Jueves, 25 de enero, 2018
“La decisión que tomarán los jueces afecta no sólo los derechos de las víctimas sino el derecho de todo el pueblo peruano
a conocer la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Pativilca”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional
Durante la audiencia del día de mañana 26 de enero, el Estado peruano tendrá una oportunidad histórica para poner fin a la impunidad creada por la decisión del presidente Kuczynski de conceder la gracia a Alberto Fujimori, la cual viola el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la masacre de Pativilca, dijo Amnistía Internacional.
El 26 de enero, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional decidirá sobre la aplicación de la gracia otorgada a Alberto Fujimori en relación con el proceso que enfrenta por el asesinato de seis campesinos en la localidad de Pativilca, el 29 de enero de 1992, considerados crímenes de lesa humanidad. De ser aplicada, la gracia extinguiría el proceso penal en su contra, perpetuando la impunidad e impidiendo el esclarecimiento de la verdad.
“La decisión que tomarán los jueces afecta no sólo los derechos de las víctimas sino el derecho de todo el pueblo peruano a conocer la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Pativilca”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El día de hoy, Amnistía Internacional también emitió una declaración pública señalando la obligación del estado peruano de terminar con la impunidad creada por la decisión del presidente Kuczynski de conceder una gracia a Alberto Fujimori y, por ende, impedir el juicio en su contra por el asesinato de seis personas en la localidad de Pativilca.
Amnistía Internacional estará presente observando la audiencia del 26 de enero, y seguirá de cerca esta importante decisión respecto a la aplicación de la gracia presidencial.
Más información
En 2009 el ex presidente Alberto Fujimori fue declarado culpable de asesinato, secuestro y lesiones graves perpetrados por sus subordinados contra decenas de personas, mientras él ocupaba la jefatura del Estado, siendo condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
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noviembre de 2006, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR460262006