Las muertes en México: ¿daños colaterales o el producto de una política de seguridad fallida?

La madrugada del pasado 25 de marzo, una joven pareja viajaba en su vehículo con sus tres hijas y una sobrina por la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, cuando un helicóptero de la Marina mexicana abrió fuego contra la familia. Atrapadas en medio de los elementos de la Secretaria de Marina (SEMAR), la madre y dos de sus hijas fallecieron instantáneamente.

Las autoridades han considerado estas muertes como "daños colaterales" de un conflicto que ha sido acompañado por más de 200 mil muertes en México desde finales de 2006. Esta frase contiene por sí la connotación de una lógica de conflicto armado y una aceptación de un combate frontal. Integrar la idea de daño colateral es aceptar implícitamente el enfoque de que las fuerzas armadas son parte de la seguridad pública.

Lamentablemente este no es un caso aislado.

Solo en las últimas semanas, la SEMAR ha estado bajo el escrutinio público por sus acciones violatorias de los derechos humanos, además de otras irregularidades. El 9 de abril, la prensa nacional reportó prácticas de corrupción para el pago a contratistas de la Marina. El 11 de abril, medios de comunicación reportaron el incidente donde un estudiante de bachillerato de 17 años habría sido herido en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas por balas provenientes de un enfrentamiento entre la Marina y sujetos armados. La SEMAR no hizo ninguna declaración al respecto. Y la madrugada del 17 de abril, la Marina habría atacado por error a policías de Jalisco, otra vez disparando desde helicópteros.

Después de la tragedia en Nuevo Laredo, la Marina publicó dos comunicados de prensa con la intención de ocultar lo ocurrido, primero omitiendo la muerte de la familia, y luego negando su responsabilidad en ella, incluso antes de verificar los hechos. Esta respuesta es característica del tono hermético que las fuerzas armadas han mantenido ante violaciones de derechos humanos y apunta a un modus operandi en el que el uso de la fuerza letal es constante y en desapego a los estándares internacionales, sin que existan mecanismos reales de rendición de cuentas.

En el 2014, en respuesta a una petición de información pública solicitada por académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que ya no proveería de información pública sobre el número de personas fallecidas en sus operativos, excusándose en que la investigación de los hechos corresponde a autoridades civiles, y negando con ello el derecho a la información de la ciudadanía.

Esta política viola los estándares internacionales de derechos humanos y el propio manual del uso de la fuerza de las fuerzas armadas en México, los cuales son claros en tanto a la obligación de reportar sobre los resultados de los operativos, en particular si se ha hecho uso de la fuerza letal.

Además de la falta de transparencia sobre los hechos, la Marina lanzó una campaña de desprestigio en contra de los familiares de las víctimas, lo que es cada vez más común, acusándoles de mentir para buscar una compensación económica.

Esta no es la primera vez que representantes de las fuerzas armadas desprestigian a víctimas de violaciones a los derechos humanos sin evidencia alguna y con la mera intención de negar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En los últimos años Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han documentado en múltiples casos este mismo patrón.

Ante este contexto, las víctimas, sus familiares y las organizaciones que les acompañan han generado mecanismos de resistencia para evitar la revictimización y otras violaciones a sus derechos. En este trágico caso de Nuevo Laredo ha sido innegable el peso de la evidencia encontrada y publicada en medios de comunicación, gracias a los esfuerzos de los familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos, sobre todo el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

La activa movilización de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil ha sido esencial para elevar la presión pública y forzar a la Procuraduría General de la Republica (PGR) a realizar un peritaje sobre los hechos.

El peritaje de la PGR publicado el 6 de abril reconoce la responsabilidad de la Marina en los hechos ocurridos, pero este es solamente un primer paso para garantizar una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, a la vez de asegurar los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. La investigación debe identificar a los responsables, incluyendo aquellos con responsabilidad de mando, y procesarles en un juicio justo ante tribunales civiles ordinarios; de lo contrario, este será un caso más que se añada al nefasto récord de impunidad en el país.

Por años, Amnistía Internacional ha alertado sobre las graves consecuencias que tiene para los derechos humanos la militarización de la política de seguridad pública. En diciembre, Amnistía Internacional envió una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto expresando su preocupación ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y solicitándole que la vetara.

La ley en cuestión normaliza de forma peligrosa la idea del "daño colateral" y otras prácticas contrarias a los derechos humanos que han sido frecuentes en México, tales como el ocultamiento de evidencia, secretismo, e incluso la utilización de técnicas y equipo militar para realizar labores de seguridad pública.

Ante la más reciente tragedia en Nuevo Laredo, desde Amnistía Internacional reiteramos una vez más el llamado a las autoridades mexicanas a retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, para las cuales no han sido entrenadas y sobre las cuales no rinden cuentas. La seguridad pública no debe ser un campo de batalla, donde, en palabras de la Marina, de "manera circunstancial" se pierden miles de vidas humanas.