Pakistán: Cientos de casos de desaparición forzada por resolver

Pocos castigos son tan crueles y deliberados como la desaparición forzada. La persona es arrebatada a sus seres queridos por funcionarios del Estado u otras personas que actúan en su nombre. Niegan que la persona esté bajo su custodia o rehúsan decir dónde está. Sumen a los familiares en un estado de angustia permanente, en el que intentan mantener viva la llama de la esperanza a pesar de que se temen lo peor. Y ese limbo puede durar años.

La persona sometida a desaparición forzada corre peligro de ser torturada y hasta de morir. Si al final es liberada, las secuelas físicas y psicológicas son duraderas. Si es asesinada, la familia nunca se recupera de su pérdida. La desaparición forzada es un instrumento de terror que golpea no sólo a la persona afectada y a sus familiares, sino también a toda la sociedad. Por eso es un crimen de derecho internacional, y, si se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático, constituye un crimen de lesa humanidad.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias tiene más de 700 casos pendientes de Pakistán, y la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas, paquistaní, ha recibido informes de varios cientos más en todo el país. Entre las víctimas hay blogueros, periodistas, estudiantes, activistas por la paz y otros defensores y defensoras de los derechos humanos cuyo trabajo promueve los mismos valores que este Consejo y es vital para una sociedad libre y justa.

Nunca se ha hecho rendir cuentas a nadie en Pakistán por una desaparición forzada.

Estos crímenes se cometen en el contexto de un asalto general a la sociedad civil. Se penaliza la libertad de expresión en línea. Defensores y defensoras de los derechos humanos son denostados y amenazados, y se perpetran ataques contra periodistas. Se imponen mayores restricciones a las organizaciones de la sociedad civil, y se expulsa a ONG internacionales.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción que Pakistán haya aceptado la recomendación de tipificar como delito la desaparición forzada*,  pero ve con decepción que no haya aceptado la de ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulada por varios Estados, algunos de ellos con su propio historial traumático de desapariciones forzadas.

Amnistía Internacional señala con satisfacción que Pakistán ha aceptado la recomendación de proteger a los periodistas y la libertad de expresión,2 pero considera preocupante que el gobierno no haya aceptado la recomendación de llevar ante la justicia a los autores de tales amenazas, ataques y secuestros.3

Como miembro elegido de este Consejo, Pakistán debe aplicar las normas de derechos humanos más estrictas y no sólo reconocer las violaciones de derechos humanos sino además tomar medidas concretas para poner fin a la impunidad con que se cometen.

Información complementaria

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el resultado del examen periódico universal de Pakistán el 19 de marzo de 2018, en su 37 periodo de sesiones. Antes de la aprobación del informe del examen, Amnistía Internacional presentó oralmente esta declaración. La organización hizo también una aportación a los datos que sirvieron de base al examen presentando esta información sobre el país: https://www.amnesty.org/es/documents/asa33/6513/2017/en/