Túnez: Retiren los cargos contra el bloguero y parlamentario recién elegido
“Es inaceptable que, después de las importantes reformas adoptadas tras la Revolución de Túnez hace siete años, se sigan presentando cargos falsos por una publicación en Facebook y se prive a las personas de su derecho a la libertad de expresión”, afirmó la directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, Heba Morayef
El enjuiciamiento ante un tribunal militar de Yassine Ayari, bloguero y miembro electo del Parlamento de Túnez, por sus comentarios en Facebook constituye una grave violación del derecho a la libertad de expresión y del derecho a un juicio justo, manifestó Amnistía Internacional.
El 4 de enero, la fiscalía militar acusó a Ayari de “socavar la moral del ejército” por un comentario que había publicado en Facebook el 27 de febrero de 2017 en el que se burlaba del nombramiento de un alto mando militar. La primera vista del juicio se celebró ante un tribunal militar sin su conocimiento y se aplazó hasta marzo de 2018.
“Es inaceptable que, después de las importantes reformas adoptadas tras la Revolución de Túnez hace siete años, se sigan presentando cargos falsos por una publicación en Facebook y se prive a las personas de su derecho a la libertad de expresión”, afirmó la directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, Heba Morayef.
“Más escandaloso aún es que Yassine Ayari vaya a ser juzgado ante un tribunal militar. Juzgar a civiles ante tribunales militares es contrario al derecho internacional de los derechos humanos y una violación del derecho a un juicio justo.”
El tunecino Yassine Ayari es bloguero y activista, y resultó elegido al Parlamento en diciembre de 2017 en representación de la población tunecina residente en Alemania.
En su comentario de Facebook, Ayari se burlaba de Ismail Fatahali, nombrado por el presidente Beyi Caid Essebsi para el puesto de jefe del estado mayor del Ejército de Tierra, calificándolo de “sensible” tras señalar que, en un juicio en 2014, Fatahali había afirmado que los comentarios en Facebook le habían “hundido la moral”.
Seifeddine Makhlouf, del equipo jurídico que defiende a Ayari, contó a Amnistía Internacional que no se permitía a los abogados defensores acceder a todos los documentos judiciales relacionados con el procesamiento de Ayari, a pesar de reiteradas peticiones. Además, el tribunal militar no envió la notificación al acusado a la dirección correcta, por lo que Ayari no sabía que estaba teniendo lugar el juicio.
Yassine Ayari contó a Amnistía Internacional que, cuando sus abogados fueron al tribunal militar, descubrieron que se habían presentado dos denuncias más contra él casi al mismo tiempo. Dijo a la organización: “Hasta ahora, mis abogados y yo seguimos sin saber cuáles son los cargos. No tenemos ninguna información, a pesar de que mis abogados han ido varias veces al tribunal militar para insistir en que les permitan acceder a los documentos que me conciernen”.
Ayari ya había sido juzgado y encarcelado en relación con comentarios críticos publicados en Internet. En noviembre de 2014, un tribunal militar lo había declarado culpable in absentia y condenado a tres años de prisión por “difamación del ejército” debido a sus críticas en Facebook sobre el ministro de Defensa, Ghazi Jerbi, y otros nombramientos concretos de mandos militares. En enero de 2015, un tribunal militar le había reducido la condena a un año de cárcel. Quedó en libertad tras pasar seis meses en prisión.
Los procesamientos por “difamar al ejército” o a otras instituciones del Estado son incompatibles con las obligaciones contraídas por Túnez en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y contrarios al derecho a la libertad de expresión con arreglo al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Si las autoridades tunecinas tienen, como aseguran, el firme compromiso de respetar y proteger los derechos humanos, los legisladores deben anular de inmediato las leyes que brindan protección especial frente a las críticas a los funcionarios públicos y penalizan la difamación de las instituciones del Estado. La difamación, ya sea de personas públicas o privadas, debe tratarse como materia de litigio civil.”
El derecho internacional de los derechos humanos establece claramente que la población civil no debe ser juzgada ante tribunales militares en ninguna circunstancia. El Código de Justicia Militar de Túnez, a pesar de su reforma en julio de 2011, no limita la competencia de los tribunales militares a los delitos de naturaleza puramente militar cometidos por personal militar.
“Las autoridades tunecinas deben retirar inmediatamente los cargos presentados contra Yassine Ayari”, ha dicho Heba Morayef. “El Parlamento de Túnez debe considerar prioritaria la anulación de las leyes que establecen restricciones indebidas sobre la libertad de expresión, y poner el marco jurídico tunecino en consonancia con las normas y principios internacionales limitando de manera explícita las competencias del tribunal militar a las infracciones de la disciplina militar cometidas por personal militar.”
Desde 2011, al menos 10 civiles han sido juzgados ante tribunales militares en casos relacionados con la libre expresión de opiniones, normalmente por criticar al ejército o a autoridades del Estado. En septiembre de 2016, un fiscal militar acusó al periodista independiente Jamel Arfaoui de socavar la reputación del ejército en un artículo que había publicado en un sitio web de noticias. En noviembre de 2014, Sahbi Jouini, dirigente de un sindicato policial, fue declarado culpable in absentia y condenado a dos años de prisión por difamar al ejército, al que había acusado de no hacer un uso adecuado de la información para combatir el terrorismo. En mayo de 2013, el bloguero Hakim Ghanmi fue juzgado ante un tribunal militar por “socavar la reputación del ejército” después de haberse quejado del director de un hospital militar.