JUSTICIA, ENCUENTRO Y PERDÓN: EL "ESPEJISMO DE LA AMNISTÍA"

Uno de los hallazgos más alarmantes del monitoreo es la estabilización del censo de prisioneros políticos en lo que denominan una "meseta técnica". Al 16 de marzo de 2026, se contabilizaron 689 personas privadas de libertad por motivos políticos

Un reciente y exhaustivo análisis técnico realizado por la organización Justicia, Encuentro y Perdón, con el respaldo de AlertaVenezuela, pone bajo la lupa la verdadera naturaleza del sistema judicial venezolano. El informe titulado El balance de la arbitrariedad (2014-2026) sostiene que la justicia en el país ha sufrido una metamorfosis, dejando de ser un poder independiente para integrarse plenamente en una arquitectura de control social diseñada para neutralizar a la disidencia.

La investigación califica la Ley de Amnistía promulgada en febrero de 2026 como un "espejismo jurídico". Lejos de ser un paso genuino hacia la reconciliación o la reparación de las víctimas, el documento denuncia que el Estado utiliza esta normativa como un instrumento de gestión política discrecional. Bajo esta estrategia, el gobierno administra la libertad de los detenidos con el fin de mitigar la presión diplomática y obtener legitimidad internacional, mientras mantiene intactas las estructuras coercitivas que originaron las detenciones en primer lugar.

Uno de los hallazgos más alarmantes del monitoreo es la estabilización del censo de prisioneros políticos en lo que denominan una "meseta técnica". Al 16 de marzo de 2026, se contabilizaron 689 personas privadas de libertad por motivos políticos. 

El informe revela una dinámica de sustitución sistémica: las 677 salidas verificadas durante el primer trimestre del año fueron neutralizadas estadísticamente por el afloramiento de casos de "vieja data" que permanecían en el anonimato y por nuevos arrestos selectivos. Este equilibrio sugiere que el sistema no busca vaciar las cárceles, sino rotar los perfiles de detención para prolongar el miedo en la sociedad civil.

En el ámbito procesal, las organizaciones denuncian una grave subversión de la legalidad. El análisis de expedientes demuestra que, si se cumpliera rigurosamente el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), más de 300 personas deberían haber sido liberadas de inmediato por el vencimiento de los lapsos de detención preventiva o por razones humanitarias críticas. 

Sin embargo, el Estado ha optado por encuadrar estas liberaciones obligatorias dentro del marco de la amnistía. De esta forma, transmuta una obligación jurídica en un "acto de gracia política", evadiendo su responsabilidad por el retardo procesal y manteniendo a los ciudadanos bajo medidas cautelares que pueden ser revocadas en cualquier momento.

Finalmente, el informe concluye que la viabilidad de cualquier proceso de paz está supeditada al desmantelamiento del aparato represivo y al fin de la impunidad. Con un registro de 369 fallecidos por persecución política desde 2014 y casi un 40% de la población carcelaria denunciando tratos crueles o torturas, las organizaciones advierten que la amnistía de 2026 funciona solo como una fase de oxigenación para el sistema. 

Sin una auditoría independiente de centros como Ramo Verde y El Rodeo I, la vulnerabilidad jurídica de los ciudadanos seguirá impidiendo la restauración de las garantías constitucionales mínimas en el país.


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