Los documentos obtenidos por Amnistía Internacional y el Proyecto Supervisión de la Tecnología de Vigilancia (STOP, por sus siglas en inglés), un grupo de defensa de la privacidad y los derechos civiles radicado en Nueva York, tras una demanda de cinco años de duración contra el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) revela preocupantes abusos relativos a la vigilancia contra manifestantes y comunidades de color, incluido el frecuente uso de tecnología de reconocimiento facial que entraña violaciones de derechos.
El análisis llevado a cabo por Amnistía Internacional y STOP de los más de 2.700 documentos hasta la fecha revela el Departamento de Policía utilizó tecnología de reconocimiento facial en varias ocasiones, sometiendo a la población de Nueva York a tecnologías invasivas, irregulares y profundamente discriminatorias.
Los documentos revelaron además que la tecnología se había utilizado para identificar a personas basándose en informes no solicitados de gente que consideraba a determinados individuos sospechosos por el hecho de que hablaban un idioma diferente o vestían ropas culturalmente distintivas.
Nueva York promete ser una ciudad santuario, pero lo que hemos creado ha sido ni más ni menos que un estado de vigilancia.
Michelle Dahl, directora ejecutiva del Proyecto Supervisión de la Tecnología de Vigilancia
“Estas tecnologías costosas, proclives al error y sesgadas están consumiendo miles de millones de dólares. La vigilancia llevada a cabo por el Departamento de Policía pone a la población de nuestra ciudad en peligro de sufrir detenciones falsas, deportación o cosas peores. Hace ya mucho que la población de Nueva York debería ser consciente de la manera distópica en que el Departamento de Policía nos vigila a todos. Es hora de que los legisladores pasen a la acción y hagan rendir cuentas al Departamento de Policía de Nueva York, prohibiendo por ley el reconocimiento facial e imponiendo una supervisión civil auténtica.”
El reconocimiento facial viola el derecho a la privacidad mediante la extracción masiva de datos a partir de imágenes sin el conocimiento ni el consentimiento de las personas afectadas. Está impregnado de sesgo racial, afecta desproporcionadamente a las comunidades negras y de piel oscura, y mediante su efecto disuasorio suprime la protesta pacífica y la libertad de expresión. Por estos motivos, cientos de organizaciones consideran que esta tecnología es ilegal. Amnistía Internacional y STOP llevan mucho tiempo pidiendo que se prohíban el uso, el desarrollo, la producción y la venta de tecnología de reconocimiento facial con fines de identificación y vigilancia masiva por parte de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley y otras agencias gubernamentales.
En su análisis de los documentos entregados, los grupos concluyeron que la vigilancia llevada a cabo por el Departamento de Policía de Nueva York a menudo pone en peligro a comunidades marginadas. Asimismo, los registros del Departamento de Policía documentaron el establecimiento de perfiles de residentes de Nueva York basados en el idioma, la etnia y otras características protegidas.
Las conclusiones iniciales del análisis de más de 2.700 documentos del Departamento de Policía de Nueva York muestran que:
El análisis demuestra múltiples casos de discriminación y abuso mediante la utilización del reconocimiento facial, conclusión que refuerza lo que nuestra investigación anterior ha identificado sistemáticamente como un desprecio a la seguridad de las comunidades negras y de personas de piel oscura en la ciudad de Nueva York.
Matt Mahmoudi, investigador y asesor sobre inteligencia artificial y derechos humanos de Amnistía Internacional
“El Departamento de Policía de Nueva York lleva demasiado tiempo evitando el escrutinio y se ha beneficiado de una falta de transparencia para invertir ilegalmente en tecnología de reconocimiento facial, y utilizarla también ilegalmente, con el fin de limitar el derecho de las personas a la privacidad, la igualdad y la no discriminación, así como su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.”
En septiembre de 2020, Amnistía Internacional presentó una solicitud de información pública, en virtud de la Ley de Libertad de Información, para obtener los documentos del Departamento de Policía de Nueva York sobre la labor de vigilancia que había realizado de las históricas protestas del movimiento Black Lives Matter, celebradas ese mismo año. En 2021, el Departamento de Policía denegó la solicitud de Amnistía Internacional y el recurso administrativo. STOP y la empresa líder en derecho procesal Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP demandaron entonces al Departamento de Policía de Nueva York en nombre de Amnistía Internacional, y pidieron una orden judicial que obligara a entregar los documentos solicitados. En 2022, la Corte Suprema de Nueva York para el condado de Nueva York ordenó al Departamento de Policía de Nueva York que hiciera públicos más de 2.700 documentos sobre la vigilancia de BLM.
En 2022, Amnistía Internacional, STOP y entidades asociadas en la coalición neoyorkina de Ban the Scan (Veto al escaneo) revelaron que la población de Nueva York que vive en las zonas donde hay mayor probabilidad de que la policía aplique la medida de dar el alto y registrar también está más expuesta a la tecnología de reconocimiento facial. Los grupos demostraron también que las zonas de población no blanca del Bronx, Brooklyn y Queens tenían una mayor concentración de cámaras de vigilancia policiales.
En la actualidad, Amnistía Internacional, STOP y la coalición Ban the Scan están pidiendo a los miembros del ayuntamiento que prohíban el reconocimiento facial. Esta prohibición incluye dos medidas que ya han obtenido el patrocinio de una mayoría del ayuntamiento. Además, las organizaciones piden al Departamento de Policía y al alcalde de Nueva York que se comprometan a poner fin de inmediato al uso de esta tecnología discriminatoria, invasiva y proclive al error.
Tags: EEUU, Vigilancia, Ban the Scan, reconocimiento facial.
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