Sudán del Sur: Detenciones arbitrarias y tortura de detenidos pese a reiteradas promesas

“Las autoridades de Sudán del Sur han detenido arbitrariamente, recluido, torturado y maltratado a personas hasta la muerte a pesar de sus reiteradas promesas de liberar a las personas detenidas”, dice Amnistía Internacional en un nuevo informe que se ha dado a conocer hoy.

“En Sudán del Sur las fuerzas de seguridad del gobierno han detenido a personas por sus vínculos políticos y étnicos, y las han sometido después a un sufrimiento inimaginable que a veces ha desembocado en la muerte”, declaró Seif Magango, director adjunto de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

El informe muestra que, entre febrero y julio de 2017, cuatro hombres —Mike Tyson, Alison Mogga Tadeo, Richard Otti y Andria Baambe— murieron bajo custodia debido a las duras condiciones y a la insuficiente atención médica. Los cuatro, que habían sido detenidos en 2014, estaban recluidos sin cargos por su presunta relación con la oposición. Amnistía Internacional había documentado con anterioridad la muerte bajo custodia de al menos 20 personas entre febrero de 2014 y diciembre de 2016.

En su informe más reciente, titulado A trail of broken promises*, algunos ex detenidos dijeron a Amnistía Internacional que les habían obligado a beber agua de la letrina y a defecar y orinar delante de los demás. También contaron que apenas les dejaban salir de la celda para estar al aire libre o hacer ejercicio, y que no les permitían hablar entre ellos. A algunos detenidos les daban de comer sólo una vez al día y, en casos más extremos, apenas algunas veces por semana.

Moses (nombre ficticio), de 32 años, fue detenido en julio de 2014 y estuvo recluido en varios centros de detención del Servicio de Seguridad Nacional (NSS) en Yuba, incluida la jefatura de Jebel. Lo liberaron casi tres años después, sin que se formularan nunca cargos en su contra.

“Desde que me detuvieron fui torturado por agentes del NSS y me acusaron de movilizar a la juventud. Me sujetaron a punta de pistola y luego empezaron a pegarme en el costado con palos y varas de metal mientras otros me daban patadas”, dijo a Amnistía Internacional.

Joseph (nombre ficticio), de 49 años, fue detenido en enero de 2015 y estuvo recluido en la jefatura del NSS dos años, acusado de comunicarse con miembros de la oposición armada. Estuvo detenido sin cargos y se le denegó el acceso a un abogado y a su familia.

“Si creían que te habías portado mal, te pegaban. Si los soldados llegaban borrachos, te pegaban. La tortura allí va más allá (de las palabras). Algunas personas son torturadas incluso con electricidad. Pegan a la gente hasta que se desmayan”, contó a Amnistía Internacional.

Los ex detenidos dijeron que también les denegaban el acceso a sus familias y abogados. En algunos casos, parecía que las autoridades dificultaban deliberadamente que sus abogados y familias los encontraran trasladándolos de un centro de detención a otro.

El 10 de marzo de 2017, el presidente Salva Kiir se comprometió a liberar a los detenidos políticos y en agosto del mismo año excarceló a 30 de ellos. Reiteró su intención de liberar a los detenidos políticos en diciembre de 2017, durante la firma del Acuerdo de Cese de Hostilidades, y en junio de 2018, cuando firmaba la Declaración de Jartum de Acuerdo entre las Partes del Conflicto de Sudán del Sur.

Aun así, continúan las detenciones arbitrarias y la reclusión de personas críticas y disidentes, reales o presuntas, a manos del NSS; la víctima conocida más reciente es el doctor Peter Biar Ajak, destacado intelectual y activista sursudanés que fue detenido en el aeropuerto internacional de Yuba el 28 de julio de 2018; desde entonces está recluido en la jefatura del NSS de Yuba.

“Es totalmente inadmisible que las autoridades sursudanesas detengan, torturen y maltraten a personas haciendo caso omiso totalmente de sus derechos humanos. El gobierno debe acabar con estas detenciones arbitrarias poniendo en libertad de inmediato a las personas detenidas o acusándolas de delitos reconocibles internacionalmente. Además, debe exigir cuentas a todos los responsables de estas graves violaciones de derechos humanos y de las muertes bajo custodia”, concluyó Seif Magango.

 

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