OVP: El inframundo de la justicia penal venezolana

En el municipio Sucre del estado Miranda, se erige un espacio que simboliza el colapso del sistema penitenciario y de justicia penal del país: el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta, conocido como Zona 7. Este centro, diseñado originalmente para usos administrativos, se ha convertido en un reflejo alarmante de las violaciones a los derechos humanos que sufren las personas privadas de libertad en el país.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reveló recientemente un informe titulado “Inframundo: La amenaza oculta en los calabozos de Zona 7”, en el que se detalla con escalofriante precisión las condiciones infrahumanas en las que sobreviven más de 421 personas detenidas, entre ellas 250 denominadas “presos sociales” y 171 “polipresos”, es decir, policías condenados o procesados que cuentan con beneficios diferentes al resto de la población. A través de testimonios, análisis y datos recopilados, el informe denuncia la descomposición institucional que permite que un centro preventivo funcione como una cárcel paralela donde reina el hacinamiento, la corrupción y la violencia.

El infierno en la tierra

Zona 7 es descrito como un lugar donde la dignidad humana es sistemáticamente socavada. Como señala el informe: "Estas celdas, ubicadas en lo que antes era un sótano, carecen de ventanas, impidiendo que entre luz natural y perpetuando un ambiente oscuro y opresivo". En celdas diseñadas para albergar a unas pocas personas, decenas de detenidos deben turnarse para dormir en el piso, entre aguas negras, paredes que "sudan" por filtraciones y una absoluta falta de ventilación. La celda conocida como “El Inframundo”, por ejemplo, alberga a 90 reclusos en condiciones que evocan las peores pesadillas.

Las enfermedades como tuberculosis, VIH y sarna proliferan en este ambiente grotesco. "El hacinamiento y las condiciones insalubres han desencadenado una crisis de salud pública", advierte el informe. La alimentación, escasa y frecuentemente en mal estado, depende de familiares que son extorsionados por los funcionarios policiales. El informe también señala que los adolescentes detenidos, muchos de ellos en el contexto de protestas poselectorales, comparten estos espacios con adultos, lo que viola normas internacionales y nacionales sobre la protección de menores.

En este entorno, la vida se convierte en una lucha constante por la supervivencia. Testimonios recopilados por el OVP revelan que los detenidos deben pagar incluso por acceso a ventilación, lo que refuerza la ya devastadora realidad de la corrupción estructural.

 Corrupción: La regla del juego

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la institucionalización de la corrupción en Zona 7. Desde pagos para acceder a mejores celdas o servicios básicos, como ventiladores y traslados a tribunales, hasta el ingreso de alimentos y drogas, todo tiene un precio. Los familiares de los detenidos son obligados a realizar pagos frecuentes, agravando su ya precaria situación.

Por ejemplo, el informe detalla que "el alquiler de un ventilador en el Inframundo cuesta $2 durante una hora. Lo usan para paliar el calor al menos a tres personas". Los traslados a tribunales, por su parte, pueden costar entre 10 y 20 dólares. La corrupción también permea los derechos fundamentales, pues aquellos que no pueden pagar están condenados a las peores condiciones.

Continuando en la misma línea, Zona 7 cuenta con diferentes tipos de celdas, cada una con características que reflejan las desigualdades y la corrupción del sistema: la Celda "El Tigrito" es descrita como un espacio de 4x6 metros destinado a los recién llegados o a los que están siendo castigados. Los detenidos deben dormir de pie y pagar hasta 40 USD para ser trasladados a otra celda.

La celda "King Kong”, también conocida como la celda de los "millonarios", ofrece acceso a luz solar y mejores condiciones, pero se requiere un pago de hasta 100 USD para permanecer allí. La celda "El Inframundo" está ubicada en el sótano, esta celda alberga a cerca de 90 detenidos en completa oscuridad, sin ventilación ni baños, y rodeados de filtraciones y aguas negras.

La celda de "Las Brujas": Reservada para los denominados "presos manchados", acusados de delitos considerados graves por la subcultura carcelaria. Estos detenidos enfrentan un mayor riesgo de violencia. Por último, El Pantry, un espacio abierto donde los reclusos pueden permanecer durante el día si pagan a los policías, pero deben regresar a sus celdas por la noche.

Sin embargo, los polipresos ocupan un área separada en la parte superior del comando, con acceso a baños, ventilación, luz solar y condiciones de descanso dignas.

En palabras de un familiar entrevistado por el OVP: “Todo es un negocio. Hasta para que mi hijo tuviera derecho a hablar conmigo, debía pagarle al funcionario para que lo dejara usar el teléfono”.

Detenidos en las protestas pos-electorales

Durante las protestas pos-electorales de julio de 2024, 21 adolescentes fueron detenidos arbitrariamente y recluidos en Zona 7, compartiendo celdas con adultos, en ese tiempo enfrentaron violencia psicológica y física. Testimonios recogidos indican que algunos adultos detenidos intervinieron para protegerlos de abusos por parte de los funcionarios. Sin embargo, la exposición a estas condiciones dejó huellas profundas en los menores, quienes también se vieron obligados a adoptar comportamientos propios de la subcultura carcelaria para sobrevivir.

Un familiar relató: “Mi hijo tuvo que aprender a hablar como ellos, a comportarse como ellos. Me decía que si no lo hacía, corría peligro”.

Impacto en la Comunidad

Zona 7 no solo afecta a los detenidos y sus familiares, sino también a la comunidad circundante. Ubicado en una zona residencial y educativa con más de 3.000 estudiantes en escuelas cercanas, este centro representa un riesgo constante debido a las frecuentes fugas, motines y enfrentamientos armados. En 2023, más de 100 reclusos irrumpieron en un colegio cercano durante una fuga. Según el informe, "esta acción implicó que la institución educativa cediera sus instalaciones para un procedimiento penitenciario durante el horario escolar, sin autorización o aviso previo a los representantes del estudiantado", generando pánico entre estudiantes y profesores.

Con respecto a esto el director del OVP, Humberto Prado, precisó que esto fue cuando trasladaron los detenidos de los calabozos de Zona 7 al Colegio San Agustín, lo cual expuso la vida de los menores de edad y el personal docente y administrativo de este plantel.

"Esto es muy delicado, algún alumno pudo padecer problemas de salud por el impacto de esta situación. O algún detenido pudo intentar fugarse poniendo en riesgo a quienes estaban en ese colegio", destacó Prado.

Los vecinos también denuncian la interrupción constante de sus actividades debido al caos generado por la presencia de este centro. “Es una bomba de tiempo”, afirmó un residente, enfatizando la necesidad de su clausura.

Recomendaciones urgentes

El OVP propone medidas drásticas para abordar la crisis en Zona 7. Entre las principales recomendaciones están:

1. Cierre definitivo y desmantelamiento del centro, debido al peligro que representa tanto para los detenidos como para la comunidad circundante.

2. Traslados inmediatos de los reclusos a centros penitenciarios adecuados, respetando su jurisdicción y cercanía a sus familias.

3. Cumplimiento de la legislación nacional que establece un límite de 48 horas para la detención preventiva.

4. Protección de menores, asegurando que no sean recluidos en centros destinados a adultos.

5. Erradicación de la corrupción, mediante investigaciones imparciales y la implementación de mecanismos de transparencia.

"Es necesario que cierre la Zona 7 y que quede como un comando policial únicamente, el área de reclusión debe ser eliminada. Los presos deben ser trasladados a penales o deben revisar sus casos para que les otorguen su libertad", puntualizó el director de la ONG.

Una bomba de tiempo

El clamor de los familiares, vecinos y organizaciones como el OVP exige una acción inmediata. No basta con promesas de reformas ni visitas de funcionarios: el cierre de Zona 7 es imperativo para salvaguardar los derechos humanos y devolver un mínimo de humanidad a las personas privadas de libertad en Venezuela.

Zona 7 no solo es un reflejo de las fallas estructurales del sistema penitenciario venezolano, sino también un llamado urgente a la acción. La solución no puede postergarse más: es hora de que las autoridades respondan con medidas concretas que garanticen justicia, dignidad y respeto a los derechos humanos

Zona 7 es un reflejo de la descomposición del sistema penitenciario venezolano, donde la corrupción, la violencia y el abandono institucional han convertido este centro en un infierno para los detenidos y un peligro para la sociedad. Prado utilizó la frase de Nelson Mandela que dice: "Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles".

En Venezuela, las cárceles como Zona 7 no solo exponen la crueldad del sistema, sino también la indiferencia de un Estado que ha fallado en proteger los derechos humanos de quienes están bajo su custodia. El cierre de Zona 7 y la implementación de reformas urgentes no son solo una necesidad, sino una obligación moral para evitar que este infierno continúe destruyendo vidas.