REPÚBLICA CENTROAFRICANA: SE NECESITA AYUDA ECONÓMICA URGENTE PARA EVITAR EL CIERRE CATASTRÓFICO DEL TRIBUNAL PENAL ESPECIAL

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los tribunales nacionales siguen careciendo de los recursos y la capacidad necesarios para asumir el mandato que ha estado llevando a cabo el Tribunal Penal Especial

El cierre del Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana sería un golpe catastrófico para las perspectivas de miles de víctimas y supervivientes de conseguir justicia por los graves crímenes cometidos durante dos décadas de conflicto. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en una situación de honda preocupación por el futuro del Tribunal a causa de una gran falta de fondos.

“Pedimos a la Unión Africana, la Unión Europea y sus respectivos Estados miembros, así como a todos los demás Estados asociados, que aumenten el apoyo sostenido tanto económico como de recursos humanos para que el Tribunal Penal Especial pueda continuar con su trabajo esencial en República Centroafricana”, ha declarado Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

El Tribunal Penal Especial, inaugurado el 22 de octubre de 2018, tiene el mandato de investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional cometidos durante conflictos en República Centroafricana desde 2003. Durante este periodo, República Centroafricana sufrió oleadas de violencia y conflictos armados. Miles de civiles fueron víctimas de homicidio, violación, secuestro, mutilación, heridas o desplazamiento, o vieron cómo incendiaban sus casas.

Poner fin a la financiación del Tribunal Penal Especial supondría una victoria para la impunidad.

Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central

Los procesos en curso, en peligro

El presupuesto del Tribunal se basa exclusivamente en contribuciones voluntarias de Estados y organizaciones internacionales.

Estados Unidos era su principal donante, junto con la misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) y la UE. En enero de 2025, Estados Unidos suspendió su financiación para el Tribunal, y dejó unos 4,15 millones de dólares en compromisos impagados. Este gran recorte ha afectado profundamente a la capacidad del Tribunal de funcionar, con lo que ha puesto en peligro los procedimientos en curso y los servicios esenciales para víctimas y testigos.

“A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los tribunales nacionales siguen careciendo de los recursos y la capacidad necesarios para asumir el mandato que ha estado llevando a cabo el Tribunal Penal Especial. El apoyo a estos tribunales es crucial, pero poner fin a la financiación del Tribunal Penal Especial antes de que exista esa capacidad supondría una victoria para la impunidad”, ha manifestado Marceau Sivieude.

“La emisión, por parte del Tribunal, de una orden de detención contra el expresidente François Bozizé en 2024 fue un paso muy alentador para las víctimas, y seguimos pidiendo que esa orden se ejecute. Si el Tribunal cierra tras haber procesado solamente a unos cuantos individuos de bajo nivel respecto a unos pocos incidentes recientes, habrá incumplido su mandato y habrá defraudado las esperanzas y expectativas de la población de República Centroafricana. Las víctimas y supervivientes de crímenes de derecho internacional tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación.”

Información complementaria

El Tribunal Penal Especial es un tribunal híbrido respaldado por la ONU, compuesto por fiscales y jueces tanto de República Centroafricana como de otros países. El 19 de abril de 2022, el Tribunal dio comienzo a su primer juicio contra tres exmiembros de un grupo armado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y la sentencia definitiva se dictó en julio de 2023.

El Tribunal Penal Especial ha llevado a cabo tres juicios (dos de los cuales están en fase de apelación) y tiene en la actualidad unos 20 casos en espera de juicio. Además, el Tribunal ha emitido órdenes de detención contra cerca de 50 personas, muchas de las cuales siguen en libertad.

En estos momentos, al Tribunal Penal Especial le quedan tres años de mandato.