Una empresa china no puede tratar a un pueblo mozambiqueño como si no existiera en su búsqueda de beneficios

Nagonha es un pueblecito costero del norte de Mozambique de sólo 1.329 habitantes. Situado en el distrito de Angoche, unos 180 kilómetros al este de la ciudad de Nampula, consta de 236 chozas que se asoman al océano Índico en el canal de Mozambique.

Aunque lleva ahí cuatro decenios, carece de servicios públicos esenciales. No tiene escuela,centro de salud, electricidad, agua corriente ni saneamiento. Su principal sustento es la pesca.

Cuando la empresa minera multinacional china Haiyu Mozambique Mining Co. Lda. llegó al pueblecito en 2011 despertó considerable entusiasmo entre sus habitantes. Como le habían concedido un contrato para extraer valiosos minerales en la zona y sus alrededores, su presencia representaba una promesa de trabajo y desarrollo para la comunidad.

El espíritu de celebración de aquel momento esté bien resumido en estas palabras de una de las vecinas del pueblo, Fatima: “Teníamos la esperanza de que harían cosas buenas para la comunidad.”

Ni ella ni sus vecinos podían imaginar que la llegada de Haiyu iba a ser el comienzo de un desgraciado capítulo de sus vidas.

El 7 de febrero de 2015 por la mañana, una inundación súbita despertó a los habitantes de Nagonha. El mar cubrió de inmediato 48 casas, al quedar la duna sobre la que se asentaba Naghona partida en dos por el agua, que abrió un canal por en medio del pueblo hasta el océano Índico.

La inundación dejó a 290 personas sin hogar y destruyó parcialmente otras 173 casas. Personas que llevaban más de 70 años viviendo en la zona dijeron a Amnistía Internacional que nunca se habían registrado inundaciones así en Nagonha antes de la llegada de Haiyu.

En cuanto a los habitantes del pueblo, no tuvieron tiempo de prepararse para este desastre porque nada podría haberlos preparado para ello.

Una investigación de dos años llevada a cabo por Amnistía Internacional y publicada la semana pasada indica de manera convincente que las actividades mineras de Haiyu tuvieron mucho que ver en la inundación de 2015.

Una comparación de imágenes de satélite de la zona tomadas en diciembre de 2010 y octubre de 2014 muestra una acumulación en torno al pueblo de depósitos de arena relacionados con las actividades mineras y un cambio gradual del flujo natural del agua. En octubre de 2014, cerca de 280.000 metros cuadrados de humedales situados al norte de Naghona estaban cubiertos de arena, y un importante canal que comunicaba varias lagunas de los alrededores con el mar había quedado bloqueado totalmente.

La combinación de estos cambios ambientales hizo que Naghona y sus habitantes corrieran un riesgo enorme de sufrir una inundación.

Este análisis coincide con testimonios de gente la zona recopilados y con opiniones de peritos ambientales independientes.

En la base de todo esto está el hecho de Haiyu no cumpliera la legislación mozambiqueña, no llevara a cabo una evaluación adecuada del impacto ambiental ni consultara con la comunidad antes de iniciar sus operaciones.

La empresa se niega a asumir la responsabilidad de la destrucción de viviendas y del medio ambiente y califica lo ocurrido de “obra de la naturaleza”.Tampoco ha podido ofrecer respuestas satisfactorias acerca de lo que sabía o debería haber sabido o de lo que hizo o debería haber hecho antes de establecerse allí.

Dado que la actividad minera se desarrollaba en una zona de complejos humedales y donde la estructura económica, social y cultural de la comunidad local estaba completamente ligada al ecosistema local, estos fallos son francamente indignantes.

Explicando los devastadores efectos que las actividades mineras han tenido en su vida, un pescador local dijo: “Pescábamos lo suficiente para ganarnos el sustento. Pero nuestra vida ha empeorado, porque estas máquinas alteraran el mar y hacen que el pescado desaparezca. Ayúdennos. No se les puede permitir que nos dejen en estas condiciones.”

Más de tres años después del desastre, los hogares afectados siguen sin recuperarse de sus pérdidas.

Es un caso típico, que pone de relieve la lucha que las comunidades pobres tienen que librar cuando las grandes empresas pisotean sus derechos. Las autoridades mozambiqueñas, por su parte, no están en absoluto libres de culpa, pues no hicieron nada para garantizar que Haiyu cumpliera la legislación del país ni ofrecieron reparación de ningún tipo a los habitantes del pueblo.

Es hora ya de abordar esta situación Amnistía Internacional pide que se abra con prontitud una investigación efectiva contra Haiyu por las infracciones de la legislación del país conducentes a estas violaciones de derechos humanos. Y para que se haga alguna vez justicia a los habitantes de Naghona, se les deben proporcionar medios efectivos para interponer recursos.

Hay mucho en juego aquí. No se puede permitir a las empresas multinacionales tratar a las comunidades en las que obtienen sus beneficios como si no existieran.