Guinea Ecuatorial: Abogado pro derechos se enfrenta a cargos falsos

Guinea Ecuatorial ha incluido el nombre de un abogado francés que lucha contra la corrupción en una orden de detención dictada contra 16 personas, aparentemente como represalia por su participación en un juicio abierto contra el primogénito del presidente por blanqueo de dinero. Así lo han manifestado hoy nueve organizaciones de derechos humanos y contra la corrupción.

En la orden se acusa a las 16 personas de blanquear dinero y de ayudar a financiar el “terrorismo y la proliferación del tráfico de armas en África Central”.

También se menciona en la orden a personas que están ya bajo custodia policial, acusadas de participar en un intento de golpe de Estado en diciembre de 2017. Desde que las detuvieron, estas personas no han podido comunicarse con sus familias ni con sus abogados, lo que hace temer que estén expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos y, en algunos casos, que esté en riesgo su derecho a la vida, han señalado las organizaciones.

“El gobierno de Guinea Ecuatorial ha intentado por todos los medios posibles proteger al hijo del presidente, a quien se acusó con datos creíbles de haber robado más 100 millones de euros (113 millones de dólares estadounidenses) de los fondos públicos para llevar una vida de lujo en París”, ha explicado Tutu Alicante, director de EG Justice, organización que defiende los derechos humanos y la transparencia en Guinea Ecuatorial.

“Ahora parece que están fabricando cargos como represalia contra quienes ayudaron a un tribunal francés a declararlo culpable de sus delitos".

Las organizaciones son Rights Watch, EG Justice, Sherpa, Amnistía Internacional, Plataforma de Protección de los Denunciantes de Irregularidades en África (PPLAAF), la FIDH a través del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Corruption Watch Reino Unido, Derechos y Rendición de Cuentas en el Desarrollo y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) a través del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.

El Ministerio de Seguridad Nacional de Guinea Ecuatorial publicó el 23 de enero una declaración de prensa en la que acusaba a las 16 personas de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. En la lista figura William Bourdon, abogado que fundó el grupo francés de defensa jurídica contra la corrupción Sherpa y que inició en Francia la presentación de demandas contra familiares cercanos de varios jefes de Estado acusados de malversación de fondos públicos. El Ministerio no proporciona en la declaración ninguna prueba de sus acusaciones.

“Lo que estamos viendo ahora mismo en Guinea Ecuatorial no es nuevo, sino que forma parte de las medidas que viene adoptando el gobierno desde hace mucho tiempo para silenciar las voces críticas. Las autoridades someten de manera habitual a hostigamiento, intimidación y detención arbitraria a defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales del derecho, miembros de la oposición política y cualesquiera otras personas que se atrevan a denunciar los abusos del gobierno”, ha señalado Marta Colomer, responsable de campañas de Amnistía Internacional para África Occidental.

En 2008, Sherpa presentó una querella, en nombre de Transparencia Internacional-Francia, contra Teodorín Nguema Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial que era en ese momento ministro de bosques, acusándolo de haberse gastado más de 100 millones de euros (113 millones de dólares estadounidenses) de fondos públicos en Francia, en una mansión, una flota de automóviles de alta gama, obras de arte, joyas y otros artículos de lujo. La legislación francesa permite a los grupos civiles presentar querellas.

En 2017, el tribunal francés declaró a Nguema Obiang culpable in absentia y le impuso una condena condicional de tres años y una multa de 30 millones de euros (34 millones de dólares estadounidenses). El gobierno de Guinea Ecuatorial defendió con agresividad a Nguema Obiang, llegando incluso a nombrarlo vicepresidente poco después de que el tribunal ordenara llevar la causa a juicio y a demandar a Francia ante la Corte Internacional de Justicia por violación de la inmunidad diplomática de Nguema Obiang. Los cargos formulados contra quienes instigaron el juicio parecen tener por objeto tomar represalias en su contra y desacreditar aún más el juicio.

De las personas nombradas en la orden de detención, al menos dos hombres, Onofre O. Otogo Ayecaba y Hector-Santiago Ela Mbang, fueron puestos bajo custodia policial en Guinea Ecuatorial el 28 de diciembre de 2017, al día siguiente de un golpe de Estado fallido. Los detuvieron junto con decenas de personas más acusadas de haber participado en el golpe. Se espera que el juicio al que van a ser sometidos por el golpe se celebre en las próximas semanas, pero hay información creíble que hace temer que hayan matado a ambos hombres bajo custodia.

Un abogado que representa a Ela Mbang y a otras nueve personas detenidas ha dicho a las organizaciones que no se ha permitido a ningún abogado ni familiar comunicarse con esas personas desde su detención ni se ha mantenido a sus abogados informados de las novedades jurídicas del caso. Luego, el 11 de febrero, una fuente independiente de noticias comunicó que las autoridades habían entregado el cadáver de Otogo Ayecaba a su familia.

Poco después de que Ela Mbang fuera detenido, lo hicieron aparecer en la televisión pública implicando a determinadas personas en el golpe de Estado. Su abogado ha dicho que el gobierno no ha reconocido que esté detenido. Explica que teme que Ela Mbang esté también muerto ya y que su nombre se haya incluido en la orden de detención para que el gobierno pueda decir que no está bajo custodia, sino en libertad.

La preocupación por estas personas se ve agravada por denuncias creíbles de tortura y muerte en otro caso reciente relativo a miembros de la oposición política. En diciembre de 2017, poco después del intento de golpe de Estado, la policía detuvo a 147 miembros de un grupo político de oposición llamado Ciudadanos por la Innovación (CI), muchos de los cuales denunciaron luego haber sufrido tortura durante su detención. Dos de ellos murieron bajo custodia, debido a tortura, según abogados que conocen bien el caso.

Algunas de las otras 13 personas incluidas en la orden de detención de enero de 2019 están pidiendo asilo fuera del país, mientras que otras se hallan en paradero desconocido.

“Dado el deplorable historial de abusos del gobierno, la comunidad internacional debe hacer sonar las alarmas por el trato que se dispense a estas personas detenidas”, ha afirmado Sarah Saadoun, investigadora sobre empresas y derechos humanos de Human Rights Watch.

“Las embajadas extranjeras del país deben pedir ver las pruebas que justifican la orden de detención e insistir en que se permita el acceso de abogados a las personas que están ya bajo custodia. Las embajadas deben mantener el caso baso atenta observación para asegurarse de que esas personas son sometidas a un juicio justo".