¿Quién defenderá a los defensores y defensoras?
Dieciséis meses después del intento fallido de golpe de Estado, la represión ejercida desde entonces no da señales de amainar. Las cárceles están repletas, los juzgados no dan abasto y el miedo se ha convertido ya en la norma. Se ha detenido a decenas de miles de personas, se han cerrado medios de comunicación y Turquía es ahora la mayor cárcel de periodistas del mundo. Más de 100.000 funcionarios públicos han sido despedidos por medio de decretos de Estado de excepción y, tachados de “terroristas”, muchos no pueden ya continuar en su profesión. La semana pasada pasó prácticamente desapercibida la renovación por quinta vez del Estado de excepción en Turquía. Pero a pesar de esta febril atmósfera, algunas personas están alzando valientemente la voz para intentar contener la marea de represión que avanza rápidamente sobre Turquía.
Con las cárceles de Turquía llenas a rebosar, Salil Shetty explica por qué esta causa abierta contra 11 activistas es tan importante
No es coincidencia que cuando aumentan en un país las violaciones de derechos humanos lo hagan también los ataques contra quienes los defienden. Tampoco es conciencia que, en los momentos de gran represión, la labor de los activistas de los derechos humanos resulte más esencial que nunca: más esencial y más peligrosa.
Por desgracia, mis colegas İdil Eser y Taner Kılıç, directora y presidente de Amnistía Internacional Turquía, saben muy bien que alzar la voz para defender las libertades de la gente puede acabar costándote la tuya propia. Los dos llevan meses entre rejas, tras haber sido detenidos juntos con otros nueve activistas de los derechos humanos por absurdos cargos de terrorismo. Hoy comienza su juicio en Estambul. Si los declaran culpables podrían imponerles penas de hasta 15 años de prisión.
Hay quien dirá que ya sabían a lo que se exponían, pero nos negamos a aceptar este argumento. Amnistía lleva más de 50 años luchando por los derechos humanos en Turquía. Algunas de las figuras más famosas del país, desde poetas hasta presidentes, han sido consideradas en un momento u otro presos de conciencia por la organización y se han beneficiado de los frutos de nuestro trabajo de campaña. Así que no deja de ser un ironía que el presidente y la directora de Amnistía en Turquía sean ellos mismos presos de conciencia ahora. Pero hay gente que está alzando la voz. Como me dijo Edward Snowden cuando lo conocí en Moscú este mismo mes, “cuando costaba hacerlo, Amnistía me defendió. Ahora ha llegado el momento de que la defendamos nosotros a ella”.
Aunque Taner Kılıç fue detenido en su casa, en Esmirna, la coreografía de las otras detenciones parece sacada de un guión de Hollywood. El 5 de julio, ocho destacados activistas turcos de los derechos humanos se reunieron en una pequeña isla cercana a Estambul para hacer un taller de formación como tanto otros. Su formadores, Peter Steudtner, de Alemania, y Ali Gharavi, de Suecia, les estaban enseñando cosas sobre bienestar y seguridad digital. Tras un tranquilo desayuno, habían regresado a la aireada sala de paredes de cristal donde se desarrollaba el taller cuando, de pronto, irrumpieron en ella las fuerzas de seguridad turcas, se llevaron a los 10 activistas, los encerraron en una comisaría de policía, los interrogaron y, al final, los metieron en la cárcel.
Este mismo mes se ha presentado un acta de acusación formal donde se les imputa el cargo pertenencia a una “organización terrorista armada”. Taner Kılıç, quien había sido detenido un mes antes por cargos infundados en un procesamiento aparte, también fue incluido en esta acta de acusación por considerarse que sabía que se estaba celebrando el taller. Se enfrenta también a otros cargos, la primera vista de los cuales comienza mañana.
El fiscal alega que el taller era una “reunión secreta para organizar un levantamiento como el de Gezi” con el fin de provocar el “caos” en el país. Nada podría estar más lejos de la verdad. Para empezar,la reunión no era en absoluto secreta. De hecho, una de las personas participantes, Nalan Erkem, incluso había publicado una foto del hotel en su cuenta de Instagram. “¿Dónde os alojáis?”, pregunta una amiga bajo la foto. “En el hotel Ascot Hotel”, contesta Nalan.
Las disparatadas alegaciones del fiscal dan a entender que las actividades perfectamente normales de estos defensores y defensoras de los derechos humanos constituyen actos para “ayudar a organizaciones terroristas”. El fiscal vincula a İdil Eser con tres organizaciones no relacionadas y contrarias, que según las autoridades participan en actividades de terrorismo. Entre las acusaciones contra ellas figura la de que Amnistía Internacional escribió una carta a la embajada de Corea del Sur en Turquía para pedirles que dejaran de vender botes de gas lacrimógeno a Turquía tras las protestas del parque Gezi. Este tipo de actividades forman parte del trabajo habitual de un organización de derechos humanos como Amnistía Internacional, pero es que además esa carta se escribió antes incluso de que İdil ingresara en la organización.
Taner Kılıç esta acusado de descargar y utilizar una aplicación de mensajería para teléfonos llamada Bylock, supuestamente utilizada por el movimiento Gülen para comunicarse. Sin embargo, dos análisis periciales independientes del teléfono de Taner encargados por Amnistía Internacional han revelado que no hay rastro de que Bylock haya estado alguna vez en él.
İlknur Üstün, activista de los derechos de las mujeres, está acusada de haber solicitado fondos a “una embajada” para apoyar un proyecto sobre “igualdad de género, participación en la elaboración de políticas y presentación de informes”. Desde la prisión ha escrito lo siguiente sobre estos cargos: “Si eso es un delito [...] seguiremos cometiéndolo.” Y esto nos lleva al meollo de la detención de estos defensores defensoras de los derechos humanos.
Dieciséis meses después del intento fallido de golpe de Estado, la represión ejercida desde entonces no da señales de amainar. Las cárceles están repletas, los juzgados no dan abasto y el miedo se ha convertido ya en la norma. Se ha detenido a decenas de miles de personas, se han cerrado medios de comunicación y Turquía es ahora la mayor cárcel de periodistas del mundo. Más de 100.000 funcionarios públicos han sido despedidos por medio de decretos de Estado de excepción y, tachados de “terroristas”, muchos no pueden ya continuar en su profesión. La semana pasada pasó prácticamente desapercibida la renovación por quinta vez del Estado de excepción en Turquía. Pero a pesar de esta febril atmósfera, algunas personas están alzando valientemente la voz para intentar contener la marea de represión que avanza rápidamente sobre Turquía.
Aunque el gobierno turco tiene el deber de garantizar la seguridad, proteger a su población y procesar a los responsables de ataques violentos, sólo se debe detener e investigar a una persona si hay pruebas suficientes contra ella. En Turquía, el acto de defender los derechos humanos está convirtiéndose en sí mismo en delito. Criminalizar sus actividades no sólo afecta a quienes las autoridades turcas están intentando silenciar, sino que tiene también consecuencias en todo el país, no sólo para grupos minoritarios, sino también para toda persona que valore la importancia de la justicia y la igualdad social.
Hoy, los ojos del mundo estarán puestos en el juzgado central de Estambul para un juicio que es una prueba de fuego para el sistema de justicia turco. Quiero expresar mi agradecimiento a Edward Snowden y los centenares de miles de personas de todo el mundo que han alzado su voz contra esta injusticia. Pero necesitamos hacer todavía más. No podemos ya guardar silencio mientras se comenten injusticias a plena vista. En palabras del escritor turco, Aziz Nesin, preso de conciencia en 1964: “Somos responsables no sólo de lo que decimos, sino también de no que no decimos por guardar silencio.”
Salil Shetty es secretario general de Amnistía Internacional.
Se puede consultar más información sobre los 10 de Estambul en: https://www.amnesty.org/es/lat