos 51 personas permanecen bajo custodia, 32 de ellas acusadas en virtud de la ley de lesa majestad.

Amnistía Internacional ha pedido sistemáticamente a las autoridades tailandesas que retiren de forma incondicional e inmediata todos los cargos contra manifestantes pacíficos, incluidos los que están acusados en aplicación de la ley de lesa majestad, y pongan en libertad a todos los que continúan en detención.