Japón: Las ejecuciones de siete miembros del culto Aum no son justicia

Las ejecuciones, el viernes, de siete miembros del culto religioso Aum Shinrikyo (Aum), entre ellos el gurú del grupo, Chizuo Matsumoto, no son justicia, ha manifestado Amnistía Internacional.

Estas 7 son las primeras personas ejecutadas de las 13 que fueron declaradas culpables y condenadas a muerte por su participación en el mortal atentado con gas sarín perpetrado en 1995 en el metro de Tokio y en otras actividades ilegales. El atentado mató a 13 personas, y miles más sufrieron los efectos del gas nervioso.

“Las ejecuciones de hoy no tienen precedente en la memoria reciente de Japón. Los atentados perpetrados por Aum fueron despreciables, y sus autores merecen castigo. Sin embargo, la pena de muerte no es nunca la respuesta”, ha señalado Hiroka Shoji, investigador de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental.

“La justicia exige rendición de cuentas, pero también respeto por los derechos de todas las personas. La pena de muerte jamás puede ofrecerlo, pues es la negación extrema de los derechos humanos

Las siete personas ejecutas en la madrugada del viernes eran: Chizuo Matsumoto, Tomomasa Nakagawa, Tomomitsu Niimi, Kiyohide Hayakawa, Yoshihiro Inoue, Seiichi Endo y Masami Tsuchiya. Las ejecuciones han tenido lugar en centros de detención de todo Japón. Es posible que algunas de las personas ahorcadas tuvieran solicitudes de nuevo juicio pendientes.

En marzo, Japón rechazó las recomendaciones de reformar su sistema de pena de muerte que le formularon otros Estados en el marco de un examen formal a que fue sometido en la ONU el historial del país en materia de derechos humanos.

“En vez reiterar que las ejecuciones son inevitables porque la sociedad las demanda, el gobierno japonés tiene que avanzar y dar muestras de liderazgo en materia de derechos humanos”, ha añadido Hiroka Shoji.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución, y lleva más de 40 años haciendo campaña en favor de su abolición.