Brasil: Las autoridades no deben dejar que la masacre de Pau D’Arco quede impune

Las autoridades brasileñas deben resolver el homicidio de 10 activistas que defienden el derecho a la tierra, muertos a manos de agentes de la policía militar y civil en la ciudad de Pau D’Arco. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, cuando se cumple el primer aniversario de la masacre. Las familias de las víctimas siguen esperando justicia, mientras el número de personas asesinadas en conflictos de tierras ha aumentado vertiginosamente a lo largo del último año y la impunidad sigue alimentando el círculo de violencia.

“El 24 de mayo de 2017, las fuerzas de seguridad brasileñas abatieron a tiros a 10 trabajadores rurales de la hacienda Santa Lúcia, en el estado de Pará. Fue uno de los días más sangrientos para los trabajadores rurales en décadas, y marcó el inicio de una escalada de violencia perpetrada por funcionarios del Estado. En el último año, al menos 70 personas han sido asesinadas en Brasil en conflictos por la tierra”, ha manifestado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil.

“Aún no se ha identificado a quienes ordenaron la masacre de Pau D’Arco, y los supervivientes y familiares de las personas muertas siguen sufriendo amenazas y acoso. Hoy nos unimos a ellos para pedir justicia por estos crímenes. Es deber de las autoridades brasileñas proteger a los trabajadores rurales y garantizar la justicia, la verdad y la reparación para las familias de las víctimas y los supervivientes.”

José Vargas Junior, abogado de los supervivientes y las familias de las víctimas, ha declarado: “Las fuerzas de seguridad brasileñas tienen una falsa percepción de que se puede matar a un grupo vulnerable de personas sin que haya consecuencias legales, investigación ni castigo”.

“Aparte de la investigación, es muy importante que las autoridades brasileñas reconozcan y apliquen políticas concretas para garantizar la protección de los trabajadores rurales de Pau D’Arco. La demora en garantizar la seguridad de los supervivientes y los trabajadores actualmente amenazados ya ha causado otra muerte: la del líder comunitario Rosenildo Pereira de Almeida el pasado julio.”

Información complementaria

Hasta la fecha no se ha declarado culpable a nadie por los homicidios, que tuvieron lugar durante una operación conjunta lanzada por agentes de la policía militar y civil. Las familias de las víctimas y los supervivientes siguen sufriendo amenazas constantes y no han recibido reparación ni protección del Estado.

Diecisiete agentes de la policía civil y militar fueron acusados por la fiscalía el año pasado en relación con estos homicidios. Hay indicios de que también pudieron estar implicados hacendados locales.

Un jefe de policía y un investigador que participaron en la operación fueron puestos en libertad bajo fianza, bajo protección del Estado, tras acceder a cooperar con los fiscales. En diciembre de 2017, el tribunal estatal puso en libertad a los otros 15 acusados que llevaban tres meses en prisión preventiva, pero el Tribunal Supremo de Brasil ordenó que ingresaran de nuevo en prisión.

La investigación permanece en abierta, y la policía federal ha emitido 12 órdenes de busca y captura en cuatro ciudades este mismo mes.

José Vargas Junior y Rivelino Zarpellon, otro abogado que ha trabajado en el caso, han recibido amenazas que se intensificaron a finales del año pasado. Los dos se vieron obligados a abandonar la región a causa de la gravedad de las amenazas, que han continuado durante finales de abril y principios de mayo de 2018.