Día Internacional de las Personas Desaparecidas: Regresen a quienes se llevaron

Así ocurren las desapariciones forzadas: las personas son llevadas y no se vuelve a saber de ellas por días, meses, años… o quizá nunca más. Comúnmente han sido empleadas como estrategias gubernamentales para infundir terror. Difícilmente demos con el lugar de inicio de esta práctica, pero lo que sí es cierto es que nos enfrentamos a un problema mundial.

La desaparición forzada es empleada por distintos gobiernos en diferentes partes del mundo. Hoy su persistencia obedece mayormente a situaciones de conflictos internos, como método de represión política de oponentes, según la ONU[1], organización que, además, califica los siguientes como sus principales preocupaciones al respecto:

·         «el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada;

·         el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones;

·         y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada».

 

La desaparición forzada en la historia reciente de nuestra región

Durante las dictaduras militares que azotaron a toda América Latina entre las décadas de los ‘60 y ‘80, esta práctica fue cotidiana. En la Argentina, por ejemplo —uno de los países más afectados por la represión—, organizaciones locales aseguran que hubo cerca de 30 mil desapariciones. Situaciones similares se vivieron en Chile y Uruguay. Las personas eran secuestradas y torturadas por largos períodos de tiempo. En casos más trágicos, fueron asesinadas. A la fecha, muchas personas siguen sin conocer el paradero de sus familiares desaparecidos. 

En Venezuela, durante el mandato de Raúl Leoni (1964-1969) —sucesor de Rómulo Betancourt— no solo se profundizaron las represiones del gobierno anterior sino que toda la escena se agravó por la activa participación de las Fuerzas Armadas en las desapariciones forzadas, incluyendo como víctimas no solo a presuntos guerrilleros sino también a campesinos, obreros, estudiantes y dirigentes políticos de partidos de izquierda. Durante esta década el país tuvo un considerable y lamentable número de víctimas de desapariciones forzadas, cuyos casos siguen impunes.

Aunque las desapariciones forzadas debieron quedarse en el pasado, la verdad es que en nuestra región siguen siendo usadas para intimidar, reprimir y castigar. En México, por ejemplo, la práctica es usual. A la fecha, alrededor de 27.000 personas se encuentran en paradero desconocido.

Un caso que representa la crisis del país es el de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, quienes fueron detenidos por la policía cuando trataban de requisar unos autobuses para ir a una protesta en la Ciudad de México. Desde entonces no se les ha visto.

La realidad en Venezuela también es alarmante. Según la ONG venezolana Provea, del 2000 al 2015, 121 personas han sido desaparecidas forzadamente por parte de agentes de seguridad del Estado, y sigue sin conocerse su paradero.

EL 27 de febrero de 2015, el dirigente popular Alcedo Mora desapareció. Sus familiares y amigos, por información recopilada, señalan a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) como presuntos responsables de su detención y desaparición, según reseña en un artículo el defensor de derechos humanos venezolano, Marino Alvarado[2].

Su desaparición puede deberse a que el líder comunitario y revolucionario había denunciado que en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) existía una red de contrabando de combustible, desde El Vigía (Mérida) hacia Colombia (país fronterizo).

Dos días antes de su desaparición, Mora envió un mensaje a sus familiares y amigos, donde decía, entre otras cosas: «Tengo requisitorio de orden de captura por el Sebin (…), se me quiere involucrar en unos recuperos, la cosa es complicada, es parte donde se me quiere cobrar por unas denuncias de corrupción a Pdvsa que he venido haciendo y me quieren montar una olla».

 

Ni una desaparición más

Tomando en cuenta estas realidades no solo de la región americana sino del mundo entero, el 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de la ONU declaró el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, además de aprobar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

La Convención consta de 45 artículos, y en los mismos se insta a los Estados Partes a no dejar impune ningún caso de desaparición forzada; recomienda que sean tomadas las medidas necesarias para que esta práctica sea erradicada; no consiente, bajo ningún concepto, que sea empleada durante conflictos internos ni en estados de excepción; y considera que su práctica generalizada o sistemática constituye un crimen de lesa humanidad.

La desaparición forzada es una flagrante violación a los derechos humanos, además quiebra a los familiares de las víctimas, hundiéndoles en desasosiego y desesperanza. Los gobiernos no pueden seguir empleando esta práctica —ni ninguna otra— para reprimir o doblegar a sus opositores.

El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona». Cuando el Estado secuestra a personas, les tortura y hasta les asesina, están violando este y muchos otros derechos. Las desapariciones forzadas deben cesar, los responsables deben ser presentados ante la justicia y las víctimas —o sus familiares— deben ser reparadas.

¡Queremos de regreso a todas aquellas personas que han sido llevadas; basta de paraderos desconocidos!

Por Alexandra Perdomo (@amnistia)