Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: Prolongada la detención arbitraria de trabajador de ONG
El 5 de marzo, un tribunal de Israel confirmó la renovación por cuatro meses de la orden de detención administrativa dictada contra Salah Hammouri, trabajador de una ONG. Salah Hammouri es investigador de campo de la ONG palestina Addameer y está bajo custodia israelí sin cargos ni juicios desde el 23 de agosto de 2017
El 26 de febrero, un tribunal de distrito israelí de Jerusalén prorrogó por cuatro meses la orden de detención administrativa dictada contra Salah Hammouri, trabajador franco-palestino de una ONG. Ahora se espera que la detención finalice el 28 de junio. La orden de detención administrativa por seis meses contra Salah Hammouri, que en la actualidad se encuentra recluido en la prisión de Ketziot, en el sur de Israel, se había dictado el 29 de agosto de 2017 y confirmado unos días después, el 17 de septiembre. La orden expiraba el 26 de febrero de 2018. El mismo tribunal confirmó la renovación el 5 de marzo.
La vista para confirmar la renovación estaba programada para el 1 de marzo, pero el tribunal la aplazó porque los abogados de Salah Hammouri habían decidido boicotear la sesión en el marco de una protesta de un grupo de personas palestinas detenidas y sus abogados para exigir el fin de la política de detención administrativa. En el mismo contexto, el 13 de febrero, un grupo de palestinos encarcelados por Israel sin cargos ni juicio en régimen de detención administrativa habían emitido una declaración (http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-news/5025-2018-02-20-08-49-53) en la que anunciaban que el 15 de febrero iniciarían una campaña de boicot contra los tribunales militares.
Las fuerzas israelíes detuvieron a Salah Hammouri el 23 de agosto, cuando irrumpieron por la noche en su casa, en el barrio de Kafr Aqab del territorio ocupado de Jerusalén Oriental. Salah Hammouri es residente en Jerusalén Oriental. Trabaja como investigador de campo en Jerusalén para la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Presos Addameer, organización palestina de derechos humanos con sede en Ramala. Khalida Jarrar, miembro de la junta directiva de Addameer, está también en detención administrativa desde el 2 de julio de 2017, y las autoridades israelíes han prohibido a tres miembros del personal de la organización salir de Israel y de los Territorios Palestinos Ocupados.
Escriban inmediatamente en hebreo, en inglés o en su propio idioma:
- Pidiendo a las autoridades israelíes que dejen en libertad a Salah Hammouri y a todas las demás personas sometidas a detención administrativa si no van a ser acusadas con prontitud de ningún delito reconocible internacionalmente ni juzgadas de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos;
- Pidiéndoles que dejen de someter a hostigamiento y detención administrativa a los trabajadores de organizaciones palestinas de derechos humanos, incluidos los miembros del personal y de la junta directiva de Addameer;
- Instándolas a tomar de inmediato medidas para poner fin a la práctica de la detención administrativa.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 19 DE ABRIL DE 2018 A:
Ministro de Defensa
Avigdor Liberman
Ministry of Defence
37 Kaplan Street, Hakirya Tel Aviv 61909, Israel
Correo-e: [email protected] / [email protected]
Fax: +972 3 691 6940
Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister
Comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel en Cisjordania
Major-General Roni Numa
GOC Central Command
Military Post 02367, Battalion 877
Israel Defence Forces, Israel
Fax: +972 2 530 5741, +972 2 530 5724
Tratamiento: General Roni Numa / Dear Major-General Roni Numa
Y copias a:
Ministro de Seguridad Pública
Gilad Erdan
Kiryat Hamemshala
PO Box 18182
Jerusalem 91181, Israel
Fax: +972 2 584 7872
Correo-e: [email protected]
Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister
Información complementaria
La policía israelí de fronteras detuvo a Salah Hammouri el 23 de agosto de 2017, cuando irrumpió por la noche en su casa, en el barrio de Kafr Aqab del territorio ocupado de Jerusalén Oriental. A continuación lo trasladó al centro de detención la Agencia de Seguridad de Israel en el Recinto Ruso de Jerusalén. El 5 de septiembre, día de la vista judicial convocada para confirmar la orden de detención por seis meses dictada contra él el 17 de agosto, un tribunal de distrito de Jerusalén dispuso, en vez de ello, que Salah Hammouri cumpliera los tres meses que le quedaban de una condena de seis que le había sido impuesta en 2005. El fiscal recurrió contra la decisión y solicitó la ampliación del periodo de prisión. No obstante, el 13 de septiembre, el Tribunal Superior de Israel falló en contra de reanudar la condena anterior. El 17 de septiembre, el tribunal de distrito de Jerusalén confirmó la orden inicial de detención administrativa por seis meses.
Según Addameer, el 2 de enero el Servicio de Prisiones de Israel trasladó a Hammouri desde la prisión de Ketziot a la prisión de Megiddo, en el norte de Israel, como castigo por dar una entrevista a un periodista francés en la que habló de la política de detención administrativa. Hammouri permaneció en la prisión de Megiddo hasta el 29 de enero, cuando lo devolvieron a la prisión de Ketziot.
Las autoridades israelíes lo habían tenido encarcelado anteriormente durante siete años y había quedado en libertad en virtud de un canje de prisioneros llevado a cabo en 2011. Residente en Jerusalén Oriental, le prohibieron entrar en el territorio ocupado de Cisjordania hasta septiembre de 2016, y su esposa Elsa Lefort, también ciudadana francesa, tiene también prohibido entrar en los Territorios Palestinos Ocupados o en Israel desde 2016. En febrero de 2016, la esposa de Salah Hammouri fue expulsada de Israel tras pasar tres días recluida en un centro de detención cerca del aeropuerto Ben Gurion, por lo que ni ella ni su hijo de dos años han podido verlo desde que quedó detenido. La familia de Salah Hammouri, incluidos su esposa, su hijo y su suegro, han sufrido hostigamiento y amenazas de desconocidos tras la publicación de sus datos de contacto en un sitio web francés.
La detención administrativa —introducida aparentemente como medida excepcional para detener a personas que representan un peligro extremo e inminente para la seguridad— es utilizada por Israel como alternativa a la detención, imputación y procesamiento de presuntos delincuentes o para privar de libertad a personas que no deberían haber sido detenidas en absoluto. Las órdenes pueden renovarse indefinidamente, y las pruebas se mantienen en secreto, por lo que la persona no puede impugnar de manera efectiva su detención ni saber cuándo será puesta en libertad. Amnistía Internacional cree que algunos palestinos a los que Israel mantiene sometidos a detención administrativa son presos de conciencia, recluidos únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, reunión o asociación. Desde octubre de 2015, la violencia ha aumentado enormemente en Israel y los TPO. Como durante otros periodos de especial tensión en los TPO, las autoridades israelíes han respondido practicando detenciones masivas, dictando cada vez más órdenes de detención administrativa y reanudando su uso contra menores de edad. Según la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, a fecha de enero de 2018 Israel mantenía sometidas a detención administrativa, sin cargos ni juicio, a 437 personas.
Todas las prisiones israelíes con palestinos sometidos a detención administrativa, excepto una, están dentro de Israel.
La reclusión de palestinos de los TPO dentro de Israel viola el derecho internacional. El Cuarto Convenio de Ginebra estipula que los miembros de la población de un territorio ocupado a los que se detenga deben estar recluidos dentro de ese territorio, no en el de la potencia ocupante.
Amnistía Internacional ha documentado una escalada de actos de intimidación perpetrados por el gobierno israelí contra activistas de los derechos humanos en los TPO. Y se han tomado también medidas para restringir la libertad de expresión dentro de Israel, donde las autoridades recurren a la intimidación y a campañas de difamación contra las organizaciones de derechos humanos y su personal.
Índice: MDE 15/7967/2018