¿Está el gobierno japonés ejecutando a miembros de la secta Aum por conveniencia?

¿Está el gobierno japonés ejecutando a miembros de la secta Aum por conveniencia?

¿Cuál es el mejor momento para ejecutar a alguien? Lamentablemente, esta podría muy bien ser la pregunta que se está planteando el gobierno japonés actualmente.

En 2019, el país tendrá un nuevo emperador por primera vez en tres decenios, mientras que las Olimpiadas de Tokio del año siguiente anuncian el retorno de los Juegos de Verano a Japón tras una interrupción de más de 50 años.

Los ojos del mundo estarán puestos en oriente, y, lógicamente, el humor del país es festivo.

Este podría ser el motivo de que, muy probablemente, el gobierno de Japón lleve a cabo varias ejecuciones en los próximos meses. Quitándolas de en medio ahora, estas “noticias negativas” no ensombrecerán las futuras celebraciones, o eso es lo que se piensa.

En Japón las ejecuciones están envueltas en secreto, por lo que es imposible prever cuando se llevará exactamente a la horca a cualquiera de las123 personas que hay condenadas a muerte.

Entre quienes más riesgo de ejecución corren figuran 13 miembros de la secta religiosa Aum Shinrikyo (Aum). Fueron condenados por su participación en el terrible atentado con gas sarín perpetrado en 1995 en el metro de Tokio y por otros delitos. El atentado mató a13 personas y condenó a miles más a sufrir los efectos del gas nervioso.

Elegir a algunos de los 13 miembros de Aum para llevar a cabo dichas ejecuciones se ajustaría a un patrón perfectamente establecido. Los anteriores ministros de Justicia solían resaltar la crueldad y la motivación egoísta de los delitos cometidos.

Al cabo de dos decenios, el atentado del metro sigue estando fuertemente grabado en la memoria de muchas personas, dada su magnitud sin precedente. Las familias de algunas de las víctimas han expresado indignación por no haber recibido disculpas genuinas de los perpetradores.

Estas familias merecen que los responsables del atentado sean llevados ante la justicia y sancionados por sus delitos. Pero la pena capital no tiene cabida en ningún sistema judicial, ni siquiera en este caso. Es la negación más extrema de los derechos humanos, el homicidio premeditado y a sangre fría de un ser humano a manos del Estado en nombre de la justicia.

Es poco probable que alivie el sufrimiento de las familias y podría impedir que reciban alguna vez las disculpas que piden

Aunque las condenas de los 13 miembros de Aum llevan años aprobadas, hasta ahora no ha sido ejecutado ninguno. La legislación japonesa prohíbe la ejecución de los condenados hasta que hayan concluido las causas contra todos los demás acusados. Dos de los miembros de Aum, Katsuya Takahashi y Naoko Kikuchi, estuvieron 17 años fugados, hasta 2012, quizá para intentar salvar a sus compañeros acusados.

Al haber confirmado el Tribunal Supremo la absolución de Kikuchi en diciembre del año pasado y la cadena perpetua de Takahashi en enero de este año, el resto de los 13 miembros de Aum podrían ser ejecutados en cualquier momento El ministro de Justicia podría firmar sus órdenes de ejecución a pesar de que algunos están intentando conseguir un nuevo juicio.

Apelar contra la sentencia condenatoria no garantiza ya un aplazamiento de la ejecución en Japón. Tres de las cuatro personas ahorcadas en 2017 estaban preparando una solicitud de nuevo juicio.

Esta es sólo una de las diversas infracciones flagrantes del derecho y las normas internacionales sobre el uso de la pena de muerte que se cometen en el país.

No hay aviso

Lo habitual es que a las personas condenadas les comuniquen que van a ser ejecutadas pocas horas antes, pero en algunos casos no reciben aviso alguno. Se las mantiene en aislamiento, con la angustia de no saber jamás cuándo van a ser ejecutadas, a veces durante decenios.

Normalmente, a los familiares se les notifica la ejecución después de haberse llevado a cabo. No hay forma de saber quién será la siguiente persona ejecutada. El contacto con el mundo exterior se limita a visitas supervisadas y poco frecuentes de familiares, abogados u otros visitantes previamente aprobados.

Japón continúa condenando a muerte y ejecutando a personas con discapacidad mental e intelectual, lo que constituye una violación flagrante del derecho y las normas internacionales.

Seis psiquiatras cuyos servicios contrataron los abogados del gurú de la secta Amu, Matsumoto, expresaron preocupación por el deterioro de la salud mental de éste como consecuencia de su reclusión como condenado a muerte. Según una de las hijas de Chizuo Matsumoto, en los últimos 10 años ningún visitante externo, ni siquiera sus familiares y abogados, ha podido reunirse con él, lo que hace que resulte aún más difícil conocer su estado mental actual.

Oponerse a la pena de muerte no significa que los responsables de actos violentos, como los autores de atentado del metro, no deban rendir cuentas. Significa pedir a los gobiernos que dediquen sus recursos a medidas preventivas a largo plazo, que aborden la cuestión de raíz y con eficacia.

Enterrar silenciosamente a los 13 miembros de Aum no hará que nuestra sociedad sea más segura. No contribuye a abordar la causa de que prosperara una secta así en la sociedad japonesa o de que sus miembros se vieran atraídos por un carismático gurú con ideas peligrosas.

Lo que caracteriza a una sociedad civilizada es el reconocimiento de los derechos de todas las personas, incluidas la responsables de delitos horrendos.

Los organizadores de los Juegos de Tokio quieren “promover medidas que dejen legados duraderos para las generaciones futuras”. Es hora de que el pueblo japonés reconsideré si el país quiere dejar un legado de brutalidad a la próxima generación.

El homicidio sancionado por el Estado es cruel e inhumano en todos los casos, pero en el de las ejecuciones que van a llevarse a cabo ahora, con vistas al año próximo, cuando el mundo tenga los ojos puestos en Japón, demuestran un cinismo sin precedente y un estremecedor despreció por la vida humana.