Níger: Más de un centenar de personas de nacionalidad sudanesa expulsadas a Libia en situación crítica y en peligro de sufrir graves abusos, incluida tortura

Más de un centenar de personas de nacionalidad sudanesa detenidas en Níger están en peligro de sufrir graves abusos, como detención ilegítima en duras condiciones, tortura y otros malos tratos, a menudo con fines de extorsión, tras haber sido devueltas a Libia la semana pasada, ha dicho Amnistía Internacional.

El grupo, de unas 145 personas —entre ellas mujeres, niños y niñas— había llegado en avión desde Libia debido a las terribles condiciones que padecían allí, y vivía en un campo de personas desplazadas en la ciudad nigerina de Agadez, donde esperaban pedir asilo.

El 2 de mayo, las autoridades de Níger las reunieron, las metieron en camiones y se las llevaron a la frontera con Libia. Las autoridades confirmaron la expulsión, afirmando que se había efectuado porque no se trataba de “personas refugiadas, sino de posibles miembros de grupos armados” en Libia, y por consiguiente eran una amenaza para la seguridad del país.

“Al devolver a estas personas a Libia, las autoridades de Níger violan el principio mismo del asilo y la protección de las personas refugiadas.

Libia no es un país seguro. Nuestras investigaciones han demostrado que allí las personas migrantes y solicitantes de asilo son víctimas de tortura, detención y extorsión. Las autoridades deben permitir que estas personas vuelvan a Níger, conforme a sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y colaborar con la agencia de la ONU para los refugiados a fin de encontrarles una alternativa segura.”

Amnistía Internacional habló en Agadez con un ciudadano sudanés que había conseguido escapar a la expulsión tras ser detenido con el grupo y seguía en contacto telefónico con alguno de sus integrantes. Este hombre, que confirmó que los habían llevado a Libia, contó:

“Cuando salimos de la mezquita, al atardecer del 2 de mayo, la policía nos estaba esperando. Nos llevaron a todos a la comisaría de Agadez, donde pasamos la noche. Éramos 145 hombres y cuatro familias con un niño de unos 10 años. Pasamos cuatro noches en la cárcel [...] Nos llevaron a Libia. Yo conseguir escapar. Ayer a las 3 de la madrugada, uno de los expulsados me llamó. Me dijo que ahora están en un lugar de la frontera entre Libia y Níger. Es una zona totalmente desierta y llevan ya cinco días en medio de la nada.”

Las autoridades de Níger confirmaron que las personas de nacionalidad sudanesa habían sido enviadas a la frontera con Libia y añadieron que “estas personas no respetaban las leyes y las normas del país” y que “eran una amenaza para la seguridad del país”.

Durante los últimos cinco años, miles de personas refugiadas y migrantes han atravesado Níger con destino a Libia y Argelia. A finales de 2017 habían llegado a Agadez unos 2.000 sudaneses. Algunas de estas personas procedían de campos de personas desplazadas de Sudán y de campos de personas refugiadas de Chad, y otras regresaban desde Libia.

Otro sudanés que consiguió escaparse y no ser expulsado a Libia dijo a Amnistía Internacional que había ido al país en busca de trabajo, pero que al llegar había sido detenido junto con otras 50 personas, y los habían mantenido en condiciones terribles durante seis meses. El hombre contó:

“Me pegaban todos los días, a veces con un palo. Tuve que trabajar la tierra y cavar. Querían dinero y me dijeron que llamara a mi familia. No tenía nadie a quien llamar. A quienes estaban conmigo también les pegaban y algunos murieron a causa de heridas y enfermedades. Al cabo de seis meses me dejaron ir [...]. Desde allí, fui en busca de seguridad, pero no la había en ningún sitio. Encontré un automóvil grande que transportaba mercancías a Níger. Me subí y llegué a Níger, donde estoy desde 2014.”.

“Devolver a personas a Libia, donde pueden correr un grave peligro de tortura, sienta un peligroso precedente”, ha declarado Gaetan Mootoo.

“Las autoridades de Níger deben asegurarse de que cumplen con su obligación internacional de proteger los derechos de todas las personas refugiadas y migrantes y garantizar que no son explotadas ni víctimas de abusos.”