Congo-Brazzaville: La detención arbitraria y tortura de decenas de personas ejerce una fuerte presión sobre la libertad de expresión

Decenas de activistas y miembros de la oposición se consumen en las cárceles de Congo Brazzaville, algunos desde hace casi tres años, simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, mientras la comunidad internacional guarda silencio sobre la situación de los derechos humanos en el país; así lo han afirmado hoy Amnistía Internacional y cuatro organizaciones más.

Las organizaciones piden a las autoridades que pongan en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente y que abran una investigación sobre las denuncias de tortura.

“Las autoridades congoleñas no sólo han recurrido a la detención arbitraria de activistas y miembros de la oposición, sino que además han torturado a estas personas en muchos casos. Algunas víctimas aún tienen las cicatrices de ese trato tan inhumano y degradante”, ha señalado Balkissa Idé Siddo, investigadora de Amnistía Internacional sobre África Central.

"En cada oportunidad, la comunidad internacional y donantes como la UE y la ONU deben trabajar para conseguir que las autoridades congoleñas pongan fin de inmediato a la represión y liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente.”

Desde la celebración del referéndum constitucional en octubre de 2015 y de las elecciones presidenciales en marzo de 2016, cuyos resultados fueron enérgicamente cuestionados tanto por la oposición como por la comunidad internacional, las autoridades han puesto en marcha una campaña de detención de simpatizantes de la oposición y han prohibido manifestaciones pacíficas.

"Los tribunales congoleños deben ordenar de inmediato la liberación de toda persona detenida simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Cuando existan pruebas razonables para que la persona sea acusada de algún delito reconocible, deberá ser juzgada sin demora y con las debidas garantías”, ha afirmado Maximilienne C. Ngo Mbe, directora ejecutiva de la Red de Defensores de los Derechos Humanos en África Central (Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale, REDHAC).

Las organizaciones signatarias han documentado al menos 40 casos de detención de activistas políticos entre octubre de 2015 y diciembre de 2016 sólo por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y de protesta pacífica. Casi todos siguen bajo custodia, y se ha acusado a la inmensa mayoría de "incitación al desorden público" y "menoscabo de la seguridad interna".

Por ejemplo, entre las personas detenidas en relación con las protestas en torno al referéndum constitucional está Paulin Makaya, presidente del partido político de oposición Unidos por el Congo (Unis pour le Congo, UPC). Fue condenado a dos años de prisión por participar en una manifestación contra la reforma constitucional.

Aunque Makaya terminó de cumplir su condena en noviembre de 2017, las autoridades se negaron a ponerlo en libertad. Desde enero de 2018 lo han acusado de nuevos delitos: “quebrantamiento de la seguridad nacional” y "complicidad en tenencia ilícita de armas y municiones de guerra”.

Antes y después de las elecciones presidenciales de marzo de 2016, las autoridades han detenido a más de 20 dirigentes y miembros de la oposición y los han acusado de "incitación al desorden público" en aplicación de las disposiciones de la legislación nacional sobre partidos políticos, que contraviene las leyes regionales e internacionales que ha firmado el país. Al menos 16 continúan bajo custodia.

Entre los detenidos está André Okombi Salissa, presidente del grupo opositor Convenio de Acción para la Democracia y el Desarrollo (Convention d'action pour la démocratie et le développement, CADD). En abril de 2016, Salissa tuvo que esconderse tras declarar públicamente que no reconocía los resultados de las elecciones presidenciales. Fue detenido en enero de 2017 y acusado de “menoscabo de la seguridad interna” y “tenencia ilícita de armas de guerra”. Continúa bajo custodia, junto a activistas y simpatizantes del ex candidato presidencial Jean-Marie Michel Mokoko y, al menos, dos miembros del Movimiento Congoleño por la Democracia y el Desarrollo Integral (Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, MCDDI).

"Estos cargos falsos usados para detener a opositores y activistas son una afrenta a los compromisos contraídos por el país con el respeto de la libertad de expresión y la protesta pacífica. No hacen nada para mejorar el clima político ni aportan soluciones que garanticen seguridad o paz duradera en Congo”, ha manifestado Loamba Moke, presidente de la Asociación por los Derechos Humanos en el Universo Carcelario (Association pour les Droits de l’Homme dans l’Univers Carcéral, ADHUC).

Según información recopilada por los signatarios, varias personas detenidas han sufrido tortura. Las autoridades congoleñas no han tomado medidas hasta ahora para investigar estas denuncias o para poner fin a esta práctica. 
El 24 de enero de 2017, Modeste Boukadia, presidente del Círculo de Demócratas y Republicanos del Congo (Cercle des Démocrates et Républicains du Congo, CDRC), detenido un año antes, fue ingresado en un hospital de Pointe-Noire tras recibir una paliza de los guardias de la prisión. Presentaba fractura de dos huesos en la región lumbar, hipertensión arterial y una cardiopatía.

Noel Mienanzambi Boyi, presidente de la Asociación por la Cultura de la Paz y la No Violencia y presentador de radio local, fue detenido en enero de 2017 y sometido igualmente a tortura bajo custodia.

“La comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, no pueden seguir pasando por alto las violaciones de derechos humanos cometidas repetidamente en Congo, ni la falta de voluntad política de sus autoridades para combatir eficazmente la impunidad”, ha señalado Laurent Duarte, coordinador del movimiento "Tournons la Page’’ (Pasemos página).

"En todos los niveles de su compromiso con las autoridades congoleñas, la comunidad internacional, incluidos la UE y la ONU, deben hacer todo lo que esté en su mano para garantizar que las autoridades congoleñas ponen fin a las detenciones y reclusiones arbitrarias, la tortura y el trato inhumano que se infligen a los activistas políticos", ha manifestado Brice Mackosso, secretario permanente de la Comisión Episcopal Justicia y Paz (Commission Episcopale Justice et Paix, CEJP) en Pointe Noire.