Turquía: ONG se unen para defender a la sociedad civil de la destrucción

 

En la carta abierta, firmada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras ocho ONG, se pide que se ponga fin a la campaña orquestada de intimidación y hostigamiento judicial de activistas de la sociedad civil en Turquía.

 

 

 

Ante las absurdas acusaciones formuladas contra Osman Kavala y Yiğit Aksakoğlu, ambos en prisión en espera de juicio, así como contra otras 14 personalidades de la sociedad civil, todas ellas acusadas de “intentar derrocar al gobierno”, las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes pedimos que se ponga fin a la escalada de represión y criminalización de la sociedad civil.

 

En los últimos cinco días, se han filtrado en los principales medios de comunicación turcos, en una campaña coordinada de desinformación, supuestos detalles de un acta de acusación formal contra estas 16 personalidades de la sociedad civil. Según las presuntas filtraciones del acta, que aún no han visto los profesionales de la abogacía que representan a las personas afectadas, las acusaciones giran en torno a las protestas de 2013 del parque Gezi, un movimiento de protesta abrumadoramente pacífico que el gobierno reprimió en medio de la violencia policial generalizada.

 

Un grupo mucho mayor de personalidades de la sociedad civil sigue siendo objeto de investigación en el mismo expediente. Las personas investigadas y las que podrían ser encausadas no son responsables ni de las protestas del parque Gezi, que deberían considerarse materia de libertad de expresión, ni de ningún delito. El tribunal debe rechazar toda acta de acusación formal basada en conspiraciones absurdas y carentes de cualquier prueba significativa, y poner en libertad inmediatamente a Osman Kavala y a Yiğit Aksakoğlu, en prisión desde hace 16 y 3 meses, respectivamente.

 

Este último ataque contra la sociedad civil se produce en un momento en que los defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas activistas de la sociedad civil corren cada vez mayor riesgo de ser detenidos, enjuiciados y encarcelados por el mero hecho de denunciar violaciones de derechos humanos y por exigir verdad, justicia y reparación.

 

El mes que viene se celebrará la séptima vista del “juicio de Büyükada” contra 11 defensores y defensoras de los derechos humanos. No se ha presentado en este juicio ninguna prueba que fundamente los cargos falsos de terrorismo, basados exclusivamente en el activismo de derechos humanos de las personas acusadas.

 

Hoy, la defensora de los derechos humanos Şebnem Korur Fincancı y los defensores Erol Önderoğlu y Ahmet Nesin comparecen ante el tribunal, acusados de producir “propaganda terrorista” mediante su participación en una acción de solidaridad con el ahora clausurado diario Özgür Gündem. Periodistas que trabajaron para Özgür Gündemtambién son víctimas de una campaña de hostigamiento judicial. Hace dos meses, Şebnem Korur Fincancı fue declarada culpable de producir “propaganda terrorista” y condenada a dos años y medio de prisión por firmar la “Petición de Paz”. Esta sentencia condenatoria está pendiente de recurso ante un tribunal de apelación regional. Sin embargo, en resoluciones anteriores, estos tribunales de apelación han dejado claro que no son independientes del gobierno. El defensor de los derechos humanos Eren Keskin, que actuó como co-redactor jefe de Özgür Gündemcomo acto de solidaridad con el diario, está también procesado en más de cien causas. Mientras tanto, 129 miembros de Académicos y Académicas por la Paz han sido condenados a prisión; 29 de ellos irán a la cárcel si el tribunal regional de apelación confirma sus sentencias condenatorias. Sus recursos están en trámite.

 

El gobierno está utilizando tanto el juicio por los actos de solidaridad con Özgür Gündem como el que se sigue contra Académicos y Académicas por la Paz para reprimir y silenciar a cientos de activistas de la sociedad civil de Turquía. Esta situación se produce precisamente cuando los tribunales están imponiendo penas de prisión cada vez más duras por actos similares de disensión legítima y pacífica.

 

Los tratados internacionales en los que Turquía es Estado Parte hacen especial hincapié en la importante función que desempeñan las personas que defienden los derechos humanos, la sociedad civil y la prensa libre para garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. La protección efectiva de la libertad, la seguridad, la dignidad y la integridad física y psicológica de quienes defienden los derechos humanos es también condición previa del derecho de defender los derechos humanos.

 

El derecho internacional insiste también en que la responsabilidad fundamental de proteger a quienes defienden estos derechos pertenece al Estado. El Estado es el responsable último de proteger todos los derechos de que los gozan las personas que defienden los derechos humanos: desde los relativos a la libertad de pensamiento y de expresión hasta los relativos a la libertad de asociación y de reunión pacífica.

 

Las organizaciones abajo firmantes estamos unidas contra estos esfuerzos para destruir la sociedad civil independiente en Turquía, pedimos que se ponga fin a la campaña orquestada de intimidación y hostigamiento judicial de activistas de la sociedad civil en Turquía y recordamos, una vez más, a las autoridades su obligación contraída en virtud del derecho internacional de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

 

Civil Rights Defenders.

 

Asociación para el Monitoreo de la Igualdad de Derechos (Eşit Haklar İçin İzleme Derneği).

 

Centro de Memoria (Hakikat Adalet Hafıza Merkezi).

 

Iniciativa Derechos (Hak İnisiyatifi Derneği).

 

Asociación de Derechos Humanos (İnsan Hakları Derneği).

 

Asociación Agenda de Derechos Humanos (İnsan Hakları Derneği).

 

Reporteros sin Fronteras (Sınır Tanımayan Gazeteciler).

 

Fundación de Derechos Humanos de Turquía (Türkiye İnsan Hakları Vakfı).

 

Asamblea de la Ciudadanía Turquía (Yurttaşlık Derneği).

 

Amnistía Internacional (Uluslararası Af Örgütü).