Los gobiernos criminalizan a las personas sin hogar para distraer la atención de su propia incapacidad

Según cálculos de la ONU, hay más de 100 millones de personas sin hogar en todo el mundo. Esta asombrosa cifra demuestra que en todo el mundo los gobiernos han sido incapaces de proteger los derechos humanos y garantizar que las necesidades más básicas de su población están cubiertas.

Hoy es el Día Mundial del Hábitat, que este año se ocupa de las políticas de vivienda y las viviendas asequibles. Los gobiernos de 193 países prometieron garantizar que, en 2030, todas las personas tendrán acceso a una vivienda adecuada, segura y asequible y a servicios fundamentales. Pero las políticas de construcción de viviendas asequibles sólo beneficiarán a las personas más vulnerables si los gobiernos abordan las causas fundamentales de la falta de vivienda, a menudo una combinación de injusticia, desigualdad y discriminación que forma una tormenta perfecta.

Globalmente, el número de personas sin hogar ha aumentado tras la crisis económica de 2008, al haberse producido en muchos países un incremento del desempleo, la inseguridad en el trabajo y la pobreza activa, Esta situación se ha visto agravada en muchos lugares por las medidas de austeridad del gobierno, que han supuesto un recorte del gasto en viviendas sociales y refugios para personas sin hogar.

En Reino Unido, por ejemplo, el número de personas que duermen en la calle se ha multiplicado más del doble desde 2010, mientras el gobierno recortaba los programas de asistencia pública y viviendas sociales. Un reciente estudio de la organización Refugee Council ha demostrado que las personas a las que se ha reconocido la condición de refugiadas corren especial peligro de convertirse en indigentes sin hogar, pues no hay programas que apoyen su transición desde el apoyo al asilo a la vida independiente.

Son muchas las razones por las que alguien se convierte en una persona sin hogar. En algunos casos, es consecuencia de un desalojo forzoso por el que las autoridades no han dado indemnización ni alojamiento alternativo. La desigualdad en el acceso a la tierra y la propiedad es también una de las causas de la falta de vivienda, especialmente entre las mujeres, las personas ancianas y las personas con discapacidades. La violencia intrafamiliar suele ser un factor determinante para las mujeres. La falta de vivienda también adopta diferentes formas, desde vivir en la calle a quedarse a dormir provisionalmente en casa de familiares o amistades.

Las circunstancias varían, pero las personas sin hogar tienen una cosa en común: todas son víctimas de violaciones de los derechos humanos. La relatora especial sobre la vivienda adecuada ha descrito  la falta de hogar como una violación extrema de los derechos a una vivienda adecuada y a no sufrir discriminación. A menudo supone también una violación de otros derechos humanos, como el derecho a la vida y a la salud. La discriminación está estrechamente relacionada con la falta de hogar. Las personas que ya son vulnerables y están marginadas tienen más probabilidades de convertirse en personas sin hogar, y a su vez a las personas sin hogar es más probable que se las discrimine.

Por ejemplo, las carencias generalizadas que sufren los pueblos indígenas de Australia también se reflejan en su acceso a la vivienda. Las cifras oficiales publicadas en 2015 muestran que, aunque los pueblos indígenas son un 3% de la población del país, suponen un 23% de las personas que usan los servicios para personas sin hogar en Australia.

Sin embargo, en lugar de abordar las causas que originan la falta de vivienda, los gobiernos de todo el mundo cada vez recurren más a normativas y leyes penales contra quienes viven en la calle. Con leyes contra el vagabundeo, políticas que impiden el acceso de las personas sin hogar a servicios esenciales, o medidas punitivas y operaciones radicales para obligarlas a irse de las ciudades, las autoridades están pisoteando los derechos de las personas sin hogar.

Y la cosa no hace más que empeorar: cuanto más visibles son las personas que duermen en la calle, más negativa es la respuesta de las autoridades, los estereotipos perpetuados por los medios de comunicación y la indiferencia del público en general.

En Brasil, por ejemplo, se hacen redadas contra los niños y niñas y adolescentes que viven en la calle y se les obliga a ingresar en instituciones. Debido al desmantelamiento de los programas sociales, a la poca disponibilidad de los servicios y las infraestructuras dedicadas a este grupo de edad, y a que los empleados públicos no siguen el debido proceso, las autoridades, en lugar de garantizar la protección de los derechos de estos menores, con frecuencia se limitan a encerrarlos.

En Brasil ha habido varios episodios graves de violencia contra niños, niñas y adolescentes sin hogar, como la matanza de Candelaria en 1993, en la que un escuadrón de la muerte formado por agentes de policía fuera de servicio disparó contra un grupo de adolescentes que dormían a la intemperie en el centro de Río, y mató a ocho de ellos. Los autores de estos abusos suelen eludir la rendición de cuentas, y a las familias y a las víctimas se les niega la justicia.

En la campaña contra las personas sin hogar que comenzó en Hungría a principios de la década del 2000, las autoridades introdujeron o modificaron ordenanzas locales que prohibían la mendicidad, la recogida de restos de alimentos de los contenedores de basura y el uso de espacios públicos para dormir. Estas iniciativas adquirieron carácter nacional en 2013, cuando la modificación de la Ley Fundamental de Hungría (Constitución) permitió a las autoridades locales definir zonas de la ciudad que no podían ser utilizadas como vivienda, con la excusa de preservar el orden público y la herencia cultural.

Estos “delitos” son punibles con la realización de servicios comunitarios, multas o prisión, en caso de reincidencia. Cientos de personas que ya no pueden pagar para cubrir sus necesidades básicas han sido multadas en aplicación de estas leyes.

Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que establezcan un proceso de participación y consulta públicas sobre proyectos de normativas nacionales y garanticen que las personas sin hogar participan en el proceso. Deberá darse prioridad a los grupos más desfavorecidos y marginados; garantizar la igualdad de género y el trato no discriminatorio, tomar medidas concretas para proporcionar soluciones de vivienda adecuadas y acceso a servicios esenciales para todas las personas, y garantizar que todas tienen un grado mínimo de seguridad de tenencia.

Todo el mundo merece tener un hogar seguro. Hace demasiado tiempo que los gobiernos tratan de distraer la atención de su propia incapacidad de garantizar este derecho, criminalizando y estigmatizando a las personas sin hogar.

Para abordar con seriedad la “crisis de la vivienda”, deben cambiar su enfoque y desarrollar soluciones centradas y sostenibles que garanticen el cumplimiento de su compromiso de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de “no dejar a nadie atrás”. Con 100 millones de personas que no saben dónde dormirán esta noche o la próxima semana, no hay tiempo que perder.

Por Renata De Souza, investigadora/asesora de Amnistía Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales

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