Un año después del mortal ataque estadounidense a un centro de detención para migrantes gestionado por huzíes en Sada, noroeste de Yemen, no se han realizado progresos apreciables hacia la justicia y la reparación, y las personas que sobrevivieron aún luchan con sus severos traumas físicos y psicológicos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La organización había pedido que el ataque lanzado por fuerzas estadounidenses el 28 de abril de 2025, que mató e hirió a decenas de personas migrantes africanas, fuera investigado como un crimen de guerra, y este mes habló una vez más con seis supervivientes del ataque que contaron con detalle los costes humanos que les había supuesto.
En lugar de dar pasos creíbles para garantizar la rendición de cuentas, con medidas como investigaciones efectivas e inmediatas , o de proporcionar reparación a las personas civiles que habían resultado dañadas, el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump ha desmantelado las medidas y los mecanismos destinados a prevenir, mitigar y responder a los daños a civiles causados por operaciones militares estadounidenses en el extranjero y ha amenazado con ataques que con seguridad causarán daños devastadores a la población civil. Once meses después del ataque aéreo contra el centro de detención de migrantes yemení, un ataque aéreo ilegítimo lanzado por Estados Unidos mató a 156 personas, entre ellas 120 menores de edad, en la escuela de Minab en Irán.
El enfoque del gobierno de Trump a sus ataques aéreos en Yemen de marzo a mayo de 2025 debería haber hecho saltar las alarmas tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, pues indicaba claramente una necesidad urgente de reforzar las medidas para proteger a la población civil.
Nadia Daar, directora de Amnistía Internacional Estados Unidos
“El enfoque del gobierno de Trump a sus ataques aéreos en Yemen de marzo a mayo de 2025 debería haber hecho saltar las alarmas tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, pues indicaba claramente una necesidad urgente de reforzar las medidas para proteger a la población civil. En lugar de eso, el gobierno estadounidense ha debilitado sistemáticamente las salvaguardias, reduciendo las oficinas destinadas a mitigar los daños a civiles, al tiempo que muestra un peligroso desprecio por las vidas de civiles que corren peligro en los conflictos armados. Ante ese telón de fondo, ataques como el que lanzó contra una escuela en Minab (Irán), en el que murieron 156 personas, entre ellas 120 menores de edad, fueron una consecuencia trágicamente previsible de la falta de implementación de medidas sólidas para mitigar los daños a civiles”, ha manifestado Nadia Daar, directora de Amnistía Internacional Estados Unidos.
Un año después, las autoridades estadounidenses no han hecho rendir cuentas a nadie , y ni siquiera han aclarado el estado o el resultado de las investigaciones que habían anunciado un año antes.
Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional
Un año después, las autoridades estadounidenses no han hecho rendir cuentas a nadie, y ni siquiera han aclarado el estado o el resultado de las investigaciones que habían anunciado un año antes. A las familias de las personas muertas en el ataque al centro de detención de Yemen todavía se les sigue negando información básica sobre lo que sucedió, y sigue sin hacerse justicia para sus seres queridos. Quienes sobrevivieron siguen luchando, sin los medios para tener una vida decente y sin recibir siquiera tratamiento médico adecuado”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional.
“Estas personas deben recibir reparación completa, efectiva e inmediata, que incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, mediante un mecanismo efectivo y accesible.”
La organización basó estas conclusiones en su investigación inicial, publicada el 19 de mayo de 2025, y en la investigación de seguimiento publicada en octubre de 2025, en la que Amnistía habló con 15 supervivientes y pidió información a Estados Unidos. Amnistía Internacional volvió a entrevistar a seis supervivientes en abril de 2026.
El ataque aéreo del 28 de abril de 2025 había sido uno de los ataques estadounidenses que más bajas civiles se había cobrado de los que Amnistía Internacional había documentado durante años. Menos de un año después, el 16 de marzo de 2026, Amnistía Internacional documentó otro atroz ataque en lo que se refiere a daños a civiles: el ataque lanzado por Estados Unidos contra una escuela en Minab (Irán) que mató a 156 personas, entre ellas más de 120 menores de edad. La investigación llevada a cabo por la organización concluyó que Estados Unidos había violado el derecho internacional humanitario al no tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil al lanzar el ataque.
Pese a ello, el presidente Trump y altos cargos de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han mostrado desprecio por el derecho y las normas internacionales y por las restricciones destinadas a mitigar los daños a civiles.
Tras el ataque aéreo de abril de 2025, un funcionario de defensa estadounidense dijo que estaban evaluando “denuncias” sobre bajas civiles. Sin embargo, casi un año después, el Mando Central estadounidense no ha publicado esas evaluaciones, ni tampoco ha anunciado los resultados de ninguna investigación llevada a cabo hasta la fecha. El 4 de marzo de 2026, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que estaba en curso una investigación sobre el ataque de Minab.
El 1 de mayo, según la Sección 1057 de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, el Departamento de Defensa debe publicar su informe anual sobre bajas civiles relacionadas con cualquier operación militar estadounidense en 2025.
“Para detener esta mortífera espiral, Estados Unidos debe garantizar investigaciones inmediatas, transparentes, imparciales, independientes y efectivas sobre ataques que se hayan saldado con bajas civiles, incluidos los de Yemen e Irán. El Congreso estadounidense también debe redoblar urgentemente su función de supervisión y exigir respuestas, incluidas una rendición pública de cuentas por estos ataques y la provisión adecuada e inmediata de reparación a las personas civiles que hayan sufrido daños; también debe garantizar que no está asignando fondos que puedan contribuir a infracciones del derecho internacional”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
En abril de 2026, Amnistía Internacional mantuvo entrevistas de seguimiento con seis hombres, todos ellos etíopes, que sobrevivieron al ataque estadounidense contra el centro de detención de Sada. Los seis describieron las devastadoras y duraderas consecuencias que el ataque sigue teniendo sobre sus vidas.
Un año después del ataque, todos siguen necesitando algún tipo de tratamiento médico que no se pueden permitir. Aunque los seis dejaron originalmente su país de origen en busca de trabajo, a consecuencia del ataque estadounidense casi todos dependen ahora de la ayuda de sus familias. Cinco de ellos no pueden trabajar a consecuencia de las heridas que sufrieron. Cuatro han permanecido en Yemen, y dos han regresado a Etiopía.
Jirata*, etíope de 30 años, perdió una pierna en el ataque estadounidense y ahora tiene una pieza de metal en la otra. Vive con un dolor constante:
“He perdido la esperanza, y no me queda nada por lo que seguir. Vine aquí [a Yemen] para trabajar, como todo el mundo, para ayudar a mi familia y mejorar mi vida y la suya […]. Ahora necesito que me lleven al retrete”.
“El gobierno estadounidense causó todo esto y a consecuencia [del ataque aéreo] ya no puedo trabajar y mantenerme. Quiero que den algún tipo de reparación que nos ayude con nuestra vida de alguna manera. Algo que me devuelva la esperanza.”
Tras el ataque estadounidense, Abay*, etíope de 32 años, emprendió la peligrosa ruta migratoria por mar de vuelta a Etiopía para vivir con su familia. No puede trabajar por las graves heridas que sufrió en las piernas y en una mano, que aún requieren un tratamiento que él no se puede permitir.
Contó a Amnistía Internacional: “Fui a Yemen a cambiar la vida de mi familia, pero ahora les he hecho la vida incluso más difícil de lo que era antes. Me destroza verles la cara. Puedo ver su tristeza. Esperaba una vida mejor, trabajar y cambiar nuestras vidas, pero todo saltó por los aires.”
Araya*, etíope de 22 años que sufrió una grave herida en un brazo durante el ataque, describió cómo afecta a su salud mental el dolor constante de su herida. “Si no tomo analgésicos, me desespero y deseo morir. Pienso en cómo, siendo tan joven, ni siquiera puedo mantenerme y sigo dependiendo de la ayuda de otras personas. La pieza de metal que tengo insertada es muy dolorosa e incómoda. Te vuelve loco.”
“La historia de estos migrantes es sombría y desgarradora. Viajaron a Yemen en busca de mejores oportunidades, fueron detenidos por huzíes que les negaron la libertad, y luego fueron alcanzados por un ataque aéreo estadounidense. Quienes sobrevivieron se han quedado en un limbo, sin justicia ni reparación a la vista, y sin explicación de por qué les sucedió esto, sin que se reconozca el daño que se les ha causado y sin que se les ofrezca apoyo para poder seguir adelante con sus vidas”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
Un año después del ataque, las autoridades estadounidenses no han desvelado detalles de evaluaciones sobre daños a civiles ni de los resultados de cualquier investigación sobre el homicidio de decenas de personas migrantes recluidas en el centro de detención.
El 27 de agosto de 2025, cuatro meses después del ataque, Amnistía Internacional pidió formalmente información al Mando Central (CENTCOM) estadounidense exponiendo con detalle sus averiguaciones y pidiendo aclaración sobre el objetivo militar atacado y las precauciones tomadas. El CENTCOM sólo envió una breve respuesta, el mismo día que se envió la petición, en la que decía que aún estaba “evaluando todos los informes sobre daños a civiles”, que se los estaba tomando todos ellos “en serio” y que los estaba examinando “exhaustivamente”.
Sin embargo, un año después, y a pesar de las bajas civiles masivas, las autoridades estadounidenses no han hecho pública ninguna evaluación sobre los daños a civiles causados por el ataque contra el centro de detención de migrantes o cualquier otro ataque aéreo lanzado contra Yemen durante su operación militar de 2025 llamada “Rough Rider”.
En virtud del derecho internacional, si se concluye que se ha producido daño a civiles en un ataque que viola el derecho internacional humanitario, las víctimas y sus familias deben recibir reparación completa.
Además de las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario, la Instrucción sobre Mitigación y Respuesta a los Daños a Civiles, del Departamento de Defensa estadounidense, señala que la mitigación de los daños a civiles no se limita a cumplir con el derecho internacional humanitario, y anima a los mandos militares a “tomar medidas adicionales de protección no requeridas por las leyes de la guerra pero que consideren adecuadas”.
Además, si las investigaciones concluyen que ha habido ataques directos contra personas y objetos civiles o ataques indiscriminados lanzados sin distinción contra objetivos militares y civiles y que han matado o herido a civiles, esos ataques deben investigarse y tratarse como violaciones del derecho internacional y posibles crímenes de guerra. La investigación de Amnistía Internacional sobre el ataque aéreo concluyó que se había tratado de un ataque indiscriminado y que, por tanto, debía ser investigado como un crimen de guerra.
Estados Unidos debe hacer pública de forma inmediata y transparente su evaluación sobre el ataque contra el centro de detención de migrantes de Yemen, así como sobre otros ataques en Yemen e Irán; la información facilitada debe incluir conclusiones claras sobre los daños a civiles y las medidas para abordarlos.
Erika Guevara Rosas
“Estados Unidos debe hacer pública de forma inmediata y transparente su evaluación sobre el ataque contra el centro de detención de migrantes de Yemen, así como sobre otros ataques en Yemen e Irán; la información facilitada debe incluir conclusiones claras sobre los daños a civiles y las medidas para abordarlos. Cuando existan indicios suficientes, las autoridades competentes deben garantizar que los responsables comparecen ante la justicia, procesando a cualquier persona sospechosa de tener responsabilidad penal en crímenes de guerra, incluida la que derive de la doctrina de la responsabilidad de mando”, ha manifestado Erika Guevara Rosas
Tags: Estados Unidos, Impunidad, Derechos Humanos, Justicia.
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