En defensa de la libertad de expresión en Turquía

Hace un mes, Hatice Kılıç y sus tres hijas aguardaban ante la prisión de Şakran bajo un cielo oscuro. La temperatura era casi heladora, pero no sentían el frío. Toda su atención se centraba en aquellas puertas metálicas y en cómo pronto se abrirían y Taner Kılıç —su esposo y padre— saldría por ellas directo a sus brazos.

Ese mismo día, el tribunal de primera instancia de Estambul había concedido la libertad condicional de Taner Kılıç, abogado y presidente de Amnistía Internacional Turquía que lleva recluido, por cargos infundados de “terrorismo”, desde el pasado junio. Su esposa y sus hijas habían acudido a la prisión de Esmirna a recogerle en un estado de expectación eufórica.

Justo después de la medianoche, las puertas de la prisión se abrieron y Taner Kılıç salió metido en un automóvil policial. Pero no era libre. En lugar de ponerlo en libertad, lo condujeron, pasando de largo por delante de su familia, a un puesto de la gendarmería local, donde permaneció encerrado esa noche. Sin que el comité de bienvenida lo supiera, la fiscalía había apelado contra la decisión del tribunal de poner a Taner Kılıç en libertad. Un día después, sin nuevas pruebas ni justificación, el mismo tribunal que había concedido la libertad de Taner anuló su propia decisión y resolvió que éste debía continuar en prisión.

Taner no ha cometido ningún delito. Está acusado de “pertenencia a una organización terrorista” sobre la base de la acusación falsa de que se había descargado ByLock, una aplicación de mensajería que, según afirman las autoridades, fue la que utilizaron los organizadores del intento de golpe de Estado de 2016. Sin embargo, después de casi nueve meses entre rejas, no se han presentado pruebas creíbles que fundamenten esta acusación. Al contrario, dos peritos expertos independientes determinaron que no había rastro de que ByLock hubiera estado instalada alguna vez en su teléfono. Pese a ello, si Taner es declarado culpable, podría ser condenado a hasta 15 años de prisión.

En diciembre, las autoridades admitieron que se habían cometido errores en los casos de miles de personas detenidas por descargarse supuestamente ByLock. Publicaron unas listas que contenían los datos de más de 11.400 usuarios de teléfonos móviles a los que eximían de la presunta culpa. Esto dio lugar a la liberación masiva de personas recluidas. Por desgracia, Taner no estaba en las listas.

Taner se ha convertido en un potente símbolo de los miles de personas encarceladas injustamente como parte de la represión que ha atenazado Turquía desde el golpe de Estado fallido de 2016.

Hace dos semanas, en un estremecedor ejemplo de error judicial, Ahmet Altan, Mehmet Altan y Nazlı Ilıcak se convirtieron en los primeros periodistas turcos condenados por participación en el intento de golpe de Estado. Los tres recibieron penas de prisión perpetua por "intentar derrocar al gobierno", simplemente por realizar su trabajo periodístico.

En el caso de Mehmet Altan, resulta amargamente irónico que haya sido declarado culpable de “intentar subvertir el orden constitucional” después de que el mes pasado el Tribunal Constitucional de Turquía ordenara su puesta en libertad, al fallar que su detención violaba sus derechos constitucionales, tales como el derecho a la libertad y la seguridad, y a la libertad de expresión. El tribunal de primera instancia se negó a cumplir la sentencia, burlando así la Constitución. En otro país, esa situación habría provocado una crisis constitucional; en Turquía, la sensación fue de que el puño se cerraba aún más, y la indignación se limitó a unas cuantas voces valientes cada vez menos numerosas.

La condena de Altan sienta un escalofriante precedente para decenas de periodistas que se enfrentan a juicio por cargos falsos similares de “terrorismo” en un país que se ha convertido en el mayor carcelero de periodistas del mundo.

Pero la indignación internacional va en aumento. David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, declaró que la condena de Altan “amenaza críticamente el periodismo y, con él, los restos de la libertad de expresión y de medios de comunicación en Turquía”. Hace un mes, después de que se anulara la resolución que concedía la libertad a Taner, cinco expertos de la ONU pidieron a las autoridades turcas que “liberaran de inmediato al Sr. Kılıç y retiraran los cargos de terrorismo en su contra”.

Recuerdo mi conversación con Gülnihal Kılıç, la hija mediana de Taner, tras la segunda vista judicial de su padre en noviembre; me dijo que se sentía como si estuviera en una pesadilla de la que esperaba despertar. “No es algo que adquiera normalidad con el tiempo”, me dijo. “Al contrario: el encarcelamiento de mi padre se nos hace más difícil de soportar cada día que pasa.”

Y aún así, ella y su familia continúan decididas. Saben que el gobierno turco está utilizando el caso de su padre para transmitir una advertencia a otros defensores y defensoras de los derechos humanos que podrían enfrentarse a cargos similares si continúan con su trabajo. Y también saben que Taner está en el lado correcto de la historia.

“Siempre he estado orgullosa de mi padre, y me siento afortunada de ser su hija, ahora más que nunca”, dijo Gülnihal el mes pasado, poco después de ver cómo su padre era llevado de vuelta a prisión. “Seguiremos luchando por la libertad de mi padre; mi familia está enormemente agradecida a todas las personas que nos apoyan y comparten nuestro dolor en estos momentos tan difíciles.”

Stefan Simanowitz formó parte de una delegación que asistió a la segunda vista judicial de Taner Kiliç.