COP30: PESE AL PISOTEO DE LOS DERECHOS, EL PODER DE LA GENTE DEMUESTRA QUE LA HUMANIDAD VENCERÁ

La presidencia brasileña de la COP30 se había comprometido a garantizar que nadie se queda atrás y que todas las voces se escuchan, e hizo enormes esfuerzos, que deben ser replicados en otras cumbres, para ampliar la participación. Sin embargo, la falta de negociaciones participativas, inclusivas y transparentes dejó fuera de la toma real de decisiones tanto a la sociedad civil como a los pueblos indígenas

Los dirigentes reunidos en la COP30 en Brasil no acordaron situar a las personas por encima de los beneficios, ya que la falta de unidad, rendición de cuentas y transparencia menoscabó la decisión de emprender la acción climática urgente y efectiva que se necesita. No obstante, hubo algunos puntos positivos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, al concluir la cumbre anual de la ONU sobre el clima.

La decisión principal de la COP30, el acuerdo Global Mutirão, tenía como objetivo lograr un consenso mundial sobre una serie de acciones climáticas prioritarias durante esta cumbre, calificada como “la COP de la verdad”. Sin embargo, el documento final evitó toda mención a los combustibles fósiles —el principal motor del cambio climático—, y no aumentó, ni siquiera reafirmó, el compromiso de realizar una transición para abandonar los combustibles fósiles acordado en la COP28.

El fragmentado final no obtuvo un consenso sobre el tan necesario paquete de medidas, que incluye planes concretos para abandonar gradualmente los combustibles fósiles y poner fin a la deforestación, así como aumentar el apoyo basado en subvenciones para los países de bajos ingresos. La provisión de financiación climática es una obligación de los países de ingresos altos cuyo cumplimiento llevan años reclamando los países de bajos ingresos, especialmente la prestación de mucho más apoyo para ayudarlos a adaptarse a los devastadores impactos actuales y futuros de un cambio climático del que no son responsables y que ha generado unas necesidades que se estiman en al menos 300.000 millones de dólares estadounidenses al año.

“La presidencia brasileña de la COP30 se había comprometido a garantizar que nadie se queda atrás y que todas las voces se escuchan, e hizo enormes esfuerzos, que deben ser replicados en otras cumbres, para ampliar la participación. Sin embargo, la falta de negociaciones participativas, inclusivas y transparentes dejó fuera de la toma real de decisiones tanto a la sociedad civil como a los pueblos indígenas, que habían respondido en gran número al llamamiento por el acuerdo de mutirão global. Al mismo tiempo, la presencia récord en la COP30 de grupos de presión en favor de los combustibles fósiles mostró quiénes tienen verdadero acceso y dejan que la humanidad, especialmente los grupos que ya están más marginados, sufra las consecuencias mortales de sus planes de continuar con la expansión de dichos combustibles y de ser los que extraigan el último barril de petróleo”, ha manifestado Ann Harrison, asesora sobre Justicia Climática en Amnistía Internacional.

“No obstante, el poder de la gente, incluidos los pueblos indígenas, entre ellos aquellos en cuyas tierras ancestrales tuvo lugar la conferencia, se exhibió con toda su fuerza. Al negarse a rendirse a los reveses, ese poder fue fundamental para lograr un compromiso de que se elabore un mecanismo de Transición Justa que incorpore y coordine las iniciativas actuales y futuras para proteger los derechos que trabajadores y trabajadoras y de otras personas y comunidades afectadas por la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Felicitamos a todas las personas cuyas voces y acciones dieron lugar a este éxito, y presionaremos para que los derechos humanos, incluidos los de los pueblos indígenas, sean respetados y protegidos a medida que se elabore el mecanismo.”

El poder de la gente, incluidos los pueblos indígenas, […] fue fundamental para lograr un compromiso de que se elabore un mecanismo de Transición Justa […] Felicitamos a todas las personas cuyas voces y acciones dieron lugar a este éxito.

Ann Harrison, asesora sobre Justicia Climática de Amnistía Internacional

Falta sistémica de inclusividad, cumplimiento y transparencia

Siguiendo la tendencia de las últimas cumbres sobre el clima, una gran parte del proceso denominado Mutirão se celebró a puerta cerrada, sólo con las delegaciones estatales, lo que dio lugar a una falta de supervisión por parte de la sociedad civil, que no pudo observar los procedimientos. Esta falta de transparencia, junto con el fraccionado proceso para lograr un consenso y la influencia incontrolada del sector de los combustibles fósiles, continúa planteando problemas fundamentales y amplía la voz de los llamamientos en favor de que se introduzcan reformas en la cumbre y la instancia que la organiza, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Tal como declaró Leonela Moncayo, una niña activista por la justicia climática que acompañó a Amnistía Internacional a la COP30, “No vine a Belém a pedir un favor […] [V]ine para recordarles a todos los Estados que respeten los derechos humanos y que cuidar el medioambiente no es un gasto: es la mejor inversión social y cultural que un gobierno puede hacer. Permitir contaminación y violaciones de derechos no demuestra fortaleza política, demuestra indiferencia”.

Las futuras cumbres sobre el clima sólo darán resultados efectivos si todas las personas y entidades que asistan no sólo pueden seguir en tiempo real lo que está sucediendo, sino que además tienen libertad para criticar, reunirse y manifestarse pacíficamente, y pueden hacer una aportación significativa al diseño y el resultado de unas políticas climáticas globales efectivas. Del mismo modo, las decisiones deben tomarse basándose en una evaluación transparente de los mejores datos científicos disponibles; sin embargo, la amenaza de la creciente reacción global contra los conocimientos científicos ha afectado también a la COP30, donde algunos países han intentado enfangar las aguas con posturas dogmáticas sobre la ciencia y el género, e incluso han tratado de socavar al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático como fuente autorizada sobre ciencia climática.

Permitir contaminación y violaciones de derechos no demuestra fortaleza política, demuestra indiferencia.

Leonela Moncayo, niña activista por la justicia climática

Las lagunas de la financiación climática

La COP30 no pudo alcanzar un compromiso firme para que los países de ingresos altos aumentaran la financiación basada en subvenciones que los países de bajos ingresos necesitan parar adaptarse, y se limitó a instarlos a “aumentar la trayectoria de su provisión colectiva”, dejando a personas y comunidades en un riesgo cada vez mayor de sufrir daños relacionados con el cambio climático.

Las empresas del sector de los combustibles fósiles siguen recibiendo cada año de diversos gobiernos billones en forma de subsidios, y generan enormes beneficios. Como parte del proceso en curso de elaborar una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional, cuya última ronda de negociaciones se llevó a cabo en paralelo con la cumbre sobre el clima celebrada en Nairobi, los gobiernos deben introducir una sobretasa basada en el principio de que quien contamina paga aplicada a los beneficios globales de las empresas del sector de los combustibles fósiles.

“Sin embargo, los gobiernos no tienen por qué esperar a que se acuerden las normas globales sobre cooperación fiscal. Deben imponer de inmediato sobretasas a los impuestos de las empresas del sector de los combustibles fósiles y dejar de conceder subsidios a la producción y el uso de dichos combustibles; estas medidas contribuirían enormemente a recaudar recursos para una financiación climática que se necesita urgentemente y que no genere deuda”, ha manifestado Ann Harrison.

Mirando hacia 2026

Independientemente de lo que se incluya en los documentos finales de la cumbre sobre el clima, la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia confirmó que los Estados están obligados por ley a “hacer esfuerzos de buena fe” para abordar la crisis climática, que el objetivo principal es limitar el calentamiento a 1,5º C, y que los Estados tienen, para con las generaciones actuales y futuras, el deber de otorgar remedio y reparación por los daños relacionados con el clima, lo cual incluye hacer rendir cuentas a quienes más contaminan.

“Ahora, todas las miradas estarán puestas en la COP31. Turquía y Australia, que comparten la presidencia, deben demostrar un liderazgo en materia de clima emprendiendo acciones decididas y transparentes para abordar el cambio climático de acuerdo con sus obligaciones internacionales, y facilitar unos resultados significativos de la cumbre sobre el clima que den lugar realmente a un proceso gradual que conduzca a la eliminación completa, rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles, así como a apoyo para la adaptación”, ha declarado Ann Harrison.

Turquía y Australia, que comparten la presidencia, deben demostrar un liderazgo en materia de clima emprendiendo acciones decididas y transparentes para abordar el cambio climático de acuerdo con sus  obligaciones internacionales.

Ann Harrison

Además, los dos países deben garantizar una cumbre sobre el clima inclusiva y accesible en la que se protejan y respeten los derechos de todas las personas antes, durante y después de la conferencia. Las experiencias vitales y las soluciones de los pueblos indígenas, las comunidades afectadas, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas afrodescendientes, las personas que viven con discapacidad y los trabajadores y trabajadoras deben ocupar un lugar central a la hora de avanzar para conseguir justicia climática a la escala y el ritmo necesarios. Australia debe cumplir su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con las naciones de Oceanía, que siguen sufriendo las amenazas más inmediatas y existenciales planteadas por la crisis climática, con el fin de garantizar que dejan de ignorarse sus necesidades y prioridades.

“Frente a la armonización a la baja de la COP, motivada por el requisito procedimental de que haya consenso, hubo un rayo de esperanza: el anuncio de iniciativas fuera del proceso de la CMNUCC. Colombia anunció la primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles, que acogerá conjuntamente con Países Bajos el próximo mes de abril. En ella se reunirán los Estados que deseen avanzar hacia la desfosilización de nuestras economías al tiempo que se protege a los trabajadores y trabajadoras, las comunidades y las personas titulares de derechos durante una transición ‘rápida, justa y totalmente financiada’. Esta conferencia alimentará dos hojas de ruta inclusivas y basadas en datos científicos, que serán elaboradas por la presidencia brasileña, sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles y poner fin a la deforestación”, ha declarado Ann Harrison.

“Amnistía seguirá de cerca ambos conjuntos de iniciativas para garantizar que las obligaciones en materia de derechos humanos ocupen un lugar central en los debates.”