Una prueba para la “democracia iliberal” de Orbán

Esta tarde vi cómo unos agentes enmascarados sacaban a un hombre alto y delgado de una sala de juicios húngara, sujeto con una correa. Tenía las manos y los pies encadenados y su actitud era tranquila y decidida. El hombre —a quien sólo se puede identificar como Ahmed H— acababa de ser declarado culpable de cargos falsos de terrorismo y condenado a siete años de prisión.

En su declaración final, Ahmed, residente en Chipre y padre de dos hijas de corta edad, ha explicado al tribunal que sus ancianos padres y otros seis miembros de su familia estaban huyendo de la guerra en Siria. “Se enfrentaron a la muerte muchas veces durante el viaje. Yo sólo quería ayudarlos a llegar a Alemania.”

En agosto de 2015, Ahmed dejó su hogar en Chipre para ayudar a su familia a entrar en la Unión Europea. Fue un acto de generosidad que salió terriblemente mal. En septiembre de 2015, Ahmed y su familia se encontraron atrapados en la frontera entre Serbia y Hungría, después de que la policía hubiera levantado una valla de alambre de cuchillas en ella.

Cuando estallaron enfrentamientos entre la policía húngara y las personas solicitantes de asilo que trataban de entrar en Hungría, la policía utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua contra esas personas. Muchas resultaron heridas y necesitaron atención médica. En el tumulto que se produjo, hubo gente, entre otros Ahmed, que arrojó piedras contra la policía. Ahmed también utilizó un megáfono para pedir calma a ambos bandos. En virtud de las leyes antiterroristas húngaras, sumamente imprecisas, el tribunal consideró que las acciones de Ahmed constituían “complicidad en un acto de terror”.

Esa es la explicación básica de cómo Ahmed H terminó sujeto con una correa en un tribunal lejos de su hogar. Pero no es la historia completa.

La sentencia de hoy —contra la que Ahmed apelará— refleja la peligrosa confluencia de las draconianas leyes antiterroristas de Hungría y su implacable represión de las personas refugiadas y migrantes.

El trato deshumanizador recibido por Ahmed H, y la grotesca justicia que se le ha aplicado, son el resultado inevitable de un proceso continuado de las autoridades húngaras para demonizar a las personas refugiadas. Muchos otros países de Europa han adoptado este modelo, pero hay unos pocos que lo han hecho con una eficiencia así de cruel. Aparte de cerrar sus fronteras, Hungría no ha aceptado ni a una sola persona refugiada en virtud del Programa de Reubicación establecido por la UE en 2015.

El primer ministro Viktor Orbán ha alardeado de su deseo de crear una “democracia iliberal” en Hungría. Ha llamado a los refugiados “invasores musulmanes”. Ha descrito la migración como un “veneno” y ha dicho que “cada migrante constituye un peligro para la seguridad pública y una amenaza de terrorismo”.

Para Orbán, no basta con cerrar las fronteras. También quiere consolidar un discurso de “nosotros contra ellos” que le ganará votos en las elecciones que se celebrarán el mes que viene. Es un truco burdo pero, como ya hemos visto en todo el mundo en los últimos años, el buscar cabezas de turco puede resultar electoralmente efectivo a corto plazo.

Además de atacar a las propias personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, el mes pasado se presentó en el Parlamento un nuevo conjunto de proyectos de ley destinados a penalizar a las ONG que “apoyan la migración”. El paquete legislativo conocido como Stop Soros dice “proteger la seguridad nacional” y las fronteras, pero lo cierto es que no hará ninguna de esas dos cosas. Al contrario: el proyecto de ley amordazará a quienes trabajan para ayudar a personas necesitadas y a quienes se atreven a alzar la voz. El mensaje es sencillo: la migración es mala. Y, por extensión, toda persona que trabaje sobre ella será castigada.

La humillación pública de Ahmed pretende transmitir otro mensaje: las personas refugiadas y migrantes que intentan entrar en Hungría no son bienvenidas y no merecen dignidad ni justicia.

El fundamento de los cargos formulados contra Ahmed H no resiste un análisis riguroso. En la vista de enero, el tribunal de la localidad de Szeged vio horas de vídeos que mostraban los sucesos en la frontera.

En ellos se veía una multitud de personas cada vez más angustiadas y confusas que trataban de cruzar una valla recién levantada, y a la policía utilizando gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersarlas. Algunas personas arrojaron piedras que alcanzaron los escudos de la policía. Ahmed también arrojó unos cuantos objetos, pero asimismo se le veía claramente tratando de mediar entre la multitud y la policía. “Sólo queremos paz”, se le oye decir en inglés. A la multitud le decía en árabe: “por favor, que nadie arroje nada”. Ahmed explicó que, puesto que era uno de los pocos que hablaban inglés en aquella multitud, asumió la tarea de comunicarse con la policía húngara: un acto por el que ahora paga un alto precio.

En 2016, el gobierno de Hungría aprobó una reforma de la Constitución y de las leyes relacionadas con ella que confería al primer ministro competencias amplias y prácticamente ilimitadas para declarar una “situación de amenaza terrorista”. Más tarde, ese mismo año, el gobierno húngaro invocó la migración masiva como razón para declarar un estado de excepción. El 16 de febrero de 2018, ese estado de excepción se amplió otros seis meses.

El caso de Ahmed muestra cómo se están utilizando las medidas “antiterroristas” como pretexto para atacar a personas musulmanas con el fin de reforzar el mensaje del gobierno: que la migración es mala e indeseada. Arrojar piedras y utilizar un megáfono no son “actos de terror” y, tal como explicó la esposa de Ahmed el año pasado: “Nuestras hijas lo extrañan mucho. Ahmed es un padre excelente y un excelente esposo. No es un terrorista”.

Desde el banquillo de los acusados, Ahmed H hizo una apasionada súplica final al juez. “Me gustaría volver a casa para estar con mis hijas”, dijo. “Pido al tribunal que dicte una sentencia justa.” Pero en Hungría, hoy, parece que la justicia escasea.

Este artículo fue publicado originalmente en la página web de la Fundación Thomson Reuters.

Áron Demeter es director de medios de comunicación de Amnistía Internacional Hungría.