Estados Unidos: Insten al gobernador a no vetar proyecto de ley de abolición
La Cámara de Representantes del estado estadounidense de Nuevo Hampshire ha aprobado un proyecto de ley de abolición de la pena de muerte que ahora pasará a manos del gobernador. Éste ha manifestado que lo vetará. Debería firmarlo o permitir que se convierta en ley, y convertir así a Nuevo Hampshire en el 20º estado abolicionista de Estados Unidos
El 26 de abril, la Cámara de Representantes de Nuevo Hampshire aprobó, por 223 votos a favor y 116 en contra, el Proyecto de Ley del Senado 593, que aboliría la pena de muerte en el estado. El Senado había aprobado el proyecto de ley por 14 votos contra 10 el 15 de marzo. El proyecto de ley pasará en breve a manos del gobernador Chris Sununu, aunque aún no está claro cuándo. El gobernador puede firmar su entrada en vigor, permitir que se convierta en ley al no emprender ninguna acción al respecto, o vetarlo. En una declaración realizada el 28 de febrero, manifestó: “Estoy con las víctimas de delitos, los miembros de la comunidad encargada de hacer cumplir la ley y quienes defienden la justicia, y apoyo su oposición a derogar la pena de muerte. Una de las máximas prioridades de mi gobierno ha sido reforzar las leyes para las víctimas de delitos y sus familias. La derogación de la pena de muerte nos envía exactamente en la dirección errónea, y vetaré el proyecto de ley si llega a mi escritorio. No cabe duda de que los crímenes más horrendos merecen la pena de muerte”. Desde la votación de la Cámara de Representantes, el gobernador ha repetido su amenaza de veto.
Tal como sugiere el gobernador Sununu, hay funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, víctimas de delitos y “defensores de la justicia” que apoyan la pena de muerte. Pero la declaración del gobernador no reconoce que esta situación dista de ser homogénea. Muchos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se oponen a la pena de muerte, al igual que lo hacen muchos familiares de víctimas de asesinato. Sobre la cuestión de la justicia, tal como señalaron cuatro jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2007: “Millones de estadounidenses se oponen a la pena de muerte. En prácticamente todas las comunidades del país existe una sección transversal que incluye a personas que creen firmemente que la pena de muerte es injusta”.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente. Esta pena viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Consume recursos que estarían mejor empleados para comprender y prevenir la delincuencia violenta y ayudar a las personas afectadas por ella. La aplicación de una condena a muerte convierte cualquier injusticia en una permanencia irrevocable, independientemente de que se trate de la ejecución de una persona condenada erróneamente o que sea una condena empañada por la discriminación u otro tipo de desigualdad. El sistema de aplicación de la pena capital de Estados Unidos se caracteriza por la arbitrariedad, la discriminación y los errores, tal como han señalado varios jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos a lo largo de los años.
En la actualidad, 142 países son abolicionistas en la ley o en la práctica, y más de 90 de ellos han abolido la pena de muerte en la ley para todos los delitos o para los delitos comunes desde 1976, año en que la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que se reanudaran las ejecuciones en el país. La abolición de la pena de muerte en Nuevo Hampshire no sería un paso en “la dirección errónea”, sino que se uniría al impulso que empuja a un país tras otro hacia el abolicionismo. Estados Unidos ha estado dando señales de unirse a esta tendencia global —el número de condenas a muerte y ejecuciones ha ido en descenso y seis estados han abolido la pena de muerte desde 2007—, y ha creado el espacio político para que otros dirigentes lideren a sus estados para apartarlos de esta pena. En Nuevo Hampshire no se ha llevado a cabo ninguna ejecución en casi 80 años. Es hora de eliminar la pena de muerte en la ley.
Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma, con sus propias palabras:
- manifestando satisfacción por la votación positiva en las dos cámaras de Nuevo Hampshire para derogar la pena de muerte;
- animando al gobernador a firmar el Proyecto de Ley del Senado 593 o a permitir que se convierta en ley;
- señalando que la pena de muerte va en descenso en Estados Unidos, y que una clara mayoría de los países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica, al reconocer sus defectos fundamentales.
Envíen llamamientos antes del 14 de junio de 2018 a:
Gobernador
Chris Sununu
Office of the Governor, State House
107 North Main Street, Concord, NH 03301, EE. UU.
Fax: +1 (603) 271-7680
Correo-e: https://business.nh.gov/nhgovernor/comments.asp
Twitter: @GovChrisSununu
Tratamiento: Señor Gobernador / Dear Governor
Por favor, firmen también esta petición y pidan a otras personas que lo hagan:
http://act.ejusa.org/p/dia/action4/common/public/?action_KEY=26169&track=ActionNat-NHGov-url
Información complementaria
En Nuevo Hampshire ha habido 24 ejecuciones desde 1739, la última de ellas el 14 de julio de 1939. En 1972, la Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que la pena de muerte en el país era inconstitucional a causa de la arbitrariedad con la que se imponía. La Corte aprobó los nuevos estatutos de pena capital en 1976, y permitió que se reanudaran las ejecuciones en Estados Unidos según unos programas de aplicación de la pena capital que supuestamente eliminarían la arbitrariedad. Nuevo Hampshire no reintrodujo en su legislación la pena de muerte hasta 1991.
Los últimos 40 años de pena capital en Estados Unidos han mostrado un sistema plagado de arbitrariedades y errores. Desde 1973 se han descubierto más de 160 condenas erróneas en casos de pena capital. Otras personas han sido ejecutadas pese a las serias dudas existentes en torno a su culpabilidad. Se supone que, en Estados Unidos, la pena de muerte se reserva para los “peores de los peores” delitos y delincuentes. En realidad, tal como señaló en 1994, en una famosa declaración, un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos: “La cuestión básica —¿determina el sistema con exactitud y coherencia qué acusados ‘merecen’ morir?— no puede responderse de forma afirmativa”. En 2015, dos jueces discrepantes alegaron que aunque “todos los asesinatos son trágicos [...] la constitucionalidad de la pena capital reside en su aplicación limitada a lo peor de lo peor. Y [un] amplio conjunto de indicios sugiere que no se atiene a esa limitación”. Los jueces señalaron también el coste económico de la pena de muerte, diciendo que, por ejemplo, mientras “el coste de la pena de muerte en California es de 137 millones de dólares al año, un sistema equivalente de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional costaría 11,5 millones de dólares al año”, y que, en Florida, el “coste de las ejecuciones es de 23 millones de dólares más que el coste de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”.
En 2008, el que entonces era el juez con más antigüedad en la Corte escribió que “las decisiones actuales de los gobiernos estatales [...] de mantener la pena de muerte como parte de nuestra ley son producto del hábito y la falta de atención, más que de un proceso deliberativo aceptable que sopese los costes y riesgos de administrar la pena de muerte frente a sus beneficios identificables”. Entre otras cosas, el juez John Paul Stevens escribió: “Pese a los 30 años de investigación empírica sobre el tema, sigue sin haber datos fiables que demuestren que la pena capital disuade de hecho a los posibles delincuentes”. Desde entonces, las cámaras legislativas de Nuevo México (2009), Illinois (2011), Connecticut (2012) y Maryland (2013) han aprobado proyectos de ley de abolición de la pena de muerte, cuya entrada en vigor como ley ha sido firmada por sus gobernadores. En la actualidad, 19 estados y el Distrito de Columbia son abolicionistas. Otros cuatro estados —Washington, Colorado, Oregón y Pensilvania— tienen vigentes moratorias de las ejecuciones a causa de la inquietud oficial sobre el sistema de aplicación de la pena capital.
Después de que, a finales de 2007, la Cámara de Representantes de Nueva Jersey votara a favor de la abolición de la pena de muerte, el entonces jefe de policía de Orange Occidental, en Nueva Jersey, escribió que, aunque durante mucho tiempo había sido partidario de la pena de muerte, desde entonces había concluido que la abolición era “una cuestión de mero sentido común”. Escribió: “[L]a pena de muerte arroja millones de dólares por el sumidero —dinero que podría dedicarse directamente a trabajar para luchar contra la delincuencia a diario— mientras arrastra a las familias de las víctimas por un proceso largo y tortuoso que sólo agrava su dolor [...] El proceso judicial condena a las familias de las víctimas a un tiempo indeterminado en un limbo legal, esperando, esperando, esperando el día en que se ejecute la pena. Para la mayoría, ese día nunca llega. Se suponía que la pena de muerte ayudaría así a las familias [...] Como jefe de policía, este uso de los recursos estatales me parece ofensivo. Se supone que la pena de muerte me ayuda a luchar contra la delincuencia. ¿Pues saben qué les digo?: Denme a un profesional del cumplimiento de la ley como yo esos 250 millones de dólares, y les mostraré cómo reducir la delincuencia. La pena de muerte ya no está en mi lista”.
En la actualidad hay una persona en el corredor de la muerte de Nuevo Hampshire. Michael Addison fue condenado a muerte en 2008 por el asesinato de un policía, Michael Briggs, cometido en 2006. El reducido número de acusaciones o procesamientos por pena capital en Nuevo Hampshire a lo largo de los años hace que resulte difícil cuantificar el posible ahorro de la derogación. Sin embargo, según la información recopilada en relación con el Proyecto de Ley del Senado 593, “el coste de procesar el caso Addison ha sido de 2.5 millones de dólares. Este caso seguirá generando costes adicionales durante varios años más”.
Índice: AMR 51/8344/2018