Las luchas internas de la Unión Europea no deben debilitar la respuesta internacional a la limpieza étnica en Myanmar

De Katharine Derderian, experta de Amnistía Internacional en política exterior de la UE en materia de derechos humanos

“Cuando llegaron los militares, empezaron a disparar contra la gente, que se asustó mucho y echó a correr. Vi a los militares disparar contra mucha gente y matar a dos muchachos. Utilizaron armas para quemar nuestras casas. En nuestro pueblo había 900 casas; ahora sólo quedan 80. No queda nadie, ni siquiera para enterrar los cadáveres.”

Es el relato de un testigo presencial, un hombre de 48 años que contó a Amnistía Internacional cómo el ejército y la policía habían irrumpido en su pueblo, situado en el norte del estado de Rajine (Myanmar), a principios de septiembre.

En poco menos de dos meses, más de 520.000 rohingyas se han visto obligados a huir de sus casas debido a una campaña generalizada de tierra arrasada. Las fuerzas de seguridad de Myanmar, a menudo apoyadas por grupos parapoliciales, han quemado pueblos enteros de rohingyas y disparado al azar a la gente en su huida.

La campaña de violencia, que comenzó en respuesta a los ataques coordinados contra puestos de seguridad cometidos por un grupo armado rohingya el 25 de agosto, no parece que vaya a remitir. Amnistía Internacional documentó nuevos incendios en pueblos rohingyas el mismo fin de semana pasado. Refugiados rohingyas siguen cruzando la frontera con el vecino Bangladesh por sus medios. Por si fuera poco, existen pruebas crecientes de que la gente ya no huye sólo de la violencia, sino también de la propia amenaza real de morir de hambre, dado que las autoridades myanmaras han bloqueado el acceso de los grupos de ayuda humanitaria a zonas clave del estado de Rajine.

El alcance y la velocidad de lo que tanto la ONU como Amnistía Internacional califican de “limpieza étnica” –que implica crímenes de lesa humanidad, incluido el asesinato, el traslado forzoso de población y otros actos inhumanos– han pillado a contrapié a la comunidad internacional, poniendo al descubierto la incapacidad de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros para responder a tiempo y de forma unificada y decisiva.

Hasta el año pasado, la UE lideraba una resolución anual sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar en la Asamblea General de la ONU; pero este año decidió que ya no era necesaria, aduciendo que las autoridades de Myanmar habían hecho “progresos”.  Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales de derechos humanos se opusieron públicamente a la medida por considerarla prematura. Algo que tristemente ha venido a demostrar la crisis actual.

Pero no es el único desafío de derechos humanos que afronta Myanmar. Al margen de los titulares internacionales, el conflicto continúa sin remitir en los estados de Kachin y Shan del Norte; tanto el ejército como los grupos armados étnicos son culpables de abusos terribles. El acceso humanitario está sumamente restringido, sobre todo en las zonas arrasadas por el conflicto, donde más se necesita. El espacio para la libertad de expresión continúa sometido a graves restricciones y quienes se pronuncian públicamente o informan sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad se exponen a sufrir intimidación, acoso, detención y procesamiento.

Hoy, la UE y sus Estados miembros tienen la oportunidad de responder de manera adecuada a las violaciones de derechos humanos cometidas en Myanmar, para evitar que esta crisis se agrave aún más y presionar en favor de una solución a los problemas en gran escala que ha creado que sea justa y basada en los derechos humanos. Promover una resolución en la Asamblea General de la ONU de manera proactiva sería un paso fundamental para garantizar el escrutinio internacional, así como mayor presión para que termine de inmediato la violencia en el norte del estado de Rajine y se reparen las violaciones de derechos humanos que se han cometido.

La responsabilidad principal de las atroces violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad perpetrados en el estado de Rajine y en otras partes del país recae en el ejército de Myanmar. Hasta ahora, la presión para que se ponga fin a los abusos no ha surtido efecto. Ampliar el actual embargo de armas impuesto a Myanmar por la UE sería una medida importante, y debería incluir la suspensión de todas las formas de asistencia militar además de imponer sanciones económicas específicas a los altos cargos responsables de graves abusos y crímenes. Al mismo tiempo, la UE y sus Estados miembros deben seguir transmitiendo a las autoridades civiles de Myanmar el mensaje inequívoco de que es necesario un liderazgo firme, ahora más que nunca, para aliviar las tensiones.

Tras la reunión de ministros europeos de Asuntos Exteriores celebrada hoy, la UE debe demostrar un compromiso claro y común de actuar en respuesta a la crisis humanitaria y de derechos humanos que tenemos delante.

Urge desesperadamente el liderazgo de la UE en materia de derechos humanos, pero la desunión entre los Estados miembros y la falsa dicotomía de valores frente a intereses han tenido recientemente como consecuencia que la UE no se haya pronunciado con suficiente firmeza ni haya actuado con la coherencia necesaria sobre los abusos cometidos contra los derechos humanos. Así ha sucedido en su respuesta a la situación de los derechos humanos en Egipto, en China y también en Myanmar.

Ya se trate de intereses que pisotean valores o de realidades de Estados miembros en materia de derechos humanos que influyen en la política exterior, ni la UE ni sus Estados miembros pueden permitir que estos asuntos impidan la acción contra la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Myanmar. La UE ha liderado históricamente la respuesta internacional a la situación de los derechos humanos en Myanmar.

Ahora, ni el aparente interés en la cooperación militar ni la inversión de larga data en un gobierno dirigido por civiles deben interponerse en la acción de la UE para influir en las autoridades militares y civiles de Myanmar.

Esperar a ver cómo evoluciona la situación para actuar no es una opción válida. La UE verá su credibilidad y legitimidad puestas en entredicho en todo el mundo si no consigue transformar la postura conjunta expresada hoy en medidas frente a los homicidios, la quema de pueblos y la expulsión de más de medio millón de personas.

Hoy somos testigos de la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Myanmar; si la UE no adopta una posición conjunta y actúa ya en defensa de los derechos humanos, ¿cuándo lo hará?

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